Enemigos de la Constitución hay muchos, pero nunca se incluye en ese paquete a los que se abrazan a la Constitución a besos para sobarla. Están los que nunca la han querido, los que desde el principio votaron en contra, pero esos son solo los más evidentes y, en cierta forma, son los que menos sorprenden después del tiempo transcurrido, estos 40 años que convierten la Constitución española de 1978 en la única progresista que nos está durando sin que acabe a palos o a tiros entre nosotros. Lo más preocupante ahora es lo más sutil, esa división que se ha establecido en el lenguaje político, que dibuja una raya entre los partidos políticos, a un lado los ‘constitucionalistas’ y al otro lado los ‘no constitucionalistas’.
Es una división política, oportunista como todas, porque conviene a un discurso y a un interés electoral, y no hay nada más dañino que el hecho de que esa expresión se esté extendiendo por todas partes. Y son precisamente aquellos que se declaran constitucionalistas los que promueven y dan por buena la exclusión de una parte de la sociedad española del marco constitucional. Inconcebible. Porque el discurso debe ser el contrario, que la Constitución, guste o no guste, se quiera o no se quiera, es de todos los españoles y todos los españoles, les guste o no les guste, la quieran o no la quieran, están obligados a respetarla y, por tanto, en una democracia no tienen cabida los ‘no constitucionalistas’. Todo el mundo es constitucionalista, no existe otra división posible.
Barbaridad es excluir del constitucionalismo a quien pretende reformar la Constitución, cuando la propia Constitución incluye la posibilidad de reformarla
Sucede, además, que de acuerdo con el espíritu de la Constitución, los que se declaran ‘constitucionalistas’ son los que, acaso de forma inconsciente, más en contra están de la Constitución, porque lo que allí se declara es lo contrario y porque el Tribunal Constitucional lo ha declarado así cada vez que ha tenido
oportunidad. Para empezar, la primera barbaridad consiste en excluir del constitucionalismo a quien pretende reformar la Constitución, cuando resulta evidente que la propia Constitución incluye la posibilidad de reformarla. Se adentra uno en una especie de laberinto absurdo cuando traslada al discurso político esos dos conceptos unidos, asociados. ¿Si la Constitución ampara la reforma, es anticonstitucionalista? ¿O acaso lo eran quienes la redactaron? Ridículo.
Esta Constitución, que se ha llamado la “Constitución del consenso”, lo es, precisamente, porque no niega a nadie, porque defiende todas las opiniones, todas las creencias y todas las ideologías, con la única barrera infranqueable de la violencia. En la democracia española no se le pide a nadie, sea cual sea su pensamiento, que jure la Constitución como si fuera un credo, basta con que la respete y la acate. Todo lo demás, corre de su cuenta y la Constitución lo defiende.
En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hay numerosos ejemplos de esta apertura, pero quizá la sentencia más significativa en este momento, y en estas circunstancias, es la que dictó a raíz de un grave incidente en el Congreso provocado por los diputados de la entonces denominada Herri Batasuna. Cuando subieron a la tribuna para aceptar su condición de diputados, recién celebradas unas elecciones, utilizaron la fórmula, que después de ha extendido, de “por imperativo legal”. Corría el año de 1989. El presidente del Congreso dijo que aquella fórmula no era aceptable, que el reglamento especificaba que se podía jurar o prometer, y, por tanto, no concedió la condición de diputados a los representantes de Herri Batasuna. Recurrieron al Constitucional y la sentencia, un año después, sorprendió a todo el mundo porque, a pesar de que el supuesto desprecio se le hacía a la Constitución, los magistrados entendieron lo contrario: que la Constitución lo único que exige es que se respete y se acate, pero no pide ningún otro compromiso moral o religioso; la Constitución es precisamente eso: un imperativo legal.
La Constitución lo único que exige es que se respete y se acate, pero no pide ningún otro compromiso moral o religioso; la Constitución es eso: un imperativo legal
Decía aquella sentencia: “La exigencia de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución como requisito imprescindible para alcanzar en plenitud la condición de diputado no viene impuesta, pues, por la Constitución (…) En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como uno de su valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata, se olvida el mayor valor de los derechos fundamentales (en concreto, los del art. 23) y se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora”.
La Constitución es integradora, no excluyente. ¿Con qué autoridad se alzan ahora algunos partidos políticos para declararse ellos ‘constitucionalistas’ y excluir al resto? Ha llegado Ciudadanos al disparate de pedirle al Rey que convoque una mesa de partidos constitucionalistas, que es la invitación más envenenada que ha recibido nunca el monarca para saltarse una Constitución que proclama que “las Cortes Generales representan al pueblo español”. El Rey, considerado en esa misma Constitución “la más alta representación del Estado español”, ¿cómo va a excluir a una parte del pueblo español? En fin, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que fue, acaso, quien comenzó a propagar la división de los ‘constitucionalistas’, habla mucho de la Constitución, alaba mucho la Transición, pero muchas veces parece que, en realidad, se ha leído poco la Constitución y que conoce menos del espíritu de la Transición.
[El presidente del Tribunal Constitucional que dictó aquella sentencia sobre el derecho de los diputados de Herri Batasuna a acatar la Constitución por imperativo legal era Francisco Tomás y Valiente. La sentencia se dictó en 1990 y seis años más tarde, un asesino de ETA, Jon Bienzobas Arreche, lo asesinó a tiros en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. En 2007, lo condenaron a 30 años de cárcel. En febrero pasado, el hijo de Tomás y Valiente, Quico Tomás y Valiente, envió a los medios de comunicación una carta, con motivo del 20 aniversario de su asesinato. Y decía: “Él hubiera considerado a su asesino un ignorante, alguien de quien hay que defenderse pero que merece sin duda el reconocimiento de sus derechos e, incluso, la oportunidad de cambiar. No alguien a quien odiar, porque el compromiso de mi padre era con el valor superior de cada ser humano por sí mismo”].
JAVIER CARABALLO Vía EL CONFIDENCIAL
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