El sistema electoral no facilita la gobernabilidad
El fracaso del proceso de investidura ha puesto de manifiesto las disfuncionalidades de nuestro sistema de gobernación porque, por encima de las diferencias ideológicas, los españoles comparten el hartazgo de gobiernos en funciones y de partidos políticos que se han mostrado reiteradamente incapaces de alcanzar acuerdos de gobierno. Se coincide que les falta "cultura de pacto", a diferencia de las democracias más avanzadas y consolidadas de Europa, que han mostrado en el pasado y en el presente una gran variedad de soluciones de entendimiento para gobernar. Pero no parece que la reiterada recomendación de que pacten que les proponen intelectuales, analistas, politólogos y grupos de presión sea suficiente para influir en su capacidad de pacto. Por ello, si no logramos cambiar sus hábitos, será necesario que cambien las normas que rigen su comportamiento para que podamos alcanzar una normalidad democrática. En este sentido justifica Pedro Sánchez su iniciativa de reformar el artículo 99 de la Constitución que regula el proceso de investidura. Una reforma que sustituiría la necesidad de mayoría absoluta en primera votación, o mayoría simple en la segunda, por la alternativa de que gobierne el candidato de la lista más votada. Una reforma muy adecuada a su interés personal, pero que no resolvería el problema de la estabilidad gubernamental, ya que a lo único a lo que podría aspirar es a gobiernos minoritarios y, por tanto, débiles y potencialmente incapaces para abordar reformas y políticas ambiciosas.
Por tanto, no es ese el cambio legal que permitiría avanzar en una gobernanza responsable. Pero otros cambios legales si podrían facilitar que los representantes políticos se pongan de acuerdo en programas de gobierno y gobernantes con una aceptación amplia entre los españoles. Esos cambios, a mi entender, pasan por reformar el sistema electoral.
Entre los diferentes sistemas electorales de los países democráticos ninguno se ha mostrado perfecto, todos tienen sus ventajas e inconvenientes, pero el más generalizado entre las democracias consolidadas es el de elección de un representante por cada distrito con distintas variantes (sistema puro o mixto con representantes de listas nacionales; elección directa de representantes o elección de colegios electorales). Frente a este sistema, en otros países las elecciones se realizan en circunscripciones más amplias en las que se eligen candidaturas con listas abiertas o cerradas. Este es el caso de España en el que los componentes y el orden de las candidaturas electorales cerradas las confeccionan los partidos políticos en procesos en los que suele ser determinante las preferencias de los dirigentes.
Ésta es la esencia de la partidocracia, en la que los dirigentes exigen lealtad, imponen las opciones políticas y el sentido del voto en cada decisión, excepto en contadas ocasiones en las que se les otorga a los representantes democráticos "libertad de voto", curiosa ironía que se produce rara vez en el parlamento español. Un sistema que facilita que los intereses de los partidos políticos (en última instancia de sus dirigentes) primen sobre los intereses generales de los electores.
La pertinencia de sustituir el sistema electoral español en el que se eligen a partidos (con listas de las que en los electores no suelen conocer a la mayoría de los candidatos) por un sistema en el que se elijan directamente a representantes personales por distritos, en relación con el tema que nos ocupa (la falta de sintonía entre los ciudadanos y sus representantes políticos) es que, frente a la irresponsabilidad individual de los elegidos en listas cerradas, los elegidos en cada distrito son responsables personalmente, y tendrán que ir a sus distritos a explicar sus actuaciones y, en el peor de los casos, los electores podrán optar por no volverlos a votar en las próximas elecciones si traicionan sus promesas o no se está de acuerdo con su comportamiento, opción mucho más factible que cambiar de partido político preferente.
El gran problema es que la reforma del sistema electoral la tienen que hacer los partidos políticos y, sorprendentemente, en este caso si existe un acuerdo generalizado entre las formaciones políticas (o sus dirigentes) de mantener el actual sistema. Pero si los ciudadanos y las instituciones cívicas comparten que el sistema electoral es una pieza fundamental del edificio democrático, y que su revisión puede mejorar la gobernabilidad de nuestra democracia, sería posible que los partidos políticos se viesen abocados a abordarla.
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