La política española se ha convertido en un auto de fe. Nadie se fía de nadie. Todos están bajo sospecha. El resultado es un país ingobernable al que solo unió estar contra Rajoy
Fotografía de archivo de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. (EFE)
En los años inmediatamente posteriores a la Transición, se extendió en determinados ámbitos de la izquierda la idea de que “contra Franco vivíamos mejor”. La frase reflejaba la frustración que para muchos representaba la democracia que salió del pacto constitucional, lo que llevó a muchos a descreer del sistema político.
Una especie de desencanto, como la célebre película de Jaime Chávarri, se había apoderado de esa izquierda que se sentía útil luchando contra la dictadura, pero que, a la hora hacer país, que diría Jordi Pujol, tenía serias dificultades para dedicar su tiempo no a derrotar gobiernos, sino a gestionar la cosa pública, que, como se sabe, supone un trabajo oscuro, y a veces abnegado. Como decía uno de los protagonistas de 'Asignatura pendiente', la película de Garci, “yo me hice de izquierdas para hacer la revolución, no para ir a reuniones”.
La moción de censura contra el anterior presidente del Gobierno, de alguna manera, recuperó aquel escenario en el que había un enemigo común, antes Franco y ahora Rajoy, lo que explica que socialistas, poscomunistas, nacionalistas moderados e independentistas de todo pelaje y condición se unieran para arrumbar al Gobierno del Partido Popular utilizando como argumento central una sentencia por corrupción. Vamos, el célebre 'Gobierno Frankenstein'.
¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que se ha demostrado que, como en el fútbol o en otros deportes, es más fácil destruir que construir, y de eso se arrepentirá Rajoy toda la vida por dejar el camino expedito a Sánchez. O lo que es lo mismo, aquella miscelánea política que derribó a Rajoy es hoy, al menos por el momento, incapaz de crear una alternativa de Gobierno. Ni siquiera de gobernabilidad, que no es lo mismo, aunque parezcan términos idénticos.
Probablemente, porque, como dice el refrán, una cosa es predicar y otra dar trigo. Y el poder, como se sabe desde que lo puso por escrito Maquiavelo, tiende a protegerse, lo que exige no compartirlo. Por eso, y no por ningún otro motivo, el candidato Sánchez ha sacado en primera instancia los peores resultados de una investidura, lo que dice muy poco en favor de su capacidad de negociación.
Como señaló este martes Aitor Esteban, el portavoz del PNV, y aunque parezca increíble, el PSOE no ha negociado con los nacionalistas vascos desde el pasado 8 de julio, pese a que los seis votos de los vascos eran esenciales para lograr una mayoría absoluta. No es de extrañar, y aquí está la paradoja, que de una forma un tanto cínica el presidente en funciones reconociera ayer en su último turno de palabra que pasará a la pequeña historia del parlamentarismo por ser el primer candidato tumbado en dos ocasiones en el debate de investidura. Un récord difícil de igualar.
Mayoría destructiva
Sánchez, sin embargo, tiene otro récord. Fue el primer candidato en ganar una moción de censura pese a que la Carta Magna es muy exigente en este punto y dibuja esta figura (una copia de la alemana) como un instrumento de carácter constructivo. Es decir, estamos ante una enorme paradoja constitucional. Se puede llegar a la Moncloa con una mayoría 'destructiva' (derribar al Ejecutivo) y pocos meses después los mismos partidos que han hecho posible el cambio de Gobierno liquidan la investidura del mismo candidato al palacio presidencial.
Es probable que esto tenga que ver con un asunto de fondo que se ha instalado en la democracia española: la desconfianza mutua. Como sostenía este martes un diputado de Ciudadanos en los pasillos del Congreso, nadie se fía de nadie, lo que dificulta cualquier negociación. Todos parecen odiarse. Entre otras cosas, porque en las propias negociaciones se suelen poner encima de la mesa cuestiones que las partes consideran “de principios”, y los principios, como decía Kissinger, que algo sabía de pactar con el diablo, no se negocian.
Esta desconfianza ha convertido a la política española en una cuestión de fe. No se discute con papeles encima de la mesa o sobre la base de un programa mínimamente detallado acompañado de la correspondiente memoria económica y con plazos de ejecución concretos, como en Alemania, sino que, por el contrario, el tema central es si el socio político es de fiar. Incluso, hasta el extremo de separar ‘ministerios de Estado’ de los que no lo son, como si la política de educación o de salud pública (que no están transferidas a Europa) no fueran cuestiones de Estado, en una visión de la Administración más propia del siglo XIX que del XXI. Cuando lo habitual en los gobiernos de coalición es que el partido pequeño se quede con carteras como Exteriores o, incluso, Economía (sin Hacienda).
Un país ingobernable
El resultado, como no puede ser de otra manera, es que el país se ha vuelto ingobernable, lo cual, y aquí está la segunda paradoja, no es ningún problema para Sánchez, que se podrá aprovechar de una situación verdaderamente insólita.
Mientras no haya Gobierno, el Parlamento está prácticamente cerrado, lo que significa que Moncloa tiene las manos libres para seguir gobernando sin control del Legislativo, lo cual es un enorme fraude constitucional, al que hay que sumar el insólito hecho de presentarse a la investidura sin un mínimo de apoyos, como ha escrito Zarzalejos en este periódico. 124 diputados de 350 posibles es para hacérselo mirar.
Si en la anterior legislatura, al PSOE, por entonces en la oposición, le parecía un escándalo que el Parlamento no controlara al Ejecutivo, aunque estuviera en funciones, por ejemplo, pidiendo la comparecencia de los ministros, ahora se ve con absoluta normalidad esta enorme anomalía del sistema democrático. Sobre todo, si por medio está el verano, que relaja todos los controles.
Esto hace que el estar en funciones tenga un incentivo un tanto perverso: no hay que dar cuenta a nadie, lo cual dilata hasta la estupidez las negociaciones. Y, de hecho, lo más probable es que hasta el próximo 25 de septiembre España siga en funciones. Salvo que en 48 horas se alcance un pacto que no ha sido posible lograr en casi tres meses, con toda la complejidad administrativa que supone alterar el actual organigrama de la Administración general del Estado para dar cabida a dirigentes de Unidas Podemos.
Se suele olvidar, en este sentido, el carácter transversal de la Administración Pública, que funciona habitualmente a través de comisiones delegadas que afectan a varios departamentos. Y poner orden en la maraña administrativa no es cuestión de pocas horas.
Todo es tan insólito que este martes, tres meses después de las elecciones, se ha constituido la Diputación Permanente, lo que no deja de ser un hecho extraordinario en un sistema político que se declara parlamentario. Es decir, que son los diputados quienes eligen al presidente del Gobierno y no los electores. No es de extrañar, por eso, que la ingobernabilidad se haya instalado en el país, lo que unido a la desconfianza mutua hace más que difícil conformar un Ejecutivo.
Una ingobernabilidad que, incluso, puede alargarse si se ejecuta finalmente una de las ideas que circulaban este martes por los pasillos del Congreso: la posibilidad de que este jueves Unidas Podemos, junto a ERC, vote ‘gratis total’ a Sánchez, es decir, sin ministerios y sin programa, para dejar cocer al líder del PSOE a fuego lento, y quedar, como líder de la oposición de izquierdas, como sugería irónicamente, Ángeles Caballero.
Todo es posible en el patio de Monipodio que es hoy la política española. En 2016, con el pacto PSOE/Cs por medio, Iglesias tuvo la oportunidad de hacerlo y lo desperdició. Es posible que ahora no deje pasar la ocasión.
CARLOS SÁNCHEZ Vía EL CONFIDENCIAL
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