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sábado, 11 de enero de 2020
LA JUSTICIA EN ACCIÓN
Lo que sucedió este jueves en el
Supremo explica la urgencia convulsiva de los componentes de la
coalición socialnacionalista por acelerar todo trance de la investidura
de Pedro Sánchez
Congreso nacional de ERC, con un lazo amarillo en el sitio que debería ocupar Oriol Junqueras. (EFE)
Lo que sucedió este jueves en el Tribunal Supremo explica la urgencia convulsiva de los componentes de la coalición socialnacionalista por acelerar a todo trance la investidura de Pedro Sánchez.
Nada que ver con los lamentos melifluos por la prolongación del
bloqueo, ni con la necesidad inmediata de disponer de un Gobierno, tan
perentoria que no permitía respetar fiestas navideñas ni fines de
semana. De hecho, alcanzado el objetivo de sentar a Sánchez en la Moncloa, se ha impuesto un trote cochinero en el anuncio del nuevo Gobierno, tratando de repetir la estrategia propagandística de filtrar cada día un nombre, que ya resultó exitosa con el 'Gobierno bonito'.
Si
esta resolución del Supremo se hubiera producido antes de consumarse la
investidura, es probable que esta se hubiera ido al garete.
Difícilmente habría podido ERC mantener su decisión de apoyar a Sánchez
tras una decisión que desmonta todo el plan para conseguir la
excarcelación de su líder y la desactivación de su condena. En cuanto al
PSOE, una cosa es acusar a la Junta Electoral de actuar al dictado del
trifachito y otra tener que sugerir lo mismo respecto al Tribunal
Supremo. El desacato institucional tiene un límite, incluso para
Sánchez.
ERC necesitaba respaldar a Sánchez cuando aún era verosímil el relato de una próxima liberación de su jefe; de otro modo, su coartada habría decaído.
Fue el fundado temor a esta decisión lo que precipitó la paroxística agenda de la investidura. Sobre su contenido, había pocas dudas. Primero, porque, pese a la intoxicación mediática del consorcio oficialista, el tribunal de Luxemburgo jamás puso en cuestión
la sentencia del Supremo ni exigió la excarcelación de Junqueras. Por
el contrario, se remitió expresamente al criterio del tribunal español
sobre la traslación al momento presente de su respuesta a una cuestión formulada
para una situación anterior: cuando el proceso estaba aún en marcha, no
había sentencia firme y Junqueras estaba en prisión preventiva.
Por otro lado, es fantasioso suponer que el tribunal estaría dispuesto a dejar el cumplimiento de su propia sentencia al arbitrio del reo.
La pretensión de la defensa de Junqueras, secundada por la Abogacía del
Estado (“el Gobierno español”, en el lenguaje del tribunal de
Luxemburgo), no era únicamente que se reconociera al líder
independentista su condición de eurodiputado.
Tampoco se conformaban con que se le permitiera trasladarse a Madrid a
formalizar su acta, como hizo cuando fue elegido diputado en el
Congreso. Reclamaban que se le permitiera ejercer como cualquier otro
miembro de la Eurocámara, sin limitación alguna. Lo que implica
abandonar el territorio nacional, pasar la mayor parte de la semana en
Bruselas y Estrasburgo, moverse libremente por Europa y regresar… si a él le da la gana.
Quien conozca el funcionamiento del Parlamento Europeo sabe que no es difícil para cualquiera de sus miembros montarse una agenda que lo mantenga fuera de su país
tanto tiempo como desee. Obviamente, no es posible enviar a Junqueras a
Bruselas con escolta policial para asegurar su regreso. En el momento
en que traspase la frontera, su vuelta depende exclusivamente de su
voluntad. No hay un tribunal sentenciador en el mundo que pueda aceptar un absurdo semejante.
Los independentistas han aprovechado intensivamente el exhaustivo ciclo electoral de 2019 y el carácter extremadamente garantista de nuestras leyes
para armar un alboroto jurídico colosal sin otro fin que la impunidad.
Los reos y los fugitivos de la Justicia se han presentado
sistemáticamente a todas las elecciones que se han ido celebrando,
aprovechando los votos recibidos para enredar al Estado del que abominan
y a los tribunales que no reconocen en sucesivos conflictos leguleyos,
invocando el nombre de la democracia. Muchos países intachablemente
democráticos los declararían directamente inelegibles.
Esta
descarada estrategia filibustera —aprovechar los huecos de la
democracia para burlarla— se ha visto reforzada por la decisión del
partido gubernamental de reconocerlos como interlocutores políticos válidos:
no para tratar sobre el llamado 'conflicto político' sino para
incorporarlos a su mayoría parlamentaria. De tal manera que, en esa mesa
de gobiernos iguales que Sánchez ha prometido, ERC estará sentada en
ambos lados: en el del Govern, como miembro de él, y en el del Gobierno
de España, como socio necesario. Es como si, en plena negociación sobre
el conflicto del Ulster, Tony Blair hubiera convertido el Sinn Feinn en el soporte político de su Gobierno.
Pintada independentista a las puertas de la cárcel de Lledoners. (EFE)
Es imposible explicar a un diputado finlandés o a un juez de cualquier país que se puede ser a la vez delincuente convicto y honorable aliado del Gobierno:
una de las dos cosas tiene que estar mal.
Como la contradicción es
insalvable, Sánchez ha decidido hacer todo lo que esté en su mano para
que la condición de socio político de Junqueras prevalezca sobre la de
reo de la Justicia. El Tribunal Supremo ha decidido justamente lo
contrario. Lo que, por si no tuviéramos lío bastante, nos proporciona un
hermoso conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial y un desastre diplomático para el crédito del Estado español en Europa.
Se comprende el empeño de Junqueras en estar presente en el pleno del Parlamento Europeo
del día 13. Tiene que ver con la competición feroz por la hegemonía
entre las facciones del independentismo. Ese día, Puigdemont debutará
oficialmente como eurodiputado, obteniendo el premio por su fuga.
Sus
seguidores se preparan para que lo haga en olor de multitudes. Si mi rival va a entrar en Estrasburgo bajo palio, yo también tengo que estar ahí, habrá pensado Junqueras. Pedro, arréglamelo, que para algo te he hecho presidente.
Pedro lo ha intentado, pero no ha sido suficiente ante la Justicia en acción.
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