El Gobierno del insomnio entre PSOE y Podemos, respaldado por los
secesionistas, socava aspectos nucleares del Estado y dispara la
incertidumbre económica
Las alianzas trazadas
entre el PSOE y Podemos y las formaciones secesionistas, que pueden
culminar con la investidura de Pedro Sánchez en vísperas del día de
Reyes, abocan a España a un periodo inédito en la etapa democrática. El PSOE ha preferido hincar la cerviz ante Pablo Iglesias y ante formaciones abiertamente partidarias de la liquidación de la nación española
para armar lo que el propio Pedro Sánchez definió como el Gobierno del
insomnio. Es la primera vez que los socialistas se abren a compartir el
Consejo de Ministros con una fuerza que se sitúa a su izquierda y es la
primera vez que decide apoyarse para gobernar tanto en partidos
separatistas como en los herederos de ETA. Los enjuagues de Sánchez con
sus socios, despachados con una opacidad impropia de quien presume de su
voluntad de transparencia y regeneración, contienen gravosas cesiones
políticas, disparan la incertidumbre económica y erosionan aspectos
nucleares del Estado.
Sánchez e Iglesias comparecieron ayer para presentar su coalición para un Gobierno que califican de "progresista". Lo hicieron sin ofrecer detalles del acuerdo y a través de un acto en el que vetaron la presencia de periodistas, lo que contrasta con la rueda de prensa de hora y media de Pablo Casado para hacer balance del año. El documento rubricado entre el PSOE y Podemos supone una enmienda casi a la totalidad a las reformas que permitieron a España liderar la recuperación económica en la zona euro después de la crisis. A la derogación parcial de la normativa laboral -clave de bóveda de la creación de empleo desde 2012-, se suma un notable incremento de la presión fiscal, la subida del salario mínimo y el fin de la Lomce y la ley seguridad ciudadana. Pese a que Bruselas advirtió de los efectos letales de revertir las reformas emprendidas y apartarse de la senda de la consolidación fiscal, Sánchez deja el futuro económico de nuestro país al albur de recetas populistas que dispararán el gasto público y castigarán el crecimiento.
Pero si las cesiones a la izquierda radical resultan lesivas, el acuerdo del PSOE con el nacionalismo vasco abre la puerta a derribar el modelo territorial sustentado en la Constitución. Sánchez se compromete ante el PNV a "adecuar la estructura del Estado" para reconocer que Cataluña y País Vasco son naciones, además de vaciar de competencias a la Guardia Civil en Navarra y abrir al traspaso de las "competencias pendientes", lo que podría materializarse en la transferencia de Prisiones y de la Seguridad Social.
La investidura de Sánchez aún está sujeta al cruce de intereses de ERC y JxCat, pero ya no hay duda de la ruptura del PSOE con el 78 en aras de un Ejecutivo alejado de los principios de moderación y centralidad alumbrados durante la Transición. No estamos ante un gobierno de coalición, sino de capitulación ante una mayoría de desleales a la Constitución.
EDITORIAL de EL MUNDO
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