Ante el riesgo de espiral recesiva que nos atenaza y las dudas acerca de la política económica europea, no hay tiempo que perder
La Bolsa española. (EFE)
El virus que se propaga a través de todo el planeta está teniendo un impacto inédito sobre nuestra economía. No se trata del estallido de una burbuja de deuda, como hace una década, ni de la incapacidad para financiar un desequilibrio con el exterior, como en anteriores recesiones, o de crisis de oferta ligadas al encarecimiento de recursos naturales como el petróleo.
En realidad, el impacto del coronavirus es proteiforme porque golpea, por una parte, la capacidad productiva del país, por los riesgos sanitarios para las personas que trabajan y la escasez de suministros importados, que desorganizan la producción ('shock' de oferta). Por otra parte, la pandemia deprime la demanda, tanto externa (estancamiento del comercio internacional, fuerte recorte de los mercados de exportación europeos, menor entrada de turistas) como interna (deterioro de las expectativas para los consumidores y las empresas que tenían intención de invertir).
El virus también se extiende a los mercados financieros, porque los inversores se refugian en activos seguros como los bonos públicos alemanes, en detrimento de la compra de acciones, de títulos de deuda privada y de bonos de estados más vulnerables. El nerviosismo se refleja en el hundimiento de los mercados bursátiles, el incremento de los costes de financiación para las empresas más endeudadas y la presión sobre las primas de riesgo de países como Italia y, en menor medida, España.
Así pues, todo apunta a una contracción de la actividad durante los próximos meses, con especial incidencia en el sector del transporte y del turismo. Bajo la hipótesis de un periodo epidémico limitado a los meses que nos separan del verano, la economía podría rebotar a partir del tercer trimestre, aunque sin recuperar todo el terreno perdido por causa del virus.
Ahora bien, la intensidad con que caerá la actividad y la fuerza de su rebote dependerán de la respuesta de las políticas públicas, tanto a nivel europeo como de cada gobierno. De momento, las medidas anunciadas por Bruselas, por un monto de 7.500 millones, es decir apenas 0,05% del PIB de la Unión Europea, no parecen estar a la altura de las circunstancias.
Todo apunta a una contracción de la actividad durante los próximos meses, con especial incidencia en el sector del transporte y del turismo
Por su parte, el BCE acaba de desvelar un nuevo paquete de estímulos monetarios. Estos son en apariencia potentes, por sumar cerca de 140.000 millones, pero en realidad solo contiene medidas que no van a la raíz del mal, que requiere de un tratamiento mucho más específico que solo puede administrar la política fiscal. Sobre todo, el BCE transmite una cierta sensación de impotencia, al admitir que carecer de los instrumentos adecuados; algo que, de no corregirse, podría mantener la tensión en los mercados con consecuencias impredecibles.
El plan de choque que acaba de desvelar el Gobierno, en especial aquellas destinadas a fortalecer el sistema sanitario, toca algunas de las teclas más importantes. Las iniciativas propiamente económicas van en la buena dirección, pero su financiación es incierta y depende de la aprobación de nuevos presupuestos. La principal carencia es la de un mecanismo lo suficientemente ágil de apoyo a la liquidez y al mantenimiento del empleo en empresas viables.
Su puesta en marcha es una tarea urgente para prevenir recortes de plantilla y cesación de actividad, sobre todo de pequeñas empresas y autónomos. Ante el riesgo de espiral recesiva que nos atenaza y las dudas acerca de la política económica europea, no hay tiempo que perder.
RAMÓN TORRES* Vía EL CONFIDENCIAL
* Ramón Torres, director de Coyuntura de Funcas.
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