/SEAN MACKAOUI
Bueno, al menos la manifestación ha tenido la ventaja de silenciar durante un rato a las viejas terceristas. Había que leer ayer El País. El separatismo ha pulverizado sus propias marcas de indecencia y lo ha hecho ante las cámaras de medio mundo. Ni la marcha por el asesinato de Ernest Lluch, con su histérico colofón: «¡Dialoguen, por favor!» Ni la noche oscura del 12-M: «Asesinos, asesinos», a los miembros del Gobierno. Ni las sucesivas Diadas, festivos escaparates de la frivolidad xenófoba. El 26 de agosto de 2017, el consorcio de nacionalistas y populistas que desgobierna Cataluña convirtió una manifestación contra el terrorismo en una manifestación contra España con el objetivo de liquidarla. Han tocado fondo. Y con ellos, nosotros.
La manifestación de Barcelona fue el reverso de la emocionante España en marcha de Gabriel Celaya: No fuimos quienes somos. Seguimos con la historia y con los cuentos. No enterramos como dios manda a nuestros muertos. Vivimos del pasado. Damos cuerda al recuerdo. No fuimos, turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. Fuimos el ser que mengua. Un río torcido. A muerte contra lo ibero. ¿Dónde están los españoles con futuro, los españoles que, por serlo, aunque encarnan lo pasado no pueden darlo por bueno? ¿Y dónde los que aspiran a ser factores de un comienzo?
Los líderes del Partido Popular, acosados, humillados, extranjeros, pedían perdón con la mirada. Los socialistas seguían como siempre, de perfil, haciendo cálculos con los dedos: una nación, dos naciones, tres. Y Albert Rivera minimizaba la responsabilidad ajena para disimular la propia: «Unos pocos maleducados no pueden manchar el nombre de Barcelona». Qué clase política. Y sí, también, qué pueblo.
A partir de esta constatación, de frente ante el espejo, tenemos dos opciones. Podemos reclamar la dimisión del presidente del Gobierno por haber expuesto al Rey, a sí mismo y a los españoles decentes a una previsible y radical humillación. Esa parálisis anti-política que lo vincula a las clases pasivas. O podemos ocuparnos de la verdadera regeneración. Optemos hoy por lo segundo. La única pregunta relevante, la que nos emplaza a todos, es cómo sacar de la circulación a los separatistas, esa gente tan ufana y tan perversa. Cómo abortar el abyecto plan al que lo han subordinado todo. Desde la imagen de Barcelona, ahora sucia de odio y vulgaridad, hasta la paz civil catalana y el respeto a los muertos.
Ira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño. Hagamos el recorrido de aquí al 1 de octubre. Nuestro mes decisivo.
Próximo 6 de septiembre: empieza la desconexión. La Ley del Referéndum inicia su tramitación con el impulso de Forcadell o de Puigdemont y Junqueras. El Gobierno recurre la ley ante el Tribunal Constitucional, que inmediatamente la declara nula.
Los golpistas sonríen. Lo han dicho mil veces. No se sienten (el nacionalismo no está, se siente) vinculados por la ley o los tribunales españoles. Impertérritos, crecidos, siguen con su plan.
El Tribunal Constitucional decide actuar. No como el pasado verano, cuando derivó a la Fiscalía la iniciativa contra Forcadell. Utiliza sus nuevos poderes sancionadores: suspende en sus funciones a los desobedientes y les impone una primera multa de 30.000 euros a cada uno.
Pero los inhabilitados no se dan por aludidos. Repiten a coro las consignas de Puigdemont: «Sólo reconocemos una ley, el Estatuto, y una fuente de legitimidad, el pueblo (sic) catalán». Y que pague la ANC.
Interviene la Fiscalía. Hay delitos: usurpación de funciones, desacato, desobediencia, como mínimo. Vuela una querella contra los insumisos y entra en escena el juez. «En ti confiamos, querido», le dice el Gobierno. «Asume tú la responsabilidad que no queremos asumir los políticos».
El juez imputa a los golpistas y los llama a declarar. Son aforados y el caso se traslada al TSJ de Cataluña, donde tanto disfrutó Artur Mas. Los magistrados meditan: «¿Dictamos prisión provisional? Riesgo de fuga no hay. Más bien lo contrario: éstos lo que buscan es quedarse y que huyamos los demás». El Tribunal titubea pero al final se viene arriba: «Hay que detener a los golpistas. ¡Llamen a la Policía Judicial!».
El icónico Trapero se mira al espejo: «¿Y ahora qué hago yo? ¿A quién obedezco? ¿A la Justicia o a eso que mis jefes directos y colegas de paella llaman enfáticamente De-mo-cra-cia?». El mayor de los Mossos recuerda con angustia lo ocurrido en Berga. Cómo los mismos que ahora tanto lo adulan entonces cargaron contra sus mozos por detener a la insumisa alcaldesa de la CUP. Los llamaron de todo. Españoles. Botiflers.
Mientras tanto, el pulso continúa. Comme la justice est lente/est comme le nationalisme est violent.
La vía penal es lenta y trabajosa, y no puede aplicarse razonablemente a más de diez personas. Y detrás de las primeras diez, hay otras diez, y tantas como fanáticos voluntarios de la ANC. Ay, se lamentan en La Moncloa. Habrá que recurrir a la vía extraordinaria. «¡Convoquen a los constitucionalistas!» Del sector aguerrido, por favor.
Presidente, tiene usted tres opciones: Artículo 116 de la Constitución sobre los estados de alarma, excepción y sitio. «No, no, no, que perjudica a la población». Entonces el Artículo 155. Y no insista en que es demasiado tarde. Es lo que hacen los derrotistas disfrazados de leguleyos. España no será una democracia militante, pero tampoco es una democracia suicida. El reglamento del Senado ni entorpece ni retrasa. Basta enviar un requerimiento al desleal, convocar a los senadores en comisión, acudir al Pleno con las ideas claras y pedir el aval de la mayoría. Cuatro días, a lo sumo. ¿Que toda la oposición, incluido el PSOE, acusaría al PP de atacar a Cataluña? ¿Y cuál es la novedad? Ah, que a usted le faltó pedagogía. Que los ciudadanos no conocen el valor jurídico, político y moral del 155. Ya. Entonces asuma la máxima responsabilidad. Conviértase en aquello que nunca quiso ser. Aplique la Ley de Seguridad Nacional.
Por cierto, ¿la han leído ustedes? Háganlo ya. Se sorprenderán. Fue aprobada hace dos años. Tiene el aval del Tribunal Constitucional frente a los separatistas. Y permite al presidente del Gobierno «garantizar la defensa de España y de sus principios y valores constitucionales» mediante un simple Real Decreto. El presidente puede crear una estructura de seguridad a la que «todas las autoridades competentes deberán aportar los medios materiales y humanos bajo su dependencia». Trapero: incauta las urnas; manda Rajoy, aunque no te lo creas. Y si decides rebelarte asume las consecuencias, que como mínimo serían dos. La división de los Mossos y la intervención de la Guardia Civil. Sí, la misma cuya ayuda rechazasteis en Alcanar.
No es tan difícil imaginar una España en marcha. Basta leer a Celaya. Escuchar a Paco Ibáñez. Pasearnos a cuerpo. Luchar como importa. Cumplir y hacer cumplir la ley. Asumir que nuestra primera obligación es hoy también nuestra última esperanza.
CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO Vía EL MUNDO
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