Carezco de la información y de los conocimientos técnicos para calificar jurídicamente la actuación de José Manuel Soria en relación con sus empresas en paraísos fiscales. Pero sé lo suficiente de política para constatar la suprema torpeza con la que él, su partido y su presidente han manejado esta crisis desde que su nombre apareció en los papeles de Panamá hasta su humillante rendición de ayer.
Puede batallarse por las explicaciones, pero ¿negar los hechos? Dada la naturaleza de esta investigación, tenían que saber que cada negativa sería inmediatamente respondida con un papel que la desnudara. El protagonista eligió el camino suicida de la mentira y sus jefes y 'conmilitones' lo acompañaron en ese disparate.
Puede discutirse si Soria es o no un evasor fiscal, pero ya nadie le librará de quedar como un embustero necio. La mentira en política es condenable, pero cuando se sabe de antemano que no tiene la menor posibilidad de prosperar estamos ante la famosa frase de Talleyrand: “Es peor que un crimen, es un error”.
Por el momento en que se produce, en este episodio se manifiesta lo aberrante del socavón institucional en el que estamos metidos. Porque Soria no ha sido cesado, si se ha ido es porque ha querido. Si hubiera decidido mantenerse en el puesto, nadie podría haberle obligado a dejarlo. Y una vez dimitido, resulta que no es posible sustituirlo. ¿Cómo se nombra a un ministro de Industria en funciones?
El socavón institucional ha quedado demostrado con la marcha de Soria porque él ha querido
En esta situación de vacío de poder, el presidente ha perdido, entre otras muchas, la potestad de nombrar y cesar a los miembros de su propio Gobierno. Si mañana cualquier otro ministro se ve en una situación parecida, estaremos en las mismas: no habrá forma de echarlo, y si se va, no habrá forma de reemplazarlo. ¿Y si algo así le ocurriera al propio presidente?
El sistema político español no está diseñado ni preparado para una anomalía tan prolongada. Lo que estamos viviendo es un fallo multiorgánico de todo el entramado institucional. Hoy ha sido la dimisión de un ministro, pero mañana puede darse una emergencia mucho más exigente y estaríamos indefensos para responder a ella de forma adecuada y legal.
No se trata solo del Gobierno. El artículo 66.2 de la Constitución define así el papel del Parlamento: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”.
Pues bien, tenemos desde hace 120 días un parlamento fantasma, que no puede legislar, ni aprobar un presupuesto, ni controlar al Gobierno ni ejercer ninguna otra de sus competencias. 350 diputados y 265 senadores vagando por los pasillos sin nada que hacer salvo conspirar y rezar para que su partido los incluya en las listas del 26-J. Ni siquiera ha podido ir allí el Rey a inaugurar la Legislatura. El poder legislativo, anulado.
Desde hace ciento veinte días tenemos un Parlamento fantasma y un Gobierno fantasma
Y tenemos un Gobierno en funciones que no puede hacer casi nada pero, a la vez, puede hacer lo que le dé la gana, porque no hay quien lo controle ni le exija responsabilidades. En un acto insólito de desobediencia, un Gobierno al que le ha caducado el mandato hace tres meses se ha autodeclarado exento de cualquier obligación respecto al Parlamento recién elegido. El poder ejecutivo, inhabilitado pero insumiso y fuera de todo control democrático.
Esperemos que no se presente una de las circunstancias serias que exigen la autorización del Parlamento para actuar, porque la situación sería esperpéntica: si el argumento es que un Gobierno en funciones no tiene por que explicar su gestión ordinaria en el Congreso porque este no le ha dado su confianza, ¿por qué debería sentirse obligado a pedir permiso para nada a ese mismo Congreso?
Y parece que vamos a seguir así una temporada más. Las elecciones serán el 26 de junio. Atendiendo a los precedentes, en el mejor de los casos -una mayoría clara y una investidura rápida- no habría nuevo Gobierno hasta casi el 30 de julio. Y si, como es verosímil, la negociación postelectoral se enredara de nuevo, nos pueden dar las uvas metidos en el pantano. ¿Nos lo podemos permitir?
No hay esperanza de que unas nuevas elecciones garanticen un resultado similar al actual
¿Quién tiene la culpa de este dislate? De momento, los partidos pelean por culparse entre ellos, pero el 3 de mayo nos comunicarán a través del BOE que
los culpables fuimos nosotros, los ciudadanos, por no haber sabido votar de acuerdo a sus conveniencias; y que más nos vale ser más cuidadosos y acertar en esta segunda ocasión que generosamente nos conceden.
Pero digo yo que algo de culpa tendrán también dos políticos mediocres que, tras haber sido merecidamente vapuleados en las urnas, han inventado toda clase de fórmulas excepto la más lógica -y quizá la única útil-, que sería ofrecerse a considerar otras opciones presidenciales que no pasen por sus propias personas.
Y algo de culpa tendrán los dirigentes que han irrumpido en la política española enarbolando el estandarte de “la nueva política” y en tres meses han hecho una exhibición obscena de mañas, trucos y maniobras oscuras en la negociación política más mezquina que recuerdo desde que hay democracia en España.
En todo caso: llegados a este punto de saturación, creo sinceramente queMariano Rajoy debe renunciar a ser candidato del PP en las elecciones de junio. No porque vaya a perder, sino justamente por lo contrario: porque puede ganar. El Partido Popular tiene la fuerza y el arraigo social suficientes para volver a ser el más votado; y todos sabemos que no sería gracias a Rajoy, sino a pesar de él. Creo que él también lo sabe, pero busca aprovecharse de ello.
Rajoy debería renunciar a ser el candidato del PP para no obligar a millones de votantes a tragar con
En términos de equidad política, Rajoy no debería obligar a los millones de españoles que desean votar al PP -y probablemente lo harán- a tragar con un candidato manifiestamente indeseado por la mayoría de ellos. No debe poner de nuevo a las demás fuerzas políticas en la tesitura de votarlo como presidente -lo que es indigerible para todas ellas- o vetarlo y volver a bloquear la negociación. Y no tiene derecho a encadenar a su partido a un liderazgo que es ya una condena y que hace imposible esa renovación que necesita desesperadamente.
Aquí todos usan y abusan de la palabra cambio. ¿Qué sucedería si el único en admitir que algo ha ido mal y ofrecer un cambio el 26-J fuera precisamente el Partido Popular?
Tras todo lo que ha ocurrido, Mariano Rajoy quizá aspire a reivindicarse mediante una nueva victoria electoral. Pero yo creo que lo que más ayudaría a que el juicio de la Historia sea generoso con él es que, en esta hora difícil, él sea generoso con su país y con su partido. Y el mérito de hacerlo aquí y ahora es que nadie le va a obligar: solo depende de su voluntad y de su conciencia.
IGNACIO VARELA Vía EL CONFIDENCIAL
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