España es un país de contrastes y donde el péndulo es el instrumento más utilizado por los coros articulados que pastorean las conciencias desde las trincheras mediáticas. Así, con cada elemento de controversia surgen los esbirros, normalmente subvencionados, para ensalzar o desterrar aquellos aspectos que las grandes oligarquías desean implementar o eliminar.
Los grandes grupos financieros, especialmente compañías de seguros, suelen regar de forma muy generosa a todos los que abogan por abolir el sistema actual de reparto
Los lobbys financieros utilizan las terminales mediáticas afines para demostrar la insostenibilidad del sistema público de pensiones
Un claro ejemplo es el del sistema público de pensiones. Los grandes grupos financieros, especialmente compañías de seguros, suelen regar de forma muy generosa a todos los que abogan por abolir el sistema actual de reparto y transformarlo en un sistema de capitalización puro, en el que cada individuo gestione su ahorro, si es que puede, y se lo entregue a esos magos de las finanzas que año a año van erosionando, eso sí en silencio, nuestro ahorro, aunque nos entreguen unas magníficas sartenes a finales de cada ejercicio. Por supuesto que estos regantes cuentan con una clase política, a derecha e izquierda, que bendice mantener una desgravación fiscal por el ahorro finalista que acaba en las arcas de dichos grupos, cuya regresividad es bien conocida, pero ya se sabe que la equidad fiscal está muy mal vista y es solo un reducto de populistas bolivarianos.
Para ilustrar la inutilidad de mantener un sistema público de reparto, estos coros argumentan que este sistema está abocado a la quiebra, fundamentalmente porque hay demasiados pensionistas, es cierto que tenemos un problema demográfico muy grave, y porque el propio sector público gestiona mal y dilapida los recursos públicos, por ejemplo, favoreciendo las prejubilaciones. Por supuesto, este coro no habla en ningún momento del principal problema, a corto plazo, de las pensiones públicas: los ingresos. Desde 2007 hasta hoy, los ingresos por cotizaciones apenas han crecido un 0,2%, y los gastos más de un 27%, sin que ningún grupo político mayoritario se haya preocupado de cambiar esta tendencia. Por tanto, si no hay un cambio en la tendencia de las cotizaciones sociales, o un cambio en la financiación del conjunto del sistema, claro que habrá serios problemas de tensiones de tesorería, algo que países como Francia han intentado solucionar, o al menos mitigar mediante el establecimiento de contribuciones especiales finalistas que ayudan a financiar la caja única.
La sociedad percibe que el exceso de pensionistas es un estorbo y una carga
Estas aproximaciones, que ahora con el dato del déficit público de 2015 vuelven a ser materia de análisis y tournée televisivas, esconden un claro objetivo ideológico, muy respetable, pero que por honestidad intelectual debería ser transmitido y reconocido para que cada ciudadano sepa a quien está escuchando. Este objetivo, al que se une la abolición del modelo autonómico, se enmarca en la corriente libertaria que aboga por desmembrar todo el entramado de derechos públicos adquiridos, bajo el buenismo liberal de que todo lo que provee el sector privado es infinitamente más eficiente, barato y accesible para el conjunto de la ciudadanía.
Las mayores empresas de este país son las que han lanzado, y van a lanzar a la inactividad a miles de trabajadores, sin que nadie lo penalice
La gran paradoja es que cuando se habla del problema demográfico y se ponen encima de la mesa las estimaciones actuariales del sistema público, estas son utilizadas por los precursores de la desconexión de lo público, para demostrar la inviabilidad del propio sistema público, siempre bajo la trampa del ceteris paribus tan utilizado por los economistas, también se oponen a implementar medidas correctoras. Por ejemplo, en el caso de las prejubilaciones. Las mayores empresas de este país, como ahora se apresta raudo el sistema financiero en bloque, son las que han lanzado, y van a lanzar a la inactividad a miles de trabajadores, sin que nadie lo penalice. Pero por supuesto, como dicen algunos, la culpa es de los pérfidos políticos que no ponen pie en pared para evitar esta lacra. La idea de que hay que rejuvenecer plantillas ha llegado a todos los rincones, incluso a los liberales que lo aplauden, pero luego apostillan que la edad de jubilación hay que retrasarla, en un alarde de cinismo sin parangón. Estos procesos de prejubilación merman ingresos a las arcas públicas y, en el pasado, suponían cargas adicionales para el erario público, gracias a las puertas giratorias que permitían aprobar normas ad hoc para muchas de estas multinacionales.
Los que critican que los políticos favorezcan las prejubilaciones, aplauden las que se hace en los grandes grupos empresariales
Otro elemento que con frecuencia se esgrime es la baja natalidad que tenemos en España. De nuevo, Francia es un ejemplo. ¿Cómo ha mantenido Francia una tasa de natalidad mucho más alta que el resto de países europeos? Pues sencillamente con una mezcla de legislación positiva y gasto público en fomentar el nacimiento de más hijos, obligando a las empresas a permitir la conciliación personal y familiar. Este tipo de políticas también permite la holgura financiera del sistema francés y la posibilidad de jubilarse antes que sus homónimos europeos. Por supuesto, que la tendencia decreciente del empleo y los salarios presionan al sistema y obligarán a implementar reformas puntuales, pero en ningún caso tan drásticas como las que tendremos que acometer en España. Este modelo de ayudas públicas, que permite controlar por niveles de renta, es estigmatizado recurrentemente por los libertarios. No hay olvidar que, en España, con un permiso de maternidad/paternidad ridículo, cualquier intento de ampliar los derechos, la cuantía o la simple equiparación de permisos maternos y paternos ha chocado frontalmente con la patronal y las grandes empresas, y por supuesto de la corriente intelectual más liberal.
No hay ningún incentivo público a la natalidad, lo que es aplaudido por los enemigos del sector público
En el campo de los salarios, también hay contradicciones significativas. Los que más han aplaudido la reforma laboral implementada por la minoría mayoritaria votada por la sociedad, han logrado que por fin los salarios en España caigan a plomo y se eliminen todas las rigideces que permitían negociar de forma colectiva las retribuciones y los derechos laborales. Este descenso explica por qué las cotizaciones sociales por trabajador desciendan y se incumplen sistemáticamente las previsiones infladas de los gobiernos de turno. Es más, esta parte de la trinchera es firme partidario de que las cotizaciones disminuyan aún más para que seamos más competitivos y así enterrar cuanto antes el sistema público de
pensiones.
El gran problema de las pensiones son los salarios, algo que defienden los que apoyaron la reforma laboral
Y como punto final, el lobby financiero critica que la promesa del Eden de la pensión pública desincentiva el ahorro previsión desde la cuna para que mañana podamos disfrutar de una pensión ridícula, si es que el mercado y las comisiones no se han comido la gran parte del principal. Es decir, si uno analiza las cuentas financieras y ve la capacidad de ahorro de la mayoría de familias de este país, resulta insultante dicho argumento. No hay que olvidar que, por ejemplo, 5,7 millones de personas en España malviven con una cantidad equivalente al salario mínimo (algo más de 9.000€ al año) y el salario modal (más frecuente) apenas supera los 15.000€ año (eso sí datos algo retrasados), se puede hacer una aproximación de la capacidad de ahorro que pueden tener las familias españolas para su jubilación. Además, con una volatilidad e inestabilidad del empleo como la que tenemos y la propensión a la prejubilación consentida, como la que tienen las grandes empresas en España, la probabilidad de recibir una pensión privada digna es aún más baja que en el sector público.
El debate en España está trufado de intereses mercantiles no siempre transparentes
La gran mayoría de la sociedad española no tiene capacidad de ahorro y la culpa no es que esperen una pensión pública
En suma, el debate en España está trufado de intereses mercantiles no siempre transparentes a los ojos de la ciudadanía. Lamentablemente es un juego de conflicto puro lleno de apriorismos y medias verdades, y por supuesto infinidad de contradicciones. Pero lo más grave es que confunden a muchos ciudadanos sin mucha formación financiera que entran en pánico cada vez que les dicen que el sistema público está en quiebra, pero al mismo tiempo aplauden que le prejubilen, le bajen el salario o despidan a su pareja porque se ha quedado embarazada. Y todo ello con el aplauso de los mismos que hablan de los riesgos de la demografía, la baja natalidad y la insostenibilidad de todo el sistema público de servicios que favorecen la equidad y la solidaridad intergeneracional, por supuesto con las oportunas reformas para mejorarlo.
ALEJANDRO INURRIETA Vía VOZ PÓPULI
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