La coincidencia suena a mofa. Una afrenta a una sociedad puteada con los recortes sociales generalizados, el deterioro de los salarios o del propio empleo y el aumento paralelo de todos los impuestos, locales, autonómicos y estatales. Después de haber cargado sobre las espaldas de los ciudadanos el mayor peso de la crisis económica de los últimos años, se produce esta coincidencia que suena a burla: la celebración de unas nuevas elecciones que coinciden con el final de la campaña de la renta.
El 26 de junio serán las nuevas elecciones y cuatro días después se acaba el plazo para presentar la declaración de la renta. Si siempre, cuando se paga a Hacienda, existe el resquemor de que el dinero que sale de tu bolsillo acabe despilfarrado en cualquier Administración, en vez de mejorar los servicios públicos, este año esa coincidencia fatal hace innecesario cualquier ejercicio de imaginación o de sospecha: Hasta 160 millones de euros van a emplearse en unas nuevas elecciones que podrían haberse evitado. ¿Sería justo decir que, si hay nuevas elecciones, no sea con mi dinero?.
La política, de forma general, y los políticos arrastran desde antiguo un problema de prestigio entre la sociedad porque se les ve como unos meros aprovechados o, simplemente, inútiles. Aquello de Groucho Marx tan famoso de que “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Lo que viene ocurriendo en España, sin embargo, es que sobre ese descrédito ancestral y generalizado se ha ido acumulando un desprecio mayor, acaso por la generalización de los casos de corrupción que provocó, desde el final del felipismo, que se perdiera toda la ilusión que trajo consigo la democracia.
Quien tiene que ser visto como la esperanza para solucionar los problemas representa lo contrario, uno de los mayores problemas
En España, el desprestigio político ha elevado la política a la categoría de problema. Y se dice así de corrido y no se repara la mayoría de las veces en lo que supone decirlo, sentirlo. A ver, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones es uno de los pilares fundamentales de una democracia porque debemos suponer, al menos eso, suponerlo, que los problemas que existen pueden encontrar una solución. La clase política es, evidentemente, la que encarna el poder ejecutivo y el legislativo y, por tanto, sobre la que recae la responsabilidad de que las instituciones sean creíbles y respetadas. En España, sin embargo, ocurre todo lo contrario: de forma reiterada, cuando se pregunta a los ciudadanos cuáles son sus principales problemas, incluyen a la clase política entre los primeros. Donde tendrían que estar la vivienda, la sanidad o las carreteras, están los políticos.
En el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, el que se realizó en enero pasado, poco tiempo después de las elecciones generales, la clase política como problema ascendió al tercer lugar, solo por debajo del paro y de la corrupción y el fraude, que es otra forma de señalar la decepción de la clase política. ¿Cómo puede funcionar bien una democracia cuando se atrofia ese mecanismo? Quien tiene que ser visto como la esperanza para solucionar los problemas representa lo contrario, uno de los mayores problemas.
Frustración, cabreo y decepción justo en el periodo en el que hay que pagar a Hacienda
Después de cuatro meses de desacuerdo, se ha alcanzado aquello que más han repetido todos los dirigentes políticos: “Unas nuevas elecciones serían un fracaso colectivo de la clase política”. O como ha subrayado, esta misma semana, el propio presidente del Congreso, Patxi López: “Con unas nuevas elecciones, lo que le trasladamos a la sociedad es frustración y cabreo, aparte del fracaso de la clase política”. Tanto es así que los ciudadanos han podido contemplar cómo, desde diciembre pasado, cada posible salida se anulaba por un interés partidista. Pues eso, frustración, cabreo y decepción justo en el periodo en que hay que pagarle a Hacienda, para que cuando se vaya a palmar ante un mostrador de la Agencia Tributaria no se tenga otra cosa en mente que el despilfarro de 160 millones de euros en unas nuevas elecciones. Es como el anuncio de este año de Hacienda, pero al revés: "Si no fuera por Mariano, Lucía podría cobrar su dependencia. Si no fuera por Pedro, Gustavo no tendría recortes en la prestación por desempleo. Si no fuera por Pablo, Mercedes tendría una escuela nueva. Si no fuera por Albert, Julio saldría de la lista de espera de la sanidad...". Y así, con todos los diputados.
Volvamos al planteamiento inicial: ¿sería justo decir que, si hay nuevas elecciones, no sea con mi dinero? Tan necesario es que las fuerzas políticas contesten a esa pregunta que lo más urgente en este momento sería un acuerdo básico entre todas las fuerzas políticas en que se detalle cómo piensan reducir al mínimo los costes electorales.
Los partidos políticos que se presentan a las elecciones cobran de las arcas públicas 21.167 euros por cada escaño obtenido en el Congreso o el Senado, más 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos por el escaño en el Congreso y 0,32 euros por el del Senado. Eso, además de una subvención a cada grupo parlamentario de 0,18 euros por elector para el envío de papeletas y propaganda. El coste de los servicios profesionales y telemáticos para el desarrollo de la jornada electoral no se puede ahorrar, pero en todo lo demás los partidos políticos están obligados a presentar y pactar un plan de ahorroantes de que comience cualquier otro debate. El paso siguiente de admitir un fracaso es asumir la responsabilidad por los costes de ese fracaso. Y no otra cosa que un fracaso de la clase política es lo que ha ocurrido aquí en los últimos cuatro meses, con un coste millonario. Al menos como desahogo, se debería extender un lema en España: “¿Elecciones nuevas? No con mi dinero”.
JAVIER CARABALLO Vía EL CONFIDENCIAL
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