Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el pasado mes de julio en el Congreso. Efe.
Cada día que pasa gana enteros Nadia Calviño para convertirse en una especie de embajadora plenipotenciaria de España ante la corte de Bruselas para asuntos de Mantengan la Calma y No Cunda el Pánico con el Gobierno social comunista español de Pedro & Pablo, para consolidarse como un vistoso florero encargado de defender ante la Comisión las grandes cifras del Gobierno Sánchez en política económica, sin ningún poder real en casa para imponer disciplina fiscal a la astral conjunción populista instalada en Moncloa y centrada en tirar del gasto público para ampliar su base electoral. Entrevistada el jueves por Carlos Herrera en COPE, Calviño puso en evidencia el papel puramente gregario de una mujer, inteligente y amable, en tantas cosas parecido al que Pedro Solbes desempeñó con los Gobiernos de Zapatero. “Nuestra línea fiscal es tratar de reducir el déficit público y la deuda lo más rápidamente posible, sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo”. Una declaración de buenos propósitos que queda desnaturalizada cuando enfatiza que “no se trata de aumentar el gasto por sí mismo, pero hay que reforzar las políticas destinadas a los más vulnerables, reducir las desigualdades, frenar la pobreza infantil…”
Gastar. Las novedades conocidas esta semana en materia presupuestaria no pueden ser más inquietantes. La propia Calviño, sentada al lado de María JesúsMarisú Montero, auténtica mujer fuerte en la materia, presentó el martes la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, que prevé un crecimiento del PIB del 1,6%, dos décimas menos que el estimado en el cuadro macroeconómico remitido a Bruselas en octubre pasado, con un objetivo de déficit del 1,8%, siete décimas por encima del 1,1% comprometido entonces, una licencia llamativa que se agrava con las previsiones de déficit para el resto de la legislatura. En efecto, si hace apenas cuatro meses el Ejecutivo en funciones se comprometía ante Bruselas a reducir el déficit al 1,1% en 2020, al 0,4% en 2021 y a lograr el equilibrio presupuestario en 2022, las estimaciones cambiaron de forma drástica este martes con el anuncio del citado 1,8% para el año en curso, del 1,5% para 2021, del 1,2% para 2022, y del 0,9 para 2023, último año de la potencial era Sánchez. Tal relajación de objetivos supone una licencia para gastar a manos llenas durante la legislatura. En efecto, calculadas sobre un PIB de 1.245.000 millones en 2019, esas nuevas metas de déficit permitirán al Gobierno un gasto extra del entorno de los 48.000 millones, a una media de 12.000 millones año. Un escándalo desde todos los puntos de vista, que significa seguir engordando deuda para financiar el funcionamiento de un Estado aquejado de un déficit estructural no inferior a los 30.000 millones, aplazando el ajuste al menos hasta 2024.
En realidad, todo tiene el bello aspecto de un castillo de naipes, puesto que, en espera de conocer el dato definitivo al cierre del ejercicio 2019, el Gobierno de Sánchez no ha pactado una senda de déficit con Bruselas. La cifra estimada por el Banco de España (BdE), del 2,5%, podría quedarse pequeña si tenemos en cuenta que, a cierre del tercer trimestre pasado, las cuentas financieras del propio BdE delataban un guarismo del 2,9%. ¿Se han recortado cuatro décimas en el último trimestre? Podría ser, aunque también podría ocurrir que se hubiera optado por embalsar parte del déficit del pasado año en el de 2020. Los gobiernos socialistas han resultado ser expertos en dar gato por liebre fiscal, como en 2011 demostró Elena Salgado, última ministra de Economía del señor Zapatero. Lo más grave, con todo, es que se relaja el objetivo de déficit no para mejorar la situación del empleo, no digamos ya para acabar con el paro, algo que debería ser piedra angular de todo Gobierno socialista que se precie, sino para poder gastar en la creación de una masa de votantes subsidiada dispuesta a votar al bello Pedro contra viento y marea. Acabar con el paro no figura entre los objetivos de este Gobierno, que de hecho prevé cerrar la legislatura con una tasa situada superior al 12%, muy lejos del 10% prometido en octubre a Bruselas.
El crecimiento estimado del PIB real (del citado 1,6% para este año, seguido del 1,5%, 1,6% y 1,7% para años sucesivos hasta el 2023) parece un ejercicio de voluntarismo en un entorno de ralentización económica, un clima social y político hostil a la actividad empresarial que ahuyenta a los inversores, un escenario internacional plagado de incógnitas y un claro retroceso de la creación de puestos de trabajo (como han puesto de relieve los datos de enero, mes que destruyó 244.000 empleos, más de la mitad de los creados en 2019), un cuadro que solo puede ir a peor si el Gobierno insiste en mandar al cubo de la basura la reforma laboral del Gobierno Rajoy. En estas circunstancias, alcanzar tales objetivos solo parece posible cebando la máquina del gasto público, es decir, subiendo impuestos a mansalva y no a los ricos, sino a esos 13 millones de españoles que componen, en sus distintos gradientes, las clases medias trabajadoras. El techo de gasto, la cantidad máxima que este año podrán gastar los ministerios, crece en las cuentas de Marisú Montero hasta los 127.609 millones, un 3,8% más (5.000 millones), prácticamente la misma cifra contemplada en la cuentas remitidas en octubre a Bruselas, solo que entonces el cálculo se basaba en un crecimiento del PIB del 1,8%. El Gobierno Sánchez fía este aumento del gasto a las subidas en la recaudación y a los nuevos impuestos, la madre del cordero.
Gastar para comprar votos
En época de tribulación, ¿no es mejor gastar menos que gastar más?, preguntaba Herrera a Calviño. La ministra salía por los cerros de Úbeda hablando de “una política fiscal más progresista”, eufemismo que esconde la voluntad de freír a impuestos a todo hijo de vecino. La verdadera respuesta la dio el jueves Pablo Iglesias desde la tribuna del Congreso. El vicepresidente segundo y campanudo “ministro de Derechos Sociales” anunciaba, en efecto, la puesta en marcha de “una renta mínima garantizada y universal”, una prestación pública a través de la Seguridad Social que él convertirá en “prioridad absoluta” de su Ministerio. “Para todos los hogares”, decía este amigo de los pobres, aunque a continuación aclaraba que solo “para las clases más desfavorecidas”, y desde luego no para mantener la “situación de abuso de una minoría privilegiada que llegó a pensar que las instituciones eran suyas”, cuando todo el mundo sabe hoy que son de Iglesias y señora, una pareja alarmada por “las altas cifras de pobreza” (10 millones de españoles –el 21,3% de la población- se encuentran, según Pablo, en riesgo de pobreza) y dispuesta a “promover consensos para lograr un país más justo y equitativo”, pero que se apresuró a comprarse un bonito chalet con piscina en Galapagar valorado en 1,2 millones.
Iglesias se comprometió el jueves a “impulsar un incremento del gasto social y focalizarlo en los más vulnerables”. Es decir, en esos conmilitones y amigos a los que hemos colocado por carretadas en cargos de la Administración y de Moncloa nombrados a dedo. Y para financiarlo habrá cambios impositivos porque, en su opinión, “el sistema fiscal ofrece amplios márgenes de mejora” (sic). Abrumar con impuestos a las clases medias para volcarse en esos teóricamente “vulnerables” con los que Pedro, en plena a sintonía con Pablo, aspira a consolidar esa quinta columna de voto cautivo dispuesto a matar por conservar la regalía. Como dijo Mises, lo que empuja a las masas al campo socialista no es la ilusión de que el socialismo les hará ricas, sino la expectativa de que pondrá freno a aquellos capaces de labrarse un futuro con su solo trabajo y esfuerzo. Este es el gran objetivo de la legislatura, no hay otro: aumentar la escuálida base electoral de Pedro & Pablo tras el fiasco cosechado en la cita electoral del 10 de noviembre pasado, en la que ambos se dejaron la friolera de 1.415.000 votos. Ensanchar la base electoral para durar, porque el bello Pedro ha venido para quedarse. Lo hará con Iglesias colgado de la chepa si no tiene más remedio, o disolviendo y cambiando de piel como las serpientes en cuanto tenga aprobados unos PGE que le permitan desembarazarse de quien no le permite dormir por la noche tranquilo.
Ni una sola mención en este Gobierno a la necesidad de generar riqueza para poder repartirla después, mediante el enaltecimiento del emprendimiento y la eliminación de trabas a la función empresarial. La izquierda populista no ha estado nunca interesada en la creación de riqueza, sino en el reparto de la miseria. Solo las consecuencias de la política de gasto público desbocado que se avecina en términos de paro y malestar social podría llegar a descabalgar antes de tiempo a este aventurero sin escrúpulos ahíto de poder. Si a Mariano le tumbó la política por centrarse en la Economía, a Sánchez le tumbará la Economía por volcarse en la política. En la política rabiosamente populista, claro está. Le tumbará el paro, la especialidad socialista, y también, naturalmente, la existencia de una alternativa creíble al otro lado de la calle, allí donde hoy solo se advierte un silencio espeso entreverado de incertidumbre. Una oferta de cambio consistente, con proyecto y equipos. Una apuesta por la libertad y la renovación democrática. Es la única esperanza –muy costosa en términos de país- de sacarse de encima a Sánchez y su banda. El sujeto recibe mañana a Pablo Casado en Moncloa en lo que más parece una trampa que otra cosa, un intento de forzar la mano del popular para acometer los cambios que precisa en el poder judicial, última frontera que se yergue frente al rodillo de este pequeño sátrapa.
JESÚS CACHO Vía VOZ PÓPULI
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