Existe vida más allá de Cataluña y las prerrogativas de ERC, a los que Sánchez parece atender en primer lugar obviando las otras urgencias.
Con toda la atención puesta en el encuentro del jueves en Barcelona –una suerte de Pedralbes II entre Pedro Sánchez y Quim Torra–. La Moncloa baila al ritmo que marcan sus socios independentistas, ERC especialmente vía Gabriel Rufián (pasando por la cárcel de Lledoners en su último capítulo)
Como muestra, estos 22 primeros días de Gobierno, en los cuales la «agenda catalana» puso encima de la mesa una reforma del delito de sedición –¿globo sonda o proyecto en firme para rehabilitar a Oriol Junqueras?– o amoldó la ronda de contactos con presidentes autonómicos al deseo independentista: Cataluña, primero. Pero más allá del problema catalán –que lo hay, obvio–y de la aprobación del salario mínimo interprofesional a 950 euros, gran anuncio de estas tres semanas, este Gobierno afronta retos que no se pueden postergar y que deberían empezar a animar los Consejos de Ministros de los martes.
Es la economía
En el bloque económico, el pacto por las pensiones, medidas para preparar la economía ante un nuevo escenario de desaceleración, la deuda pública o el reciente malestar en el sector agrario son algunas de los asuntos económicos que exigen una respuesta de Gobierno más allá de los tactismos de la legislatura. Con Presupuesto a la vista o sin él.
En este apartado el presidente Sánchez debería tener en mente aquel eslogan clintoniano: «Es la economía, estúpido». La economía está en fase de desaceleración, lo que se refleja en los datos de crecimiento y empleo. El PIB creció un 2% en 2019 y, el menor alza desde 2014 y se crearon 402.300 puestos de trabajo, el peor resultado desde 2013, según la EPA del cuarto trimestre.
¿Y qué decir del envejecimiento de la población o la despoblación de la España vaciada (finalmente se quedó sin Ministerio)? Quizs sean dos de los mayores retos a los que se enfrenta España como nación en la historia reciente. Para ello se hacen necesarias medidas concretas para favorecer la natalidad o promover la repoblación en determinadas provincias con políticas migratorias intrapaís o provenientes de flujos regulados desde el exterior.
En materia de políticas de Estado, la reforma de la Justicia o la de la financiación autonómica parecen alejarse a tenor del nulo diálogo existente entre el PSOE (120 diputados) y el PP (89 diputados), principal partido de la oposición al que el Gobierno parece desdeñar como partido para apuntalar la España institucional con un horizonte de 20-30 años, más allá de la coyuntura.
En materia de Justicia el único movimiento que se ha dado es el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Una muestra (otra más) del sesgo que coge la lesgislatura en sus inicios: la Justicia como obstáculo para contentar a los socios de investidura. Se trata de un nombramiento que dinamita cualquier posibilidad de entendimiento en materia de Justicia con la oposición por mucho de que hubiera un precederente, como subrayó Sánchez en su entrevista en TVE escondiendo que también fue socialista (el ministro Javier Moscoso en 1986).
En Sanidad o Educación urgen también políticas para garantizar la sostenibilidad de las prestaciones públicas. El desafío climático, más allá de pomposas cumbres que dejan titulares, es otra de las cuestiones que tiene encima de la mesa el nuevo Gobierno. La ministra Teresa Riberase ha comprometido a llevar de inmediato a las Cortes su Ley de Cambio Climático. En la escena internacional, el post-Brexit y la nueva relación de España con el Reino Unido sea la prioridad, sin perder de ojo Gibraltar. Evitar a toda costa un paraíso fiscal en el sur de la Península o los derechos pesqueros deben ser prioritarios.
1.- Garantizar las pensiones en el pacto de Toledo
Uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno es reactivar el Pacto de Toledo para establecer un sistema que garantice las pensiones sin hundir el sistema de la Seguridad Social. Hay que recordar que fue la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la que hizo «descarrilar» el Pacto de Toledo con su grupo morado en la anterior legislatura. Aunque casi todos están de acuerdo en revalorizar las pensiones según la inflación, habría que adoptar medidas, algunas drásticas, para que no se dispare aún más el déficit de la Seguridad Social, organismo que desembolsa mensualmente casi 9.800 millones de euros y que cuando ha de pagar las extras de julio y diciembre debe de contar con un préstamo del Estado para hacer frente a las mismas. Y eso que los ingresos por cotizaciones están creciendo a un ritmo del 8%, debido también a la subida que registraron en 2019.
2.- Más parados desde que llegó a La Moncloa
El pasado año acabó con 3.163.605 parados inscritos en los servicios públicos de empleo, lo que supone 1.443 personas más que cuando Pedro Sánchez accedió a La Moncloa en junio de 2018. Además, un año después dijo que en julio (de 2019) la cifra de desempleados descendería de la barrera psicológica de los tres millones por primera vez desde 2008, anuncio que, como muchos otros, no se ha cumplido. En el segundo trimestre de este año podría realizarse su sueño.3.- Frenazo a la creación de empleo
El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 2019 en 384.373 personas, el peor dato desde 2013. La creación de empleo fue del 2%, hasta los 19,4 millones de afiliados (récord de mujeres, con más de 9 millones). Un año antes se había creado 563.964 empleos y 611.146 en 2017. La desaceleración económica invita a pensar que a corto plazo será difícil repetir esas cifras, máxime si, como apuntan diversos organismos y expertos, el Gobierno de coalición social comunista derogara importantes aspectos de las reformas laborales de Zapatero y, sobre todo, de Rajoy.
4.- Precariedad en el mercado de trabajo
En 2019 se firmaron 22,5 millones de contratos laborales, de los que solo el 9,6% fueron indefinidos. Unicamente el 2,5% de los contratos fueron indefinidos a jornada completa. Los datos son similares a los que se registraban en la última etapa del Gobierno del PP y que tanto criticaron el PSOE y los sindicatos. Estos mantienen ahora un perfil bajo y su principal objetivo es que el Ejecutivo de coalición derogue totalmente las reformas laborales. En este caso, se ha escuchado en el seno del Gobierno tanto la derogación «total» de las reformas laborales como la derogación «solo de los aspectos más lesivos», sin aclarar cuáles son. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho que prefiere hablar de «mejorar» la legislación laboral.
5.- El ajuste de las cuentas públicas se retrasa
Al Gobierno ha empezado a atragantársele la consolidación fiscal. En 2018 España redujo el déficit público por primera vez en una década del 3% del PIB, al 2,6%, pero incumplió el objetivo en cuatro décimas e hizo la menor reducción desde 2012. Esto ha hecho que se hayan ido acumulando los deberes. El año pasado el objetivo era del 1,3%, pero luego el Ejecutivo de Pedro Sánchez negoció con la Comisión Europea relajarlo al 1,8%, y más tarde admitió la imposibilidad de cumplirlo y lo suavizó al 2%, meta que está por ver si se cumple.
El nuevo Gobierno ya ha anunciado que negociará con Bruselas otra relajación de la meta de déficit para 2020, que el PP había fijado en el 0,5% y que Sánchez eleva al 1,7%. Si 2019 ha sido un año casi perdido en esa tarea de consolidación fiscal, sobre los objetivos de 2020 penden la amenaza de unos eventuales Presupuestos cargados de gasto. España ha desaprovechado el contexto económico y monetario favorable y no ha reducido casi nada el déficit estructural. Además, tampoco ha recortado con rapidez el endeudamiento público, que desde que en 2014 superó el 100% del PIB ha bajado solo al 97,8%, lo que deja al país en una situación vulnerable de cara a un enventual empeoramiento económico.
6.- La reforma aplazada de la financiación regional
Si hay una reforma aplazada una y otra vez por los últimos gobiernos es la de la financiación autonómica, que tiene un importante trasfondo político y territorial. Todas las comunidades autónomas llevan años reclamándola. El actual sistema es arbitrario y genera diferencias de financiación entre las regiones. En la última actualización, hecha en 2009, Zapatero trató de contentar a todas transfiriéndoles más recursos, pero no abordó esas diferencias. La reforma tenía que haberse hecho en 2014, pero el Ejecutivo de Rajoy la aparcó. En la primera mitad de 2019, Sánchez la aplazó por el calendario electoral. Su actualización es cada vez más urgente.7.- La industria necesita un pacto de estado
La industria sigue siendo uno de los pilares de la economía española, a pesar de las piedras que está colocando en su camino la transición energética. Como ha sucedido con la industria automovilística, que ha registrado un imporante descenso por la demonización del gasóleo impuesta por la ascendida a vicepresidenta, Teresa Ribera. Las exportaciones, auténtico motor de nuestra economía desde la crisis, se están frenando, y del mercado interior hay que destacar el aumento en un 52% del número de trabajadores despedidos por ERE entre enero y noviembre del año pasado. La industria manufacturera fue la más afectada. El sector industrial lleva meses pidiendo al Gobierno una rebaja de los costes energéticos, un marco legislativo estable y una fiscalidad que no sea meramente recaudatoria.
8.- La tarea pendiente de elevar la competitividad
España ha ido aplazando una serie de reformas estructurales encaminadas a mejorar la competitividad. La Comisión Europea, el FMI, la OCDE y la CNMC llevan años reclamando que se liberalicen los servicios profesionales y atajar la fragmentación del mercado español. Aunque en 2013 el Gobierno de Rajoy aprobó la ley de unidad de mercado para acabar con las duplicidades y contradicciones normativas entre los diferentes niveles de la adminstración, su aplicación no está siendo del todo efectiva. Por otro lado, todos los organismos urgen a España a aprobar la ley de servicios y colegios profesionales, al entender que hay trabas a la competencia como la colegiación obligatoria; el último intento de sacarla adelante fracasó por la presión de los «lobbies».
Política
1.- Reforma de la Justicia
La Justicia sigue esperando su reforma, sobre todo en los principales órganos, que precisan de una negociación con las principales formaciones políticas. Desde que el Ejecutivo se ha puesto en marcha no ha dado ningún paso en esta reforma. Está pendiente la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, que tendrá que decidir, entre otras cuestiones, sobre si la prisión permanente revisable encaja en la Constitución, y la elección de un nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que será renovado. El único movimiento que se ha dado, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, ha estado envuelto en la polémica.
2.- Malestar en el campo
El presidente Sánchez se ha encontrado sobre la mesa con un problema que no estaba en su agenda: la revuelta de los trabajadores agrícolas, que se han levantado contra el aumento del paro provocado por la subida del salario mínimo interprofesional al que le ha obligado Podemos, así como por la diferencia entre el precio que se paga en origen por sus productos y el que paga el consumidor. Esta revuelta está apoyada por algunos barones socialistas, como el de Extremadura, una de las comunidades donde el aumento del desempleo ha sido mayor.
3.- Inmigración
En su primer mandato, el Gobierno de Pedro Sánchez redujo a la mitad la inmigración irregular gracias, fundamentalmente, a una mayor implicación de Marruecos en el freno y rescate de pateras en el Mediterráneo, logrado a costa de mucho dinero, en parte arrancado a la UE. El desafío por delante para el Ejecutivo no solo va a ser mantener este control, sino afrontar la traslación de los flujos migratorios al atlántico canario. La reactivación de esta ruta va a requerir muy probablemente revisar los acuerdos previos con estados origen y tránsito, como Mauritania o Senegal, que podrían exigir mejoras para afianzar su cooperación con España en esta materia, a imagen de como ha hecho Rabat.
Materias sociales
1.- Reducir la tasa de repetidores y abandono
Una de las principales prioridades para Gobierno en materia educativa es disminuir el porcentaje de abandono temprano de la educación, que se había fijado como objetivo para España en 2020 en el 15%. Pero esa meta es probable que no se se alcance, ya que la última Encuesta de Población Activa (EPA) señala que la tasa de abandono escolar se colocó en un 17,3%. Por lo tanto, llegar al 15% en 2020 será prácticamente imposible. El otro reto es bajar el porcentaje de alumnos que con 15 años ha repetido al menos una vez. También es importante recuperar la FP Media, que a diferencia de la FP Básica y la Superior, está estancada en los últimos años. Por otra parte, el Gobierno debe impulsar los estudios de ciencias y desarrollar el estatuto de la profesión docente. En cuanto a la formación docente, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, aseguró en junio del pasado año que había acuerdo entre los partidos al menos en «esencia de un MIR educativo».
2.- Sostener Una sociedad envejecida
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tiene como principal encargo sostener la Sanidad universal. Con un ministerio sin competencias y mucha visibilidad, deberá gestionar con las autonomías y el resto de sectores de la sanidad los retos de una población envejecida que demanda grandes recursos sanitarios y unos profesionales -tanto médicos como enfermeros- muy precarizados. Además de la irrupción de una medicina personalizada con tratamientos que pueden alcanzar el medio millón por habitante.
3.- Revolución climática sin perjudicar a la población
Las emisiones brutas de gases de efecto invernadero en España son hoy un 15,5% mayores que en 1990, y las cifras están lejos de las metas del Acuerdo de París. Para dar impulso a la agenda «verde», Pedro Sánchez creó un «superministerio» de energía y medio ambiente, ahora elevado a vicepresidencia, ha declarado la «emergencia climática», y ha terminado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyo último texto incluye un aumento del recorte de emisiones del 21 al 23% para 2030. Teresa Ribera se ha comprometido a llevar ya a las Cortes su Ley de Cambio Climático, con la neutralidad climática en 2050 y medidas que afectan a la energía, la automoción, la edificación, la agricultura o las finanzas y que se enfrentan al reto de no ahogar ni altejido industrial español ni a la población. Lo más polémico sigue siendo la creación de un parque móvil sin vehículos contaminantes. También se «revisarán» los «beneficios fiscales» a productos energéticos de origen fósil, algo que apunta al impuesto al diésel y al recuerdo de los chalecos amarillos en Francia.
4.- Toda una planificación por hacer sobre agua
Una nueva sentencia en materia de agua, una multa, la configuración de los nuevos planes hidrológicos y la enésima guerra por el trasvase Tajo-Segura se han sumado en dos años al escenario hidrológico de España, con todo por resolver. La decisión del Gobierno de dejar sin provisiones para riego al Levante durante dos meses ha sublevado al sector y el Libro Verde del agua, un documento-guía no vinculante, ha alimentado el miedo entre los regantes al rescatar la idea del «canon» y de la desalación. Todo ello, en plena preparación de los planes hidrológicos, que deberían tener su primer borrador a finales de este año y que, en el caso del Tajo, debería recoger el dictamen del Supremo, en el que se estableció la necesidad de aumentar los caudales ecológicos. Mientras, España sigue pagando una multa millonaria impuesta por la Comisión Europea por depurar mal el agua. Todo apunta a que se alargará, al menos hasta 2023.
5.- Lucha contra la desigualdad
La brecha de género en los sueldos podría tardar unos 87 años en repararse. La diferencia se intensifica en las edades donde se concentra la maternidad y el cuidado de los mayores. Las tasas de pobreza también son preocupantes, ya que alcanzan al 21,7 por ciento d e la población. El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal obstáculo de las familias españolas, que ven incrementado el salario mínimo pero con más dificultades que nunca para conseguir un techo. El FMI acaba de denunciar que el gasto social en España no ayuda a las personas más pobres y que los jóvenes son los que han salido más perjudicados de la crisis.
Exteriores e internacional
1.- España tras el brexit y su lugar en la UE
Una vez consumado el Brexit se inicia ahora el periodo de negociación entre la Unión Europea y Reino Unido con el fin de determinar que relación habrá entre ambos. El 31 de diciembre debe estar concluida este «periodo transitorio». España deberá hacer valer su peso en la ronda de contactos con asuntos como el derecho de los ciudadanos, la pesca o Gibraltar como claves para los intereses españoles. La salida de Reino Unido de la UE se aparece como una oportunidad única para resituar el papel de España en la UE junto al clásico motor comunitario (el eje francoalemán), con Italia en su clásico escenario de inestabilidad política. Más de 330.000 británicos residen en España mientras que 180.000 españoles residen en el Reino Unido.
2.- El vaivén con Velezuela
La decisión más controvertida en estos 22 días de Gobierno fue la decisión del presidente Sánchez de no recibir al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Se evidencia así un giro en la política hacia el régimen de Maduro que torpedea la línea de acción de EE.UU. y que se aleja del ejemplo francés o alemán en el seno de la UE. La polémica del ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha dejado en evidencia al Gobierno Sánchez. Washington ha tomado nota.
3.- El gasto en Defensa y la situación de la OTAN
España es el penúltimo país según gasto/PIB en Defensa con un 0,9%. Llegar al 2% en 2024 fue el compromiso adquirido por España en la Alianza Atlántica, un objetivo que a todas luces no se alcanzará en esta legislatura. Sin embargo nuestro Gobierno tiene otras bazas que jugar como la importancia geoestratégica de la base aeronaval de Rota (Cádiz) o su participación en misiones internacionales. Las relaciones con EE.UU. en buena medida dependen de este apartado donde parece que la agenda de Podemos tiene poco que decir en el Consejo de Ministros. La ministra Margarita Robles ha abogado por la política de Estado y la continuidad con el Gobierno anterior.
4.- Año crucial en Estados Unidos
La relación de España con EE.UU. puede verse afectada por futuras guerras comerciales con las que tendrá que lidiar la ministra Arancha González Laya. A la espera de conocer si habrá segundo mandato de Trump, es un desafío mantener las buenas relaciones entre gobiernos, a priori, antagónicos.
Como muestra, estos 22 primeros días de Gobierno, en los cuales la «agenda catalana» puso encima de la mesa una reforma del delito de sedición –¿globo sonda o proyecto en firme para rehabilitar a Oriol Junqueras?– o amoldó la ronda de contactos con presidentes autonómicos al deseo independentista: Cataluña, primero. Pero más allá del problema catalán –que lo hay, obvio–y de la aprobación del salario mínimo interprofesional a 950 euros, gran anuncio de estas tres semanas, este Gobierno afronta retos que no se pueden postergar y que deberían empezar a animar los Consejos de Ministros de los martes.
Es la economía
En el bloque económico, el pacto por las pensiones, medidas para preparar la economía ante un nuevo escenario de desaceleración, la deuda pública o el reciente malestar en el sector agrario son algunas de los asuntos económicos que exigen una respuesta de Gobierno más allá de los tactismos de la legislatura. Con Presupuesto a la vista o sin él.
En este apartado el presidente Sánchez debería tener en mente aquel eslogan clintoniano: «Es la economía, estúpido». La economía está en fase de desaceleración, lo que se refleja en los datos de crecimiento y empleo. El PIB creció un 2% en 2019 y, el menor alza desde 2014 y se crearon 402.300 puestos de trabajo, el peor resultado desde 2013, según la EPA del cuarto trimestre.
¿Y qué decir del envejecimiento de la población o la despoblación de la España vaciada (finalmente se quedó sin Ministerio)? Quizs sean dos de los mayores retos a los que se enfrenta España como nación en la historia reciente. Para ello se hacen necesarias medidas concretas para favorecer la natalidad o promover la repoblación en determinadas provincias con políticas migratorias intrapaís o provenientes de flujos regulados desde el exterior.
En materia de políticas de Estado, la reforma de la Justicia o la de la financiación autonómica parecen alejarse a tenor del nulo diálogo existente entre el PSOE (120 diputados) y el PP (89 diputados), principal partido de la oposición al que el Gobierno parece desdeñar como partido para apuntalar la España institucional con un horizonte de 20-30 años, más allá de la coyuntura.
En materia de Justicia el único movimiento que se ha dado es el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Una muestra (otra más) del sesgo que coge la lesgislatura en sus inicios: la Justicia como obstáculo para contentar a los socios de investidura. Se trata de un nombramiento que dinamita cualquier posibilidad de entendimiento en materia de Justicia con la oposición por mucho de que hubiera un precederente, como subrayó Sánchez en su entrevista en TVE escondiendo que también fue socialista (el ministro Javier Moscoso en 1986).
En Sanidad o Educación urgen también políticas para garantizar la sostenibilidad de las prestaciones públicas. El desafío climático, más allá de pomposas cumbres que dejan titulares, es otra de las cuestiones que tiene encima de la mesa el nuevo Gobierno. La ministra Teresa Riberase ha comprometido a llevar de inmediato a las Cortes su Ley de Cambio Climático. En la escena internacional, el post-Brexit y la nueva relación de España con el Reino Unido sea la prioridad, sin perder de ojo Gibraltar. Evitar a toda costa un paraíso fiscal en el sur de la Península o los derechos pesqueros deben ser prioritarios.
1.- Garantizar las pensiones en el pacto de Toledo
Uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno es reactivar el Pacto de Toledo para establecer un sistema que garantice las pensiones sin hundir el sistema de la Seguridad Social. Hay que recordar que fue la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la que hizo «descarrilar» el Pacto de Toledo con su grupo morado en la anterior legislatura. Aunque casi todos están de acuerdo en revalorizar las pensiones según la inflación, habría que adoptar medidas, algunas drásticas, para que no se dispare aún más el déficit de la Seguridad Social, organismo que desembolsa mensualmente casi 9.800 millones de euros y que cuando ha de pagar las extras de julio y diciembre debe de contar con un préstamo del Estado para hacer frente a las mismas. Y eso que los ingresos por cotizaciones están creciendo a un ritmo del 8%, debido también a la subida que registraron en 2019.
2.- Más parados desde que llegó a La Moncloa
El pasado año acabó con 3.163.605 parados inscritos en los servicios públicos de empleo, lo que supone 1.443 personas más que cuando Pedro Sánchez accedió a La Moncloa en junio de 2018. Además, un año después dijo que en julio (de 2019) la cifra de desempleados descendería de la barrera psicológica de los tres millones por primera vez desde 2008, anuncio que, como muchos otros, no se ha cumplido. En el segundo trimestre de este año podría realizarse su sueño.3.- Frenazo a la creación de empleo
El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 2019 en 384.373 personas, el peor dato desde 2013. La creación de empleo fue del 2%, hasta los 19,4 millones de afiliados (récord de mujeres, con más de 9 millones). Un año antes se había creado 563.964 empleos y 611.146 en 2017. La desaceleración económica invita a pensar que a corto plazo será difícil repetir esas cifras, máxime si, como apuntan diversos organismos y expertos, el Gobierno de coalición social comunista derogara importantes aspectos de las reformas laborales de Zapatero y, sobre todo, de Rajoy.
4.- Precariedad en el mercado de trabajo
En 2019 se firmaron 22,5 millones de contratos laborales, de los que solo el 9,6% fueron indefinidos. Unicamente el 2,5% de los contratos fueron indefinidos a jornada completa. Los datos son similares a los que se registraban en la última etapa del Gobierno del PP y que tanto criticaron el PSOE y los sindicatos. Estos mantienen ahora un perfil bajo y su principal objetivo es que el Ejecutivo de coalición derogue totalmente las reformas laborales. En este caso, se ha escuchado en el seno del Gobierno tanto la derogación «total» de las reformas laborales como la derogación «solo de los aspectos más lesivos», sin aclarar cuáles son. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho que prefiere hablar de «mejorar» la legislación laboral.
5.- El ajuste de las cuentas públicas se retrasa
Al Gobierno ha empezado a atragantársele la consolidación fiscal. En 2018 España redujo el déficit público por primera vez en una década del 3% del PIB, al 2,6%, pero incumplió el objetivo en cuatro décimas e hizo la menor reducción desde 2012. Esto ha hecho que se hayan ido acumulando los deberes. El año pasado el objetivo era del 1,3%, pero luego el Ejecutivo de Pedro Sánchez negoció con la Comisión Europea relajarlo al 1,8%, y más tarde admitió la imposibilidad de cumplirlo y lo suavizó al 2%, meta que está por ver si se cumple.
El nuevo Gobierno ya ha anunciado que negociará con Bruselas otra relajación de la meta de déficit para 2020, que el PP había fijado en el 0,5% y que Sánchez eleva al 1,7%. Si 2019 ha sido un año casi perdido en esa tarea de consolidación fiscal, sobre los objetivos de 2020 penden la amenaza de unos eventuales Presupuestos cargados de gasto. España ha desaprovechado el contexto económico y monetario favorable y no ha reducido casi nada el déficit estructural. Además, tampoco ha recortado con rapidez el endeudamiento público, que desde que en 2014 superó el 100% del PIB ha bajado solo al 97,8%, lo que deja al país en una situación vulnerable de cara a un enventual empeoramiento económico.
6.- La reforma aplazada de la financiación regional
Si hay una reforma aplazada una y otra vez por los últimos gobiernos es la de la financiación autonómica, que tiene un importante trasfondo político y territorial. Todas las comunidades autónomas llevan años reclamándola. El actual sistema es arbitrario y genera diferencias de financiación entre las regiones. En la última actualización, hecha en 2009, Zapatero trató de contentar a todas transfiriéndoles más recursos, pero no abordó esas diferencias. La reforma tenía que haberse hecho en 2014, pero el Ejecutivo de Rajoy la aparcó. En la primera mitad de 2019, Sánchez la aplazó por el calendario electoral. Su actualización es cada vez más urgente.7.- La industria necesita un pacto de estado
La industria sigue siendo uno de los pilares de la economía española, a pesar de las piedras que está colocando en su camino la transición energética. Como ha sucedido con la industria automovilística, que ha registrado un imporante descenso por la demonización del gasóleo impuesta por la ascendida a vicepresidenta, Teresa Ribera. Las exportaciones, auténtico motor de nuestra economía desde la crisis, se están frenando, y del mercado interior hay que destacar el aumento en un 52% del número de trabajadores despedidos por ERE entre enero y noviembre del año pasado. La industria manufacturera fue la más afectada. El sector industrial lleva meses pidiendo al Gobierno una rebaja de los costes energéticos, un marco legislativo estable y una fiscalidad que no sea meramente recaudatoria.
8.- La tarea pendiente de elevar la competitividad
España ha ido aplazando una serie de reformas estructurales encaminadas a mejorar la competitividad. La Comisión Europea, el FMI, la OCDE y la CNMC llevan años reclamando que se liberalicen los servicios profesionales y atajar la fragmentación del mercado español. Aunque en 2013 el Gobierno de Rajoy aprobó la ley de unidad de mercado para acabar con las duplicidades y contradicciones normativas entre los diferentes niveles de la adminstración, su aplicación no está siendo del todo efectiva. Por otro lado, todos los organismos urgen a España a aprobar la ley de servicios y colegios profesionales, al entender que hay trabas a la competencia como la colegiación obligatoria; el último intento de sacarla adelante fracasó por la presión de los «lobbies».
Política
1.- Reforma de la Justicia
La Justicia sigue esperando su reforma, sobre todo en los principales órganos, que precisan de una negociación con las principales formaciones políticas. Desde que el Ejecutivo se ha puesto en marcha no ha dado ningún paso en esta reforma. Está pendiente la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, que tendrá que decidir, entre otras cuestiones, sobre si la prisión permanente revisable encaja en la Constitución, y la elección de un nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que será renovado. El único movimiento que se ha dado, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, ha estado envuelto en la polémica.
2.- Malestar en el campo
El presidente Sánchez se ha encontrado sobre la mesa con un problema que no estaba en su agenda: la revuelta de los trabajadores agrícolas, que se han levantado contra el aumento del paro provocado por la subida del salario mínimo interprofesional al que le ha obligado Podemos, así como por la diferencia entre el precio que se paga en origen por sus productos y el que paga el consumidor. Esta revuelta está apoyada por algunos barones socialistas, como el de Extremadura, una de las comunidades donde el aumento del desempleo ha sido mayor.
3.- Inmigración
En su primer mandato, el Gobierno de Pedro Sánchez redujo a la mitad la inmigración irregular gracias, fundamentalmente, a una mayor implicación de Marruecos en el freno y rescate de pateras en el Mediterráneo, logrado a costa de mucho dinero, en parte arrancado a la UE. El desafío por delante para el Ejecutivo no solo va a ser mantener este control, sino afrontar la traslación de los flujos migratorios al atlántico canario. La reactivación de esta ruta va a requerir muy probablemente revisar los acuerdos previos con estados origen y tránsito, como Mauritania o Senegal, que podrían exigir mejoras para afianzar su cooperación con España en esta materia, a imagen de como ha hecho Rabat.
Materias sociales
1.- Reducir la tasa de repetidores y abandono
Una de las principales prioridades para Gobierno en materia educativa es disminuir el porcentaje de abandono temprano de la educación, que se había fijado como objetivo para España en 2020 en el 15%. Pero esa meta es probable que no se se alcance, ya que la última Encuesta de Población Activa (EPA) señala que la tasa de abandono escolar se colocó en un 17,3%. Por lo tanto, llegar al 15% en 2020 será prácticamente imposible. El otro reto es bajar el porcentaje de alumnos que con 15 años ha repetido al menos una vez. También es importante recuperar la FP Media, que a diferencia de la FP Básica y la Superior, está estancada en los últimos años. Por otra parte, el Gobierno debe impulsar los estudios de ciencias y desarrollar el estatuto de la profesión docente. En cuanto a la formación docente, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, aseguró en junio del pasado año que había acuerdo entre los partidos al menos en «esencia de un MIR educativo».
2.- Sostener Una sociedad envejecida
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tiene como principal encargo sostener la Sanidad universal. Con un ministerio sin competencias y mucha visibilidad, deberá gestionar con las autonomías y el resto de sectores de la sanidad los retos de una población envejecida que demanda grandes recursos sanitarios y unos profesionales -tanto médicos como enfermeros- muy precarizados. Además de la irrupción de una medicina personalizada con tratamientos que pueden alcanzar el medio millón por habitante.
3.- Revolución climática sin perjudicar a la población
Las emisiones brutas de gases de efecto invernadero en España son hoy un 15,5% mayores que en 1990, y las cifras están lejos de las metas del Acuerdo de París. Para dar impulso a la agenda «verde», Pedro Sánchez creó un «superministerio» de energía y medio ambiente, ahora elevado a vicepresidencia, ha declarado la «emergencia climática», y ha terminado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyo último texto incluye un aumento del recorte de emisiones del 21 al 23% para 2030. Teresa Ribera se ha comprometido a llevar ya a las Cortes su Ley de Cambio Climático, con la neutralidad climática en 2050 y medidas que afectan a la energía, la automoción, la edificación, la agricultura o las finanzas y que se enfrentan al reto de no ahogar ni altejido industrial español ni a la población. Lo más polémico sigue siendo la creación de un parque móvil sin vehículos contaminantes. También se «revisarán» los «beneficios fiscales» a productos energéticos de origen fósil, algo que apunta al impuesto al diésel y al recuerdo de los chalecos amarillos en Francia.
4.- Toda una planificación por hacer sobre agua
Una nueva sentencia en materia de agua, una multa, la configuración de los nuevos planes hidrológicos y la enésima guerra por el trasvase Tajo-Segura se han sumado en dos años al escenario hidrológico de España, con todo por resolver. La decisión del Gobierno de dejar sin provisiones para riego al Levante durante dos meses ha sublevado al sector y el Libro Verde del agua, un documento-guía no vinculante, ha alimentado el miedo entre los regantes al rescatar la idea del «canon» y de la desalación. Todo ello, en plena preparación de los planes hidrológicos, que deberían tener su primer borrador a finales de este año y que, en el caso del Tajo, debería recoger el dictamen del Supremo, en el que se estableció la necesidad de aumentar los caudales ecológicos. Mientras, España sigue pagando una multa millonaria impuesta por la Comisión Europea por depurar mal el agua. Todo apunta a que se alargará, al menos hasta 2023.
5.- Lucha contra la desigualdad
La brecha de género en los sueldos podría tardar unos 87 años en repararse. La diferencia se intensifica en las edades donde se concentra la maternidad y el cuidado de los mayores. Las tasas de pobreza también son preocupantes, ya que alcanzan al 21,7 por ciento d e la población. El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal obstáculo de las familias españolas, que ven incrementado el salario mínimo pero con más dificultades que nunca para conseguir un techo. El FMI acaba de denunciar que el gasto social en España no ayuda a las personas más pobres y que los jóvenes son los que han salido más perjudicados de la crisis.
Exteriores e internacional
1.- España tras el brexit y su lugar en la UE
Una vez consumado el Brexit se inicia ahora el periodo de negociación entre la Unión Europea y Reino Unido con el fin de determinar que relación habrá entre ambos. El 31 de diciembre debe estar concluida este «periodo transitorio». España deberá hacer valer su peso en la ronda de contactos con asuntos como el derecho de los ciudadanos, la pesca o Gibraltar como claves para los intereses españoles. La salida de Reino Unido de la UE se aparece como una oportunidad única para resituar el papel de España en la UE junto al clásico motor comunitario (el eje francoalemán), con Italia en su clásico escenario de inestabilidad política. Más de 330.000 británicos residen en España mientras que 180.000 españoles residen en el Reino Unido.
2.- El vaivén con Velezuela
La decisión más controvertida en estos 22 días de Gobierno fue la decisión del presidente Sánchez de no recibir al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Se evidencia así un giro en la política hacia el régimen de Maduro que torpedea la línea de acción de EE.UU. y que se aleja del ejemplo francés o alemán en el seno de la UE. La polémica del ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha dejado en evidencia al Gobierno Sánchez. Washington ha tomado nota.
3.- El gasto en Defensa y la situación de la OTAN
España es el penúltimo país según gasto/PIB en Defensa con un 0,9%. Llegar al 2% en 2024 fue el compromiso adquirido por España en la Alianza Atlántica, un objetivo que a todas luces no se alcanzará en esta legislatura. Sin embargo nuestro Gobierno tiene otras bazas que jugar como la importancia geoestratégica de la base aeronaval de Rota (Cádiz) o su participación en misiones internacionales. Las relaciones con EE.UU. en buena medida dependen de este apartado donde parece que la agenda de Podemos tiene poco que decir en el Consejo de Ministros. La ministra Margarita Robles ha abogado por la política de Estado y la continuidad con el Gobierno anterior.
4.- Año crucial en Estados Unidos
La relación de España con EE.UU. puede verse afectada por futuras guerras comerciales con las que tendrá que lidiar la ministra Arancha González Laya. A la espera de conocer si habrá segundo mandato de Trump, es un desafío mantener las buenas relaciones entre gobiernos, a priori, antagónicos.
Esteban Villarejo
Vía ABC
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