El conocido como “caso Bankia” marcará, para bien o para mal, un hito en la historia judicial de nuestro país. De hecho, ya lo ha marcado desde el punto de vista social y político, no solo por el número y alta alcurnia de los investigados, por los cientos de miles de perjudicados o por los intereses en juego, sino porque en realidad es un juicio a todo un sistema, el llamado capitalismo de amiguetes, caracterizado por la corrupción sistemática de los partidos políticos (PP, PSOE e IU, que se repartieron las Cajas de Ahorros como si fueran sus cortijos particulares) y de otras organizaciones representativas (como los sindicatos y la patronal) y por la politización de las instituciones, como el Banco de España, la CNMV o el FROB, puestas al servicio de los intereses partidistas. Ella sola se murió y entre todos la mataron, reza el dicho popular. Primero desactivaron las alarmas (los organismos supervisores) y luego perpetraron el atraco a mano armada y a plena luz del día. Dejaron la caja fuerte vacía y reponerla nos ha costado –en un cálculo extremadamente prudente- más de 22.000 millones de euros.
Todas las cuentas, tanto de Bankia como de las Cajas de Ahorros fundadoras, habían sido manipuladas y la salida a bolsa de la entidad fue “fraudulenta”
El procedimiento, que comenzó hace casi cuatro años gracias a la (inconsciente) locura de un grupo de aventuremos (cuerdos) que crearonUPyD, ha pasado por diversas fases. Como un fastuoso río ha ido creciendo (practicándose más de un centenar de declaraciones, inclusive ministros, gobernadores del Banco de España, consejeros del IBEX, banqueros, autoridades económicas…etc.), incorporando afluentes (el llamado caso de las “tarjetas black” o el de las preferentes) o meandros (como las conexiones de Rato con el banco de inversión Lazard). Mientras todo eso ocurría dos señores (inspectores del Banco de España) fueron trabajando discretamente, en algún oscuro despacho de dicha institución, durante dos años (se dice pronto), hasta que alumbraron sendos informes periciales que confirmaban que todas las cuentas, tanto de Bankia como de las Cajas de Ahorros fundadoras, habían sido manipuladas y que la salida a bolsa de la entidad fue “fraudulenta”, apuntando a la responsabilidad no solo de sus gestores sino también de la auditora y de los propios entes supervisores.
El procedimiento penal ha tenido también sus consecuencias, aunque sean indirectas, en la vía civil. Gracias a la apertura de la instrucción y a la emisión de dichos informes periciales, que confirmaban el fraude, decenas de miles de afectados fueron recuperando el dinero invertido en la salida a bolsa de Bankia, hasta el punto de que esa dinámica judicial llevó a entidad a hacer una oferta pública a todos los inversores, en cuya ejecución han compensado extrajudicialmente a 190.000 personas por un importe de 1.200 millones (según datos de la propia entidad).
Lo anterior no significa que la “sangría” de Bankia haya terminado, pues todavía quedan por verse resarcidos dos importantes grupos: (i) los inversores institucionales (empresas y fondos de inversión), que poco a poco se van a animando a reclamar también y, (ii) lo que es más importante, todos aquellos que compraron sus acciones en el mercado secundario con posterioridad al 20 de julio de 2011. Como fruta madura empiezan a caer las sentencias favorables a estos inversores y se abre una nueva vía de agua de proporciones incalculables, pues estamos hablamos de millones de operaciones de compra-venta de acciones entre el 20 de julio de 2011 y, por lo menos, el 20 de julio del siguiente año 2012. La cosa se pone interesante.
Pero más allá de esto último, el proceso penal seguido ante la Audiencia Nacional está también en un momento caliente, tras la reciente imputación de la auditora,Deloitte, que declarará en sede judicial el próximo día 20 de junio, a petición de laConfederación Intersindical de Crédito (CIC), que ha cogido el relevo de UPyD como acusación popular en la causa.
Los argumentos principales esgrimidos por Deloitte fue que actuó en todo momento siguiendo instrucciones del Banco de España y de la CNMV
Respecto a Deloitte se da una circunstancia paradójica, pues no podemos olvidar que dicha auditora fue la que en última instancia, y resistiendo brutales presiones de todo el mundo (desde el Banco de España hasta el propio Gobierno) dijo NO a la ficción de las cuentas de Rato, provocando su caída, la llegada de José Ignacio Goirigolzarri, la reformulación contable y el rescate de la entidad. Fue Deloitte la que provocó la caída de los naipes de los tahúres de Bankia, aunque ello no le exima de responsabilidad a tenor de lo concluido por los peritos, lo cual no impide que la auditora no vaya a irrumpir estos próximos días en la causa con toda su artillería (que no será poca), deparando emoción a raudales y alguna que otra sorpresa, máxime cuando uno de los argumentos principales esgrimidos por dicha auditora en el expediente abierto por el ICAC fue que actuó en todo momento siguiendo instrucciones del Banco de España y de la CNMV (lo cual tiene, por cierto, documentado).
Como dice la copla de Jorge Manrique “nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir”. Esos ríos, en el caso Bankia, desembocan inexorablemente en el Banco de España y en la CNMV, sobre personas con nombres y apellidos, como Miguel Ángel Fernández Ordoñez, Javier Aristegui, Fernando Restoy y algún otro. No diré más.
ANDRÉS HERZOG Vía VOZ PÓPULI
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