Resignación, nueva y buena política

El autor denuncia que en el altar de la estabilidad política hay que sacrificar todos los males (de la política). Señala que es, con gran regocijo del populismo, el blanqueador del bipartidismo y de sus dolencias

/AJUBEL

Cuando se habla de la nueva política es un lugar común comenzar citando a Ortega y Gasset y la conferencia que impartió en el año 1914 en la que acuñó dicha expresión. Se suele reparar en la dimensión histórica del alegato orteguiano (la nueva política como alternativa a la antigua, a la del régimen de la Restauración), no así en la a-histórica o estructural, que es la que da relevancia e interés al texto; su permanente actualidad. Ortega se pregunta, anticipándose incluso a Max Weber y su conferencia del año 1919, sobre la política. Mientras Weber centra la política en el poder, sólo el poder, nada más que el poder, para Ortega la política ha de estar "circunstanciada"; al servicio de la modernización de España, de "aumentar el pulso vital de España", la "España vital" frente a la "España oficial". Lo que denomina la "nacionalización" de la política; porque su objetivo es el de "una España en buena salud". Nuestro filósofo expresa el compromiso de los intelectuales con el progreso de España y la política es su arma. La nueva política es, en definitiva, la buena política; es la que se ha de desplegar para afrontar los retos del momento, de aquél, pero también de éste.

"Y esos partidos tienen a sus clientelas en los altos puestos administrativos, gubernativos, suedotécnicos, inundando los consejos de administración de todas las grandes compañías, usufructuando todo lo que en España hay de instrumento del Estado". Ortega lo denunciaba en el año 1914. Es un mal que continúa. La ministra Celaá ha convertido las ruedas de prensa posteriores a las reuniones del Consejo de Ministros en tribunas desde las que ejercer la portavocía del PSOE. El mismo partido que ofreció a Unidas Podemos ocupar puestos de relevancia en órganos constitucionales y en organismos reguladores. Una propuesta tan disparatada que escandalizó, incluso, a los supuestos beneficiarios. Al desprecio a la independencia y a la neutralidad de la Administración se suma el de la competencia de los directivos públicos. "Los Ministerios, como las Universidades, no crean competentes", afirma Ortega. La partitocracia tampoco los necesita. Es posible pasar de empleado de la Federación Española de Municipios y Provincias a presidente de Correos; de la prevención y extinción de incendios forestales a la construcción de buques (Navantia); de la política municipal a la gestión del combustible nuclear (Enursa); de la formación marítima a los seguros agrarios (Saeca); de la cooperación municipal al tabaco en rama (Cetarsa); de la política a la dirección de Paradores. Este periódico informaba que, a fecha de 30 de junio de este año, se elevaba a más de 330 el número de cargos públicos que han sido cesados tras la moción de censura en mayo de 2018, y han sido nombrados otros tantos afines.

Y la corrupción se escribe en sentencias judiciales. "Entre el Grupo Correa y el Partido Popular... se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública». Es una frase que pasará a la Historia. Se puede leer en la página 58 de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de mayo de 2018. Se juzgaba el denominado caso Gürtel (rama madrileña).

En los próximos años se irán sumando, poco a poco, más y más sentencias. Las de los casos Gürtel (rama valenciana), reforma sede PP, Bárcenas, Orage Market, Jerez de la Frontera, AENA, visita del Papa, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Over Marketing, Bankia, Taula, Fórmula 1, Púnica (16 piezas separadas), Lezo (cuatro piezas separadas), Acuamed, Tándem (por ahora, 13 piezas separadas), Ciudad de la Justicia de Madrid y un largo etcétera. Al menos, en casi 50 instrucciones judiciales y en sus correspondientes sentencias se examinará la gestión de cargos vinculados al PP. A su vez, el PSOE está a la espera de la primera de las sentencias del denominado caso ERE, una macro causa dividida en más de 270 piezas separadas, a la que se suman a otras 12 macrocausas (Invercaria, Avales, Facturas falsas de UGT, Marismas, Delphi, Bahía Competitiva, Faffe...). Todas tienen en común la gestión socialista de la Junta de Andalucía. Más de 5.000 millones investigados y 500 imputados, por ahora. Se van instruyendo con una pasmosa lentitud.

La regeneración ha quedado en manos de los jueces. A golpe de sentencia se va componiendo la música del escándalo que va martilleando los oídos de los ciudadanos. En los próximos años irá torturando, como la gota china, a la sociedad española. "Es lo que hay", se nos dice. No hay alternativa. Sólo cabe la resignación. En Trafalgar, Benito Pérez Galdós pone en boca de su protagonista, Gabriel de Araceli, que "la resignación, renunciando a toda esperanza, es un consuelo parecido a la muerte, y por eso en un gran consuelo". Es la renuncia a la esperanza, como la muerte. ¿La democracia puede permitirse ciudadanos desesperanzados? ¿Ciudadanos muertos? No.

La resignación es un sentimiento inducido por los políticos para obtener beneficios a muy corto plazo, pero a costa de grandes perjuicios para la democracia. Podrán silenciar los estragos de la corrupción y de la partitocracia pero el repiqueteo constante de los casos hará imposible que los ciudadanos puedan permanecer, parafraseando al Diccionario de la Lengua Española, entregados, indefinidamente, a la voluntad de un partido, o conformes, tolerantes o pacientes, frente a la adversidad política. Se podrá adormecer a las masas (en el sentido de Elías Canetti), pero no a la indignación de los ciudadanos (en el sentido liberal-democrático). Los españoles, según el barómetro del CIS de julio, consideran a los políticos y a los partidos como el segundo problema más grave de España (38,1%), adelantando, incluso, a la corrupción (25,1%). La política y la corrupción (política) son dos de los tres principales problemas de España; la política y sólo la política.

La nueva gasolina de la resignación es la llamada a la estabilidad; a la gobernabilidad. Pero su amenaza no es la nueva política; es la mutación de las reglas constitucionales de investidura del presidente del Gobierno en otras asamblearias donde sólo cabe la elección por aclamación del gran líder. Cuando la Constitución regula la investidura del presidente del Gobierno en el artículo 99 utiliza en cinco ocasiones la palabra «confianza» y en otras cinco en otros preceptos constitucionales (art. 101, 112 y 114 CE) relativos al presidente y al Gobierno. Es la clave de bóveda de la relación entre el Congreso y el presidente y su Ejecutivo. La Cámara Baja tiene que confiar en el candidato que va a investir; y lo ha de hacer en relación con «el programa político del Gobierno que pretenda formar». No es una confianza ciega; es, como lo define el Diccionario de la Lengua, la «esperanza firme que se tiene de alguien o algo», en este caso, de la persona del candidato y del programa que va a ejecutar. Así lo manifiestan los diputados que votan a favor. Otros diputados, en cambio, no confían ni en el candidato ni en el programa. La abstención no cabría; renunciar a pronunciarse sobre la confianza solicitada no sería, en puridad, constitucionalmente posible. O se confía o no se confía. No hay término medio.

LA CONSTITUCIÓN está exigiendo la negociación y el acuerdo. En el contexto de una democracia deliberativa (Habermas, Nino, Elster) se ha de poder pactar todo y con todos conforme a unas directrices: la buena fe, la lealtad, el servicio al interés general y el respeto al marco constitucional. El candidato propuesto por el Rey está obligado a negociar para concitar la confianza. En cambio, se ha querido convertir la investidura en la mera proclamación del aspirante, sin más. No ha habido llamada a la confianza que exige la Constitución, sólo al asentimiento; como si 123 diputados fuesen suficientes para rendir al adversario al que, además, se le exige que renuncie al ejercicio de su función constitucional.

La política se ha convertido en problema (inestabilidad); y su antídoto, se nos dice, es el bipartidismo (gobernabilidad). En el altar de la estabilidad (política) hay que sacrificar todos los males (de la política); es, con gran regocijo del populismo, el blanqueador del bipartidismo y de sus dolencias. Como afirmara Ortega, «todo español lleva dentro, como un hombre muerto, un hombre que pudo nacer y no nació, y claro está que vendrá un día, no nos importa cuál, en que esos hombres muertos escogerán una hora para levantarse e ir a pediros cuenta sañudamente de ese vuestro innumerable asesinato». El hombre muerto, el desesperanzado, el resignado, al final, exigirá responsabilidades.


                                                                                     ANDRÉS BETANCOR*   Vía EL MUNDO

*Andrés Betancor es catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra.