El Estado embarga la cuenta de una mujer por los 530 euros de los intereses de una operación en un hospital público que no tenía que pagar
El Clínico le pidió 10.613 € y, tras meses de pleitos, Muface abonó la factura, pero Hacienda dice ahora que la responsable de la demora es la mujer.
«Estaba sola en casa, sentí un dolor tremendo en el pecho y me caí en la puerta de mi habitación. Me arrastré hasta la ventana y llamé a mi vecina: '¡Ven, me estoy muriendo!'. Cuando entró, me encontró tirada en el suelo y llamó al 112. Los de la ambulancia me salvaron la vida y me llevaron al Clínico. Y ahí empezó todo».
«Todo» es la desventura de Mercedes Recio Jiménez, que un día entró en un hospital público por un infarto agudo de miocardio, recibió después una factura de 10.613 euros que finalmente no tuvo que pagar porque no le correspondía y que hoy, casi dos años más tarde, ha visto su cuenta bancaria embargada por los intereses generados al no haber abonado a tiempo aquel importe.
O sea, no tenía que haber pagado la factura, pero sí los intereses de la demora por no haber pagado esa factura. Surreal pero legal.
O sea, 530, 65 euros.
Sumando... 11.143 euros de meses y preocupaciones.
Mercedes creía haberlo visto todo desde su puesto en la Secretaría de muchos ministros de Interior, de Justicia o de Agricultura a lo largo de la democracia. Creía suficiente haber abrazado a Rosón la mañana siguiente al golpe de Estado o haber vivido la Transición, la entrada en la UE, el miedo a ETA, los atentados del 11-M o la crisis económica a dos metros de Barrionuevo, Belloch, Fernández de la Vega, Mariscal de Gante, López Aguilar, Fernández Bermejo, Elena Espinosa, Rosa Aguilar, Arias Cañete, García Tejerina...
«En todos los años que he trabajado en los ministerios y las secretarías de Estado he visto cosas muy buenas y algunas no tanto, pero esto es, sobre todo, y desde el punto de vista de alguien que cree en lo público, una decepción. Cuarenta y tres años trabajando y me cobran un infarto... Que después de 43 años cotizando me cobren los intereses de una operación que no tenía que pagar me parece demencial, una tomadura de pelo. Yo ya lo he pagado y lo doy por perdido. Pero nunca lo olvidaré».
Mercedes habla ante una mesa invadida por informes, expedientes, recursos, cartas... y dos extractos bancarios. «Retención por embargo. Deudor: Mercedes Recio Jiménez. Fecha: 21 de julio de 2016. Importe retenido: 517, 85 euros». «Notificación de embargo de saldos en cuentas bancarias. Deudor: Mercedes Recio Jiménez. Fecha 1 de septiembre de 2016. Importe embargado: 12,80 euros».
Total: 530, 65 euros.
Dos extractos bancarios porque ésta es una historia de pasta. Y de las sorpresas de la vida y la burocracia.
Mercedes Recio tiene 61 años y lleva «una vida entera» afiliada a Muface, la aseguradora que gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios en España. Eligió esa forma de Seguridad Social a los 18 años, cuando empezó a trabajar y a cotizar como auxiliar en la antigua Dirección General de Seguridad. Hoy, con plaza en la Secretaría de Estado de Seguridad, sigue pagando a Muface. «Como siempre, mis 23 euros al mes».
En la madrugada del 3 de noviembre de 2014, sufrió un infarto. En su propia casa, los médicos de la ambulancia le implantaron un «marcapasos transcutáneo» y la trasladaron al Hospital Clínico «con ingreso inmediato», según el informe que el SUMMA 112 elaboró aquella noche.
«En el hospital me colocaron un cateter y un stent [una especie de muelle que se adapta a las paredes de la arteria y las mantiene abiertas]. Al día siguiente me pusieron otro cateter para ver cómo estaba la otra arteria. Hoy llevo un 'stent' y estoy bien. Me salvaron la vida».
Mercedes estuvo ingresada hasta el 11 de noviembre. Se fue a su casa del centro de Madrid y empezó a recuperarse. «El tabaco es lo que peor llevaba... Ya sabes». Pero la calma de tan castiza resurrección se hizo añicos dos meses después.
El 7 de enero de 2015, como un regalo de carbón, el Hospital Clínico le notificó una «liquidación de gastos por servicios y actividades» que ascendía a 10.613 euros y le daba una cuenta de Bankia para pagar en un plazo de tres semanas. Le habían salvado la vida, pero se lo cobraban.
Los hijos de Mercedes no se creían lo que su madre les contaba por teléfono. «Me decían: '¿Pero cómo te van a cobrar por una operación en un hospital público? Si además tú perteneces a Muface'. Yo tampoco me lo creía».
La familia fue a Asisa (con quien Muface tiene un concierto), pero la empresa dijo «No». La familia fue a Muface (a quien pertenecía Mercedes), pero la aseguradora dijo «No». La tesis de esas sociedades era que Mercedes había sido trasladada a un centro no concertado y, por tanto, no les correspondía abonar el precio de la asistencia sanitaria en el Clínico.
Pero Mercedes y sus hijos no se rindieron y siguieron presentando escritos de queja. Durante seis meses. Porque el 17 de julio de 2015, este susto giró de sentido.
Aquel día, el Servicio de Evaluación Sanitaria de Muface resolvió «estimar» la reclamación de Mercedes y aceptó «abonar la cantidad de 10.613, 00 euros, correspondiente a la asistencia recibida por la mutualista en el Hospital Clínico de Madrid del 3 al 11 de noviembre de 2014».
Tres días después, Muface ofreció a Mercedes dos opciones: reembolsarle el dinero a ella para que lo abonara al hospital o pagar directamente al Clínico, aclarando que si elegía esta segunda modalidad, Muface sólo se haría cargo de la factura, no de los «posibles recargos de apremio o demora», aunque tampoco especificaba quién habría de soportarlos. Mercedes eligió la segunda opción, y el 4 de septiembre Muface pagó al Hospital Clínico. Pero sólo la factura.
Así, cuatro días después, la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid envió a Mercedes una «providencia de apremio». «Objeto de la deuda: Hospital Clínico San Carlos. Obligado al pago: Mercedes Recio Jiménez. Importe principal en euros: 10.613. Recargo apremio: 530, 65. Total a ingresar: 530,65».
«Cuando ya pensaba que había acabado todo, apareció esto. La propia Administración había dicho que yo no tenía que pagar la asistencia sanitaria y ahora la Administración me cobraba los intereses de demora por no haber pagado. De locos».
El 23 de febrero de 2016, Mercedes elevó un escrito a Muface reclamando una indemnización por el importe exacto del apremio, 530,65 euros, por los «perjuicios y daños» que le ocasionó la «irregular actuación de Muface, que ha derivado en un recargo de apremio por no haberse abonado al Hospital Clínico, en periodo voluntario, los gastos ocasionados por los servicios sanitarios prestados». La mujer sostenía que la aceptación del pago para que Muface abonara directamente al hospital «no exime a Muface del pago de los costes de los posibles recargos», ya que el retraso en el pago es «únicamente imputable a la negativa del pago de Asisa y, en segundo término, a la dilación en el tiempo de los sucesivos órganos decisorios de Muface». Es decir, que los recargos eran achacables a la tardanza de quienes tenían que haber pagado, y acabaron pagando, la factura del hospital.
Pero Hacienda dijo «No». En una resolución del 9 de mayo de 2016, el Ministerio de Cristóbal Montoro reconoció el «daño» a Mercedes, pero lo calificó de «no antijurídico» y sentenció: «Es la interesada quien tiene el deber jurídico de soportarlo».
Hacienda argumentó que el hospital presentó a la mujer una factura, el 7 de enero de 2015, «y le facilitó un plazo para su ingreso voluntario, sin que la interesada procediera al mismo». Y, a la vez, para Hacienda, Muface pasó a ser la responsable del caso a partir del 17 de julio de 2015, cuando aceptó abonar la factura.
O sea, aunque quien debió pagar la asistencia era Muface, la culpable del retraso era Mercedes. Hacienda: «El abono del recargo del apremio, que inicialmente no tenía que haber tenido el deber de soportar, se ha producido porque la mutualista, con independencia de si tenía derecho o no al reintegro de gastos por Asisa o Muface, no abonó al Hospital Clínico 10.613 euros, factura que obraba en su poder antes de la finalización del plazo para su abono en periodo voluntario. Si se produjo un recargo del apremio fue por el no abono por parte de la mutualista de la factura».
Un mes después de esa carta, el 3 de junio de 2016, Mercedes presentó un recurso de reposición en el que demostraba que había entregado la factura a Muface el 12 de febrero de 2015, con un periodo voluntario de pago «hasta el 20 de febrero de 2015»: «Muface tuvo más de una semana para realizar el pago sin recargo alguno. El motivo de no hacerlo no es la recurrente y quien tiene que justificarlo es la propia entidad».
Y en eso, el 21 de julio, antes de que Hacienda contestara, llegó el embargo. Importe retenido: 517,85 euros.
El último documento de esta historia es de hace apenas un mes. El 16 de septiembre de 2016, la Secretaría General Técnica de Hacienda contestó a Mercedes con los argumentos del 9 de mayo: hasta que Muface aceptó pagar, la obligada a hacerlo era Mercedes, por eso es «irrelevante» que ella presentara la factura a Muface el 12 de febrero. «El supuesto daño se ha producido porque la mutualista no procedió a abonar al hospital los 10.613 euros en el periodo de abono voluntario».
Y en eso, el 1 de septiembre, después de que Hacienda contestara, se completó el embargo. Importe: 12,80 euros.
Total: 530, 65 euros. Los intereses de un infarto.
Así tratan a los ciudadanos los 'burócratas' autonómicos de la Comunidad de Madrid; al menos en la Consejería de Economía y Hacienda.
ResponderEliminarEstos casos se terminarían si los legisladores y los jueces amparasen debidamente a los ciudadanos en sus DEMANDAS de DAÑOS Y PERJUICIOS contra los causantes de estos perjuicios materiales y morales.