El debate de investidura no ha ofrecido demasiadas sorpresas porque estamos ya habituados al alto nivel sintáctico y dialéctico de nuestros parlamentarios. Ha quedado claro que Rajoy va a ser Presidente del Gobierno, pero con una incógnita aleteando sobre el hemiciclo: una vez jurado su cargo y nombrados sus ministros, ¿podrá gobernar? Este es un tema crucial porque de nada habrán servido los diez meses de parálisis absurda ni el aquelarre interno del Partido Socialista ni la agilidad de cintura de Ciudadanos si al final no se aprueban los presupuestos en tiempo y forma y la máquina de tomar decisiones y aplicar medidas se encalla todas las semanas en la Carrera de San Jerónimo.
Hay precedentes de Gobiernos en minoría; Felipe Gonzáles se vio obligado a ello en su postrer mandato, José María Aznar en su primero y Zapatero en los dos que perpetró, por no hablar de los Ejecutivos encabezados por Adolfo Suárez, pero las circunstancias en todos estos casos fueron más llevaderas que las de hoy para los inquilinos de La Moncloa porque el número de sus escaños les permitió cerrar pactos de legislatura con uno o dos socios razonables -¡qué tiempos aquellos en los que Pujol era un hombre de Estado!-. Para nuestra desgracia, el Congreso actual es una olla de grillos inestable e imprevisible, en la que pululan levantiscos comandos variopintos de separatistas, chavistas, socialistas sensatos, socialistas infantiloides, novatos bienintencionados, algún elemento suelto debidamente preparado y con las ideas claras y profesionales de la cosa con más conchas que un galápago. En semejante barullo, Rajoy se verá forzado, como le han explicado sus dos eventuales apoyos, a negociar cada ley, cada decreto y cada designación. Como España no es Dinamarca, ni Alemania ni Suecia, lo que se avecina es una pesadilla de maniobras partidistas y pequeñas ambiciones personales en la que el Gobierno puede naufragar en breve.
Lo curioso es que un programa de Gobierno acordado entre PP, PSOE y Ciudadanos que dure hasta 2020 es manifiestamente viable. Los tres se han instalado en el llamado consenso socialdemócrata y se encuentran cómodos en un Estado que acapara el 43% del PIB. De hecho, sus discrepancias, que ellos magnifican para justificar su teatro, son de matiz. Una vez aceptado que las Administraciones manejen 483000 millones de euros, que nuestra estructura territorial sea disfuncional, ineficiente y disparatada, que el vínculo entre representantes y representados sea inexistente, que la separación de poderes permanezca diluida, que el modelo educativo huya de principios como mérito, esfuerzo, excelencia, autoridad y competencia para ser igualitario, geográficamente disgregado, sindicalizado y permisivo, y que la subversión secesionista requiere una solución “política” y más dinero para los separatistas, ponerse de acuerdo en los detalles no debería ser demasiado difícil. Además, si lo que Iglesias en su inescrupuloso manejo de los términos ha bautizado como Triple Alianza, tiene como alternativa el colectivismo marxistoide a lo Maduro, es decir, calles incendiadas, expropiaciones en masa, medios amordazados, opositores entre rejas, supermercados vacíos y miseria generalizada, el porvenir de un Gobierno intervencionista, pero de gente aceptablemente cuerda y civilizada, parece asegurado. Bastaría, pues, que las tres formaciones denominadas constitucionalistas se sentasen a poner negro sobre blanco una agenda política que establezca un marco que garantice la unidad nacional, el cumplimiento de los compromisos presupuestarios europeos, un mercado laboral capaz de crear empleo, el final de la corrupción, la incorporación de una cierta dosis de eficiencia en el funcionamiento del Estado, una ley de Educación que sin ser la ideal proporcione por lo menos un horizonte de varias décadas sin sobresaltos y, aunque manteniendo un sector público elefantiásico, la eliminación de los despilfarros más escandalosos, para que pudiéramos beneficiarnos de cuatro años de tranquilidad y relativa prosperidad.
No es una tarea tan difícil y una persona tan reacia a los cambios y tan amante de la contemplación abúlica del correr de las hojas del calendario como el actual Presidente del Gobierno responde perfectamente al perfil psicológico adecuado no para impulsarla, porque el impulso de cualquier empresa va en contra de su naturaleza, pero sí para dejarla discurrir plácidamente. Tampoco es pedir demasiado que, dentro de las estrechas limitaciones impuestas por un Estado Autonómico invasivo y financieramente ruinoso y un sistema de partidos extractivo y oligárquico, se nos permita tener un Estado de Derecho en el que los ciudadanos puedan acceder a un estrecho margen para desarrollar sus iniciativas, ganar algo de dinero para mantener dignamente a sus familias y ahorrar un poco, circular sin trabas por todo el territorio nacional y pasear seguros por la vía pública. Los tres integrantes de ese hipotético proyecto de continuidad insatisfactoria pero indolora han de saber que los españoles a estas alturas de la película de los hermanos Cohen en la que han vivido a lo largo de la última década, están completamente dispuestos a elegir entre susto o muerte. Y a elegir susto, por supuesto. Alguno se preguntará: ¿y no sería posible elegir vida? Pues, francamente, salvo que Albert Rivera adquiriese auténtica conciencia de su misión histórica y se decidiera a romper el corsé del statu quo y exigir las ambiciosas reformas estructurales que transformarían España en un país competitivo y de éxito, habrá que conformarse con lo menos para salvarnos de la catástrofe.
ALEJO VIDAL-QUADRAS Vía VOZ PÓPULI
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