Catalunya se está convirtiendo en un país sin ley o instalado en la alegalidad.
En Catalunya
existe una sensación de alegalidad en lo que a los temas políticos
respecta, que puede abocar a que dentro de unos meses sea un país sin
Ley. Los temas deben resolverse “políticamente”, no en base a
constituciones, leyes orgánicas, leyes generales, decretos o sentencias y
autos judiciales.
En Catalunya todos tienen razón, pero los
independentistas tienen –creen tener– la razón absoluta, debido a que
los que no lo son tampoco salen a la palestra a defender otra cosa con
un mínimo de criterio y autoridad moral. Cuando interviene públicamente
el presidente de la Generalitat en el Parlament, un largo alegato contra
España está asegurado.
Es cierto que el problema catalán no es
“solo” un problema de legalidad, sino que también es un problema
político, que por no haberlo abordado hace unos cinco o seis años, en la
era José Luis Rodríguez Zapatero (con la sentencia del Tribunal
Constitucional contra el Estatut). En la época de Rajoy la situación ha
empeorado porque no ha buscado soluciones políticas y se ha ceñido a
sentencias y querellas criminales.
Con ello no quiero decir, ni mucho menos,
que le ley no deba cumplirse. Pero solo con la ley en mano no se
resuelven los problemas políticos ya enquistados. Hace falta diálogo,
comprensión recíproca, acciones de Gobierno que lleguen a los
ciudadanos, presencia en los medios públicos y privados de modo
permanente y no que venga un ministro de vez en cuando y suelte una
conferencia que ya ha pronunciado en otros lugares. La gente quiere
verse atendida y asistida, y para ello no hay otra arma que el diálogo
en una democracia.
Decíamos que Catalunya se está
convirtiendo en un país sin ley o instalado en la alegalidad. El
gobierno catalán ha anunciado que para finales de año tendrá listas las
leyes de “desconexión” de España, es decir que habrá un cambio de
legalidad. Lo único que será (ya lo es ahora) legal será lo emanado por
el Parlament de Catalunya. Las otras leyes o sentencias simplemente se
van a desobedecer si no concuerdan con el sentir del independentismo.
¿Hasta cuándo se puede seguir funcionando así?
Esto ya no es un Estado de Derecho, porque
el único derecho que se acepta es el que va concuerda con el
independentismo, y el que va mal no se acepta porque son sentencias
emanadas por el “opresor” Estado español. El gobierno catalán que
califica de “políticas” las sentencias judiciales que no le van bien (lo
dice la la portavoz del Govern, Neus Munté, para quien los tribunales
son la longa manus del gobierno del PP y de Rajoy. El día 12,
Fiesta de la Hispanidad, decenas de ayuntamientos catalanes –la mayoría
pequeños—anunciaron que abrirían sus puertas y no guardarían fiesta, a
instancias de Esquerra Republicana. El caso de Badalona ha sido
paradigmático, con rotura del auto judicial en la puerta del
ayuntamiento,
Hay unas fuertes dosis de ineptitud por
parte del gobierno central al querer afrontar el tema catalán. No se
afronta por la vía del entendimiento, sino por la vía de los recursos y
sentencias. No hay diálogo. No vale decir que hace un año que no hay
gobierno, porque hace cinco que el tema catalán se ha ido enquistándose y
la bisoñez política de los gobiernos no lo desenquistan.
Lo más grave del problema es que a la
mayoría parlamentaria independentista (decimos parlamentaria pero no
social) carece de alternativa válida, porque el PSC se ha situado en el
territorio de nadie.
¿Alguien sabe que los referéndums que se
han celebrado últimamente se han perdido todos? Quienes promueven el
referéndum lo pierden, como los escoceses, el Bréxit, Holanda, Francia,
Dinamarca, Colombia, Canadá (Quebec)… En Grecia se ganó, pero la
política que se aplicó fue la contraria al “sí”. Catalunya puede perder
un referéndum, si se pudiera celebrar, pero al día siguiente los
independentistas reclamarían otro.
El actual presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, ha ido a Madrid a pronunciar una conferencia diciendo
que quiere pactar el referéndum del próximo mes de septiembre. Va a
Madrid cuando no hay gobierno, y cuando ha dicho que pactado o no el
referéndum lo va a convocar igualmente. ¿Para qué sirve hablar?
La presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, ha dicho ya varias veces que “solo” obedecerá las decisiones
que emanen del Parlament de Catalunya, porque es “soberano”, y en
consecuencia desoye cualquier resolución o sentencia que se oponga a lo
que haya aprobado el Parlament, el cual ha votado que quiere
desconectarse de España y ser una República independiente, dentro del
marco europeo. Lo que le falla al independentismo es el “marco
europeo”, porque la casi totalidad de los países de la UE no aceptan la
independencia de Catalunya, al menos por ahora.
SALVADOR ARAGONÉS Vía EL OJO CRÍTICO
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