DE LA ANOMALÍA COMO RUTINA

El debate sobre la reforma de la Constitución ha pasado a segundo plano ante la amenaza de un desguace de sus principios básicos. Instalado en la anomalía política, el Gobierno persiste en la estrategia suicida de depositar la estabilidad de la nación sobre un racimo de partidos rupturistas

Ignacio Camacho

El debate sobre la reforma de la Constitución, un clásico del 6 de diciembre, quedó esta vez muy en segundo plano en la celebración del 41º aniversario. Y ello por tres motivos muy claros. El primero, que la clase política y la opinión pública están sobre todo pendientes de las negociaciones de investidura y la posibilidad de resolverlas antes de fin de año. El segundo, que el imprescindible consenso que exigiría cualquier proyecto reformista está descartado por la inusual fragmentación (19 partidos) del arco parlamentario. Y el tercero y más relevante, que la discusión se ha desplazado de la simple actualización de los aspectos más desgastados del texto constituyente a la perturbadora posibilidad de que sus principios básicos queden desguazados de facto por la previsible formación de una mayoría integrada por partidos rupturistas cuyo objetivo declarado es la desintegración de la soberanía nacional, del modelo de Estado y del régimen monárquico. Una situación excepcional a la que el Gobierno y su aparato propagandístico y mediático pretenden dotar de un impostado aire de normalidad que de ningún modo encaja en el funcionamiento ordinario de un sistema democrático.

Porque no puede ser normal, al menos en un país que se respete a sí mismo, que un partido de teórica vocación constitucionalista como el PSOE busque con ahínco el apoyo de una fuerza cuyos dirigentes acaban de ser condenados por dirigir un golpe subversivo. No puede ser normal que unos líderes sindicales sin ningún mandato representativo vayan a mediar -¡¡a una prisión!!- con un líder secesionista convertido en árbitro del desbloqueo político. No puede ser normal que los diputados prometan acatar la ley con estrambotes que en la práctica suponen un desafío. No puede ser normal que Esquerra Republicana se siente con miembros del Ejecutivo mientras sus militantes «celebran» la efeméride de la Carta Magna quemando ejemplares entre arengas y llamamientos a acabar con el orden constituido. No puede ser normal que quienes tienen -porque el Gobierno en funciones se la ha entregado- la llave de la investidura se nieguen a presentarse ante el Rey en la preceptiva ronda de consultas como señal de desprecio o de rechazo a su jerarquía simbólica y a su figura. No puede ser normal que la estabilidad de la nación descanse sobre una organización que repudia sus bases de convivencia y las combate de forma abrupta. No hay normalidad posible, ni podrá haberla nunca, en este intento de perseverar en una alianza que sólo puede cuajar mediante el pago de una factura de concesiones espurias.

Tal vez los españoles hayamos aceptado como un hecho normal, por desgracia, que Pedro Sánchez no conceda el más mínimo valor a su propia palabra. Que sea capaz de revocar en pocas horas todos los argumentos en que basaba la repetición de las elecciones y su discurso de campaña. Que acceda a formar una coalición con un partido sobre el que declaraba carecer de la mínima confianza. Esta normalización de la mentira constituye de por sí un síntoma de la descomposición de la democracia, del contrato moral entre los ciudadanos y sus representantes que rige en cualquier sociedad civilizada.

Aun así, lo que no resulta pasadero es que un gobernante de cualquier tendencia o sesgo permita que el presente y el futuro de su país dependan de partidos que aspiran a deshacerlo, que cuestionan sus fundamentos y muestran hacia sus instituciones una absoluta falta de respeto. Eso no es un error, ni cabe entenderlo como un mal menor o un compromiso imperfecto forzado por las circunstancias para salir de un atolladero:  es una decisión autodestructiva, letal, un suicidio colectivo manifiesto. Un disparate sin remedio. Y es exactamente lo que está sucediendo.

En esas condiciones, la tradicional liturgia del 6-D ha sonado más que nunca a fanfarria hueca ante la amenaza de un proceso destituyente que de forma más o menos encubierta deje sin efecto los principios esenciales del sistema. Ya es significativo que Sánchez se viera obligado a aclarar que sus tratos con Esquerra tendrán lugar dentro de la ley y sus reglas, como si pudiese ser de otra manera. Pero lo ha tenido que subrayar -aunque sea bien conocida la firmeza de sus promesas- porque es consciente de que esas conversaciones están bajo sospecha, no sólo para la oposición y sus simpatizantes sino para una significativa porción de socialistas tan emblemáticos como Borbolla o Guerra, escandalizados y alarmados ante la vía de agua que inunda las bodegas del buque constitucional mientras el presidente dirige tan ufano la orquesta.

Para ellos, como para tantos otros ciudadanos de mentalidad responsable, nada tiene de normal, y si mucho de situación de emergencia, esta inquietante evolución de los acontecimientos. Porque no es posible esperar nada bueno de un Gobierno respaldado por adanistas refundadores como los de Podemos y por un separatismo acantonado en su abierto designio insurrecto. Más pronto que tarde, y por muchos paños calientes que traten de aplicar los círculos de opinión gubernamentales y afectos, el empeño de ruptura de estos grupos insurgentes acabará apareciendo. Se verá con el tiempo. Y este desarticulado PSOE sanchista, cuyo única aspiración consiste en sostenerse en el poder a cualquier precio, no ofrece fiabilidad alguna para contenerlo. En la dudosa hipótesis de que esté dispuesto.


                                                                       IGNACIO CAMACHO   Vía ABC