No es posible seguir con el Estado de las Autonomías

Convendría una reforma a fondo del Estado de las Autonomías. Solo hay un partido que se atreve: Vox

Si las autonomías son una estúpida manera de llamar a las regiones, la expresión "Estado de las Autonomías" no deja de ser un estrambótico oxímoron. 

Son dos palabras que resultan antagónicas. En buena teoría, si alguna autonomía cabe en la vida pública es la del Estado, por cuanto es el único que ostenta la soberanía de la nación. Y eso con no pocas reticencias, pues el Estado español es miembro de la Unión Europea, a la que ha cedido gustosamente algunas de sus capacidades soberanas. 

Por tanto, las regiones son heterónomas por definición; el único autónomo, por definición, es o debería ser el Estado central. Lo que ocurre es que, en la vigente Constitución española, y sobre todo en la práctica, a las regiones se les han ido transfiriendo ciertos símbolos y competencias del Estado. Así, los Parlamentos, los Gobiernos y otros muchos aspectos de la vida pública. 

Lo más codiciado ha sido la posibilidad que tienen las autonomías de crear y subvencionar todo tipo de empresas y oficinas públicas. Esos chiringuitos (con una profusión de cargos a dedo) han sido una vía de despilfarro de los caudales públicos, cuando no una avenida de la corrupción. Tales empresas públicas pueden escabullirse de muchos controles jurídicos.

El experimento de la Transición podría haber funcionado bien al "acercar el Estado a los contribuyentes" (que ahora llaman "ciudadanía"). Después de todo, hay en el mundo algunos Estados federales que funcionan bastante bien, como Alemania o Estados Unidos. Pero la realidad es que en España las autonomías han resultado en un descomunal crecimiento del gasto público con escasa productividad. 

Lo que es peor, las autonomías han sido pasto abundante para la corrupción política. Casi todos los casos más escandalosos de la corrupción del periodo democrático se vinculan a la acción de los políticos y funcionarios de las autonomías. Por algo será.

Algunos voceros de los partidos tratan de quitar hierro al asunto de la corrupción aduciendo que se trata más bien de clientelismo. Son ganas de enredar o de justificar el beneficio para algunas personas que dominan todo este enjuague. El clientelismo no es más que la forma elegante de decir "latrocinio". Simplemente, un político favorece con dinero público a los cargos menores de su partido o a sus simpatizantes. Es la manera más taimada de comprar votos. 

En algún caso puede parecer una decisión legal, pero en conjunto se trata de una variante de la corrupción, esto es, del mal uso de los dineros públicos. Por desgracia, se trata de un suceso muy frecuente en la vida pública, que ha llegado a su cenit en el caso de los ERE de Andalucía. Por ese lado se explica la inveterada tendencia de todos los Gobiernos autonómicos a subir los impuestos y a ampliar el número de las competencias que arrebatan al Estado central.

La corrupción política no equivale siempre a robar, como se dice coloquialmente, a llevarse el dinero público "a casa". Con frecuencia se manifiesta a través del abuso de comisiones en los contratos públicos o en la percepción de altos sueldos en puestos de libre disposición (a dedo). Se añaden los chiringuitos a los que antes me he referido.

La corrupción es la consecuencia natural de una política intervencionista, el aumento del gasto público, que han practicado muchos Gobiernos autonómicos, por no decir todos. ¿Por qué la Administración pública autonómica provoca más casos de corrupción que la del Estado central? 

La clave está en que los altos cuerpos de funcionarios, que suelen ser muy selectos, operan fundamentalmente en el Estado central. Tales cuerpos se basan en una rigurosa selección de sus miembros; representan una especie de autocontrol frente a las decisiones discrecionales de los políticos.

Aunque solo fuera por el criterio práctico de contener los casos de corrupción y de gestionar mejor el dinero público, convendría una reforma a fondo del Estado de las Autonomías. Por lo menos se podría intentar un notable adelgazamiento de sus funciones y la decisión de cerrar muchos chiringuitos. Es asunto tan necesario como difícil de plantear. Se han acumulado ya muchos intereses creados. 

Solo hay un partido, Vox, que se atreve con la reforma. Ni que decir tiene la mala prensa contra Vox que se ha creado en la opinión a través de la presión de los otros partidos. Nunca reconocerá la oligarquía gobernante que la base de su poder reside precisamente en la Administración autonómica.

                                    AMANDO DE MIGUEL   Vía LIBERTAD DIGITAL