"Ejecuciones extrajudiciales" a la Corte Penal de La Haya
Mostramos en exclusiva las fotografías que demostrarían las ejecuciones
extrajudiciales del régimen de Maduro. Son de la matanza del llamado
'Rambo venezolano' y serán presentadas este lunes como prueba de cargo
en la Corte Penal Internacional de La Haya. "Voy a entregar más de un
centenar de fotografías", dice el ex diputado Wilmer Azuaje. La fiscal
rebelde, Luisa Ortega: "Los liquidaron"
El temor a perder la
vida es lo menos que tengo ahora. No es el temor de la vida, sino el
temor a fracasar, el temor de fallar a la gente». Pocos días después de
confesar a The New York Times sus inquietudes, como si se tratara de un epitafio a punto de redactarse, el policía rebelde Óscar Pérez y sus seis compañeros de lucha
fueron ejecutados por fuerzas gubernamentales en Caracas. De nada
sirvió su rendición previa, ni siquiera la negociación con un jefe
militar a través de las «ventanas» de las redes sociales. Tampoco las
reiteradas súplicas para entregarse: varios horas de asedio y el
bombardeo con lanzagranadas a la vivienda donde se refugiaban en El Junquito, a las afueras de la ciudad, precedieron al ametrallamiento final.
Pocas zonas oscuras quedan de lo ocurrido aquel 15 de enero de 2018 a los «mártires de El Junquito». Ninguno se defendió, su única protección fue una bandera blanca que no se respetó y que se tiñó con la sangre de todos ellos. Un capítulo más en la tragedia sin epílogo.
«Voy a entregar más de un centenar de fotografías que confirman que se trata de una ejecución extrajudicial. Se trata de dos causas separadas: la mía, por la violación de mis derechos humanos en 2017 durante mi secuestro en el Helicoide [siniestra sede de la Policía política], y la de Óscar Pérez y los suyos. Cuento con el aval de su madre, Aminta Pérez, y de uno de sus familiares más cercanos, que acudirá conmigo a La Haya», precisó el ex diputado a Crónica.
Azuaje, por motivos de seguridad, esconde el nombre de su acompañante. No es para menos. Amigos, compañeros, conocidos o simples simpatizantes de Óscar Pérez son perseguidos desde entonces por las fuerzas gubernamentales, que mantienen entre rejas y entre torturas a varios de ellos.
Hasta el sacerdote que ofició el entierro a la fuerza del Rambo venezolano, supervisado por el Gobierno, tuvo que huir del país por las amenazas. Hasta la mujer que alimentó a los perros de Pérez fue detenida en una persecución sin fin. Sobre todos ellos pesa el estigma de la rebelión contra el Estado.
El dirigente opositor y su acompañante cumplirán así el deseo de Aminta Pérez, cuyo salud se quebrantó de tanto dolor. «Entregar las pruebas a La Haya, esa va a ser mi misión. Y lograr justicia», subrayó la madre al conocer la odisea emprendida por el ex diputado para que sus reclamos de justicia sean escuchados tras fracasar en su país.
Azuaje es natural de Barinas, la cuna de la revolución, incluso militó en el chavismo antes de abandonar sus filas para denunciar por corrupción a la familia del «comandante supremo». En la actualidad, este dirigente de Primero Justicia (partido del ex candidato presidencial Henrique Capriles y de Julio Borges, «canciller» de Juan Guaidó) se encuentra en el exilio.
La viuda del policía Pérez, sus tres hijos y Aminta están asilados en EEUU. Incluso Donald Trump reconoció públicamente su lucha. La intrahistoria de cómo las imágenes de las pruebas forenses y periciales que confirman la ejecución de los siete jóvenes llegaron hasta Azuaje y la familia del líder del grupo sublevado es otra pequeña historia dentro de la gran historia. El dirigente opositor esconde los detalles más trascendentales, pero detrás de la iniciativa surge otro pequeño héroe. Se trata de Sondas Cortez, detective y compañero de Pérez en la Policía Científica.
LA HISTORIA DE LAS FOTOS
«Yo tuve acceso al material fotográfico y luego de evaluarlo me percaté de que existía una completa violación de los Derechos Humanos. En vista de que en mi país no se respeta el derecho a la verdad, tomé la decisión de trasladar esas evidencias científicas a Colombia para entregárselas al diputado Wilmer Azuaje y que este las eleve a las instancias jurídicas que sean necesarias y se haga justicia», resumió el policía en una grabación audiovisual de sonido deficiente. Cortez se encuentra escondido hoy en un país latinoamericano.
Una vida que parecía de ficción y que a la postre se convirtió en uno de sus principales obstáculos, al sembrar dudas sobre el origen y los objetivos de su rebelión. A la postre, un héroe al que pocos creyeron.
Pérez conocía a fondo el arte de la defensa, pero no lo exprimió durante su pulso al Estado: en su vuelo en helicóptero sobre el Tribunal Supremo, portando un mensaje con la palabra «Libertad», sólo lanzó un par de granadas aturdidoras. Su intención era levantar la voz «contra la tiranía» en medio del asalto chavista al Parlamento democrático. Después llegarían sus apariciones por sorpresa en concentraciones masivas o sus vídeos en YouTube.
En el asalto a un pequeño cuartel cerca de Caracas, otra pequeña película de no ficción, sólo impartió doctrina a los soldados presentes, que miraban asustados al hombre más buscado como si se tratara de una aparición. En esos momentos no se sentía Rambo, sino una especie de Robin Hood que soñaba con levantar a su pueblo.
El Parlamento democrático y la fiscal rebelde, Luisa Ortega, adelantaron en sus investigaciones que los siete sublevados contra Maduro sufrieron una ejecución extrajudicial. «Resultaron ajusticiados con disparos en la cabeza. La dictadura asesina obviamente jamás abrió investigación para no inculparse a sí misma», denunció la diputada Delsa Solórzano, al frente de la comisión que estudió la masacre.
La fiscal Ortega fue más allá al incluir en el informe enviado a principios de año a la propia CPI una batería de crímenes de lesa humanidad junto a otras pruebas, fotográficas y de la autopsia. «Irrumpieron en la casa y dispararon ráfagas contra Pérez y los suyos. Algunos presentan incluso orificios en las palmas de la mano y en los brazos; se quisieron proteger ante los disparos. Hasta en la guerra la vida de los rendidos debe ser respetada según el Derecho Internacional Humanitario», explica a Crónica Ortega desde su exilio en Bogotá. «Los liquidaron», sentencia quien fuera una estrecha colaboradora de Hugo Chávez, convertida hoy en un martillo constante de denuncia contra los abusos del Gobierno de Maduro.
Las investigaciones de la Fiscalía venezolana entre 2015 y 2017 ya habían determinado al menos 5.000 ejecuciones, la evidencia de que el crimen se combate a sangre y fuego y con agentes con licencia para matar y robar. Hasta ahora, la Corte Penal Internacional ha decidido mirar hacia otro lado, como bien saben los defensores de los derechos humanos de los venezolanos. El informe anual publicado por su Fiscalía ha dejado claro que Venezuela no es una prioridad frente a Filipinas y Ucrania, pese a las constantes vulneraciones. «Ha dejado entrever que no está muy satisfecha con la calidad de la información recibida», resume desde Washington el internacionalista Mariano de Alba.
LOS ÚLTIMOS VÍDEOS DE ÓSCAR PÉREZ
«Estamos negociando, no queremos hacer frente a funcionarios, también son conocidos de nosotros. Para los que tuvieron dudas, aquí estamos, peleando. Nos han disparado, estamos agazapados. Venezuela, no pierda la esperanza, vamos a seguir por ustedes», advirtió Óscar Pérez en el primer vídeo de aquella madrugada de enero de 2018. Comenzaba así el asalto y ejecución en directo, retransmitidos a través de las redes sociales, sin censura, con la angustia a flor de piel. Alrededor del escondite en una zona montañosa, 500 militares, policías, paramilitares y agentes de las FAES, dispuestos a cobrar la pieza más cotizada para la revolución. Tres semanas antes, Maduro aprovechó uno de sus discursos televisivos para ordenar «tolerancia cero» contra «el grupo terrorista financiado por Miami». «¡Plomo con ellos, compadre!», clamó el mandatario.
En el siguiente vídeo se perciben claramente las negociaciones con un mayor, situado frente a la casa, con varios de sus hombres y en actitud bastante relajada. Falsa ilusión: el drama de la muerte en directo estaba a punto de comenzar. El siguiente vídeo, donde se ve cómo los sitiados son bombardeados con lanzagranadas desde una vivienda próxima, dio la vuelta al mundo. «¡Nos disparan, nos están disparando!», clamó Pérez, con sangre en el rostro, repitiendo sus deseos de entregarse. Cientos y cientos de disparos, bombazos, el tableteo de las metralletas. «Nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir», fueron sus últimas palabras.
El Gobierno confirmó más tarde la muerte de todo el equipo del famoso policía, pero no dejó a sus familiares acceder a la morgue, ni siquiera velar a sus seres queridos. El país asistía impactado al desenlace mortal con una incógnita sin despejar: ¿quién dio la orden de acabar con sus vidas? El general Manuel Cristopher Figuera, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, aseguró en verano en la CNN que la orden de «reducirlo, eliminarlo, matarlo» procedió del presidente.
«Orden cumplida», se congratuló en televisión el hijo de Chávez tras conocer el desenlace del asalto a la vivienda de El Junquito. «Les digo que a cada grupo que armen y financien para traer el terrorismo le va a tocar el mismo destino», concluyó el líder bolivariano.
DANIEL LOZANO Vía EL MUNDO
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