LA VIOLENCIA DEL INDEPENDENTISMO

Nieto, Millo y De los Cobos, amén de avalar la rebelión, pusieron al descubierto la voluntad rupturista de las autoridades catalanas

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, durante su declaración en el juicio del 'procés' . EFE

La imagen de esplai y cadenas humanas con la que el independentismo labró su imagen de movimiento pacífico no se compadece con la violencia institucional y la presión callejera ejercidas en otoño de 2017. El procés no fue una revolución de las sonrisas, sino un plan articulado desde el aparato institucional de la Generalitat cuyo objetivo era desbordar el marco legal para alcanzar la secesión de Cataluña. Las fuerzas políticas y sociales separatistas nunca mostraron una voluntad real de alcanzar un acuerdo con el Estado, sino que impusieron una consulta con el fin de arrogarse el derecho de autodeterminación, que no tiene cabida en el ordenamiento constitucional español ni europeo. El referéndum ilegal 1-O, organizado en un clima previo de acoso y violencia, era parte de una hoja de ruta que incluía, en el caso de consumar la separación, la promulgación de una Constitución que amparaba la retirada de la nacionalidad por razones arbitrarias y contrarias a derecho.

EL MUNDO revela hoy el borrador de la futura Constitución catalana, descubierto por la Policía Judicial en el marco de la investigación del 1-O. El borrador de la Carta Magna de la República catalana confiscado al ex juez Santiago Vidalestablece que "no podrán obtener ni conservar la ciudadanía catalana aquellas personas que, no siendo catalanes de origen, hayan sido militares profesionales y/o fuerzas de orden público militar o civil del Reino de España". Además, contempla la posibilidad de "analizar caso por caso y otorgarles la nacionalidad catalana si renuncian a la de origen", y prevé el cese de todos los funcionarios del Estado español, la derogación de la Monarquía y la confiscación del patrimonio propiedad del Estado. Estas disparatadas previsiones constitucionales se incardinaban en la Ley de Transitoriedad Jurídica, en sí misma una aberración despótica que contemplaba la deposición de jueces desafectos.

Esta planificación encaja con las declaraciones de José Antonio Nieto, Enric Millo y Diego Pérez de los Cobos en la vista oral del 1-O. El ex secretario de Estado de Seguridad, al contrario que el ex ministro Zoido -que descargó la responsabilidad del despliegue policial en los mandos operativos-, ofreció datos para avalar la inacción de los Mossos tanto en el asalto a la Consejería de Economía el 20 de septiembre como en el referéndum, contraviniendo así el mandato judicial. El ex delegado del Gobierno describió el acoso previo a la consulta, de la que responsabilizó a Puigdemont. Y el coordinador policial para el 1-O -designado por el fiscal jefe del TSJC- aseguró que siempre dudó de los Mossos antes del referéndum, confirmó el "ambiente tenso" en la Junta de Seguridad y dejó claro que Trapero mostró su disconformidad con su nombramiento. Estos tres testigos de cargo, amén de avalar la rebelión, pusieron al descubierto la deslealtad y la voluntad rupturista de las autoridades catalanas.

                                                                                 EDITORIAL de EL MUNDO