El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. EFE
Los demócratas españoles asisten estos días perplejos al espectáculo de un presidente del Gobierno no refrendado directamente por las urnas, o más bien perdedor impenitente en las mismas cuantas veces lo ha intentado, que, después de su peripecia como presidente por accidente durante un puñado de meses, se ha visto obligado a disolver las cámaras y convocar elecciones generales, pero que, sin embargo, sigue gobernando como si tal cosa, como si aquí no hubiera pasado nada, como si contara con respaldo parlamentario bastante para hacerlo con normalidad. Gobierna a golpe de real decreto ley, después de que la mayoría independentista que le llevó al poder en mayo pasado le tumbara los Presupuestos para 2019. En plena campaña electoral, el sujeto sigue gobernando mediante la fórmula de esos decretos que su Consejo de Ministros expele cada viernes, los “viernes sociales” de Sánchez, con decisiones que implican aumento del gasto corriente y que inevitablemente condicionarán el desempeño del futuro Gobierno. Se trata de una burda utilización del BOE para hacer campaña electoral. Hablamos de la compra de votos privados con dinero público. Jamás se había visto cosa igual en 40 años de democracia.
Este último viernes, el Ejecutivo en funciones aprobó otro de tales decretos ley, titulado “de medidas urgentes de Protección Social y Lucha contra la Precariedad Laboral en el Trabajo” que incluye la ampliación del subsidio para parados mayores de 52 años y que, al parecer, beneficiará a cerca de 115.000 personas de entre 52 y 55 años. A punto de referirse a los presentes como “ustedes” y “ustedas”, la indescriptible Isabel Celaádefendió en rueda de prensa la “obligación democrática” que tiene el Ejecutivo de seguir haciendo lo que le dé la gana a pesar de hallarse en funciones, ello con total desprecio a las reglas del juego democrático y en virtud de una supuesta necesidad de “adoptar acuerdos” a los que de inmediato hay que dar publicidad mediante esas ruedas de prensa, pura y descarnada propaganda de partido, que PP y Ciudadanos han pedido suprimir mientras nos hallemos en periodo electoral.
Es la utilización del BOE como caja de resonancia del programa electoral socialista; es el uso del aparato del Estado con fines partidarios. Cierto que, ante la inminencia de unas generales, todos los Gobiernos han pretendido sacar ventaja, de una u otra manera, de sus últimos días en Moncloa, pero nunca se había dado un caso tan desvergonzado como este, una situación que aúna lo indecente y lo inmoral en grado superlativo, nunca tan clara la pretensión de suplir la ausencia de Presupuestos, rechazados por la mayoría que le colocó en Moncloa, mediante la utilización torticera de esos decretos ley que vacían de sentido la propia celebración electoral: para eso precisamente se suelen convocar elecciones generales, para que los ciudadanos digan por quién quieren ser gobernados y cómo lo quieren ser, con qué Presupuestos y con qué prioridades del gasto.
Dicen que las ministras del Gabinete apoyan decididamente el pucherazo electoral con el que cada viernes Sánchez obsequia a los españoles. Lo apoyan y teorizan, tarea que escapa a las capacidades del inquilino de Moncloa. Particularmente llamativo resulta el papelón de Nadia Calviño, esa listísima señora, al decir de los “media”, que como adelantada de Bruselas llegó precisamente para garantizar la ortodoxia fiscal del Gobierno Sánchez. Nadia se ha convertido en el exacto reflejo de lo que en su día fue Pedro Solbes con el Gobierno Zapatero, otra consentidora, otra que conoce la asignatura pero que prefiere callar como mandan los cánones del mejor PSOE, con los resultados de sobra conocidos. La ministra Marisú Montero, una licenciada en Medicina ahora responsable de la cosa hacendística, reconoce con desparpajo en privado que las cuentas públicas cerrarán el año con un déficit del 2% del PIB (22.000 millones), aunque algunos expertos elevan el desfase hasta el 2,8% (unos 31.000 millones).
Duro ajuste fiscal en el horizonte
Quiere ello decir que el Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril tendrá la legislatura hipotecada por la irresponsable conducta de Sánchez, el inmoral comportamiento de un Gobierno en funciones que, con el respaldo de 84 diputados, pretende seguir gobernando como si contara con el respaldo de una cómoda mayoría, con grave daño para las instituciones y una notoria falta de respeto a las reglas del juego democrático, la primera de las cuales consiste en no condicionar las políticas de cualquier Gobierno de nuevo cuño salido de las urnas. Así pues, el próximo Ejecutivo estará obligado a poner en marcha un duro ajuste fiscal, ello como consecuencia de la determinación de nuestro aprendiz de Maduro de incrementar el gasto público corriente para asegurarse un buen colchón de votos. Comprar votos con el dinero de todos. Tirar con pólvora del Rey.
Contaba mi padre con fruición el indecente comportamiento que en Tierra de Campos, con una estructura de la propiedad de la tierra muy alejada de las grandes fincas que la nobleza terrateniente controlaba en otras zonas de España, solían desplegar los caciques locales, siempre ligados al partido conservador, a la hora de comprar el voto de los agosteros en todos y cada uno de los lances electorales del periodo de la Restauración canovista (1875-1923). “Es que don Fulano está pagando el voto a dos pesetas en Paredes; yo por una no lo vendo”, argüían los vecinos de Villada. La historiografía moderna se ha ocupado ampliamente del binomio elecciones y caciquismo durante ese medio siglo, binomio explicable en el ambiente de “insultante indiferencia” (José Varela Ortega) existente en la España rural hacia una estructura de poder abrumadoramente urbana, y la “anemia cívica” (Joaquín Costa) de la mayoría de los políticos de la época. Lo que pocos hubieran podido sospechar es que, más de un siglo después, un presidente del Gobierno de la España democrática fuera a reeditar, en una inaudita combinación de desparpajo y desvergüenza, ese tipo de prácticas caciquiles utilizando esta vez el dinero público.
El cacique de antaño es ahora el Consejo de Ministros de Sánchez oficiando en la misa mayor de los “viernes sociales”. En lugar de las dos pesetas que el conde de Gamazo pagaba en Paredes de Nava, el campeón de la impostura que nos gobierna paga ahora a los españoles en especie, les paga con la subida del SMI (ya ha empezado a causar estragos en el empleo de la franja de población menos formada), con la indexación de las pensiones al IPC, con los subsidios para parados, con los permisos de paternidad de cuatro meses (¿alguien ha pensado en los efectos que medidas de este tipo pueden tener sobre la viabilidad de esas pymes que mayoritariamente dan empleo en España?). Nadie piensa aquí en las empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas, a las que el poder considera simples bultos sospechosos a los que freír a impuestos y hacer la vida imposible a base de burocracia.
Aumentar gasto corriente; recortar inversiones
La ministra Marisú asegura en su círculo íntimo que “habrá que contrarrestar el aumento del gasto corriente con un recorte de las inversiones” y se queda tan ancha. Recortar la inversión en un momento en que el mundo desarrollado se encuentra en plena revolución tecnológica es cerrar la puerta al futuro. Es la realidad de una España perennemente atascada en el barro de sus viejos demonios familiares (revestidos ahora de feminismo y otros “ismos”) históricos, una España alejada de los grandes debates de nuestro tiempo, aquellos que ahora ocupan a los países punteros y que tienen que ver con cosas tan capitales como el futuro del empleo: en qué se van a ocupar las nuevas generaciones de españoles en un tiempo en que la máquina está sustituyendo el trabajo humano no cualificado, cómo vamos a evitar que los nuevos aires de crisis que soplan a nivel mundial (la OCDE lo acaba de ratificar sombría) lleven nuestra tasa de paro (en cuanto empiece a caer la recaudación, como siempre ocurre en España) a niveles inaceptables, desde luego incompatibles con el mantenimiento de la paz social y la convivencia, tasas que podrían hacer palidecer aquel 26% que se llegó a registrar en lo peor de la pasada crisis.
¿Hay alguien ahí? El señorito Sánchez sigue con sus “viernes sociales”, mientras Pablo Casado protesta ante la Junta Electoral Central cuando tendría que haber ido directamente al juzgado de guardia o, por lo menos, al Constitucional, para parar esta reedición del “golpe de Estado permanente” con el que François Mitterrand censuró agriamente las políticas del general De Gaulle en la IV República. Lo suyo es volver a gobernar como sea, con el respaldo de los mismos, y con las políticas económicas que tanto bienestar material han proporcionado al mundo gracias al socialismo. Políticas, eso sí, de un éxito fulgurante a la hora de colocar a los amigos todos en el aparato del Estado. Como en la España de Romanones. Cuatro años más con este sujeto en Moncloa, con el apoyo parlamentario de neocomunistas y separatistas y el respaldo del abrumador aparato mediático que ahora le lleva en volandas, serían más que suficientes para cambiar España de arriba abajo. Un país en casi nada parecido a Dinamarca y, por el contrario, muy parecido a Venezuela. Es lo que está en juego.
JESÚS CACHO Vía VOZ PÓPULI
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