Toda organización que aspire al éxito ha de disponer de mecanismos internos de exigencia de responsabilidades a dirigentes incompetentes cuyas pifias perjudiquen al conjunto y pongan en riesgo los objetivos fijados. En la empresa privada, los ejecutivos que toman decisiones equivocadas o que yerran en su estrategia pagan con el cese su torpeza o, como mínimo, con la pérdida de incentivos, el traslado a un puesto inferior o una rebaja salarial, dependiendo de la magnitud del perjuicio causado a la empresa. Lo mismo le sucede a un funcionario manifiestamente incapaz o a un militar o a un policía que en el desempeño de su cometido vulnera las normas o se excede en sus atribuciones. El nivel de la sanción recibida es función, naturalmente, de la gravedad de la falta cometida y del grado del daño provocado. La misma regla suele aplicarse a otras profesiones y, en general, nadie, o casi nadie, se va de rositas en caso de negligencia o incumplimiento de sus obligaciones en su trabajo, tanto en el sector público como en el privado.
A esta lógica e higiénica práctica hay una excepción inquietante, la de los máximos responsables de los partidos políticos con representación institucional. Los ejemplos de esta anomalía son tantos que podrían llenar decenas de páginas. Veamos tres sucesos recientes que la ilustran a la perfección: la propuesta fallida de Jorge Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, las desafortunadas alusiones de Cristina Cifuentes a los andaluces en su crítica al sistema de financiación autonómica y el empecinamiento de Pablo Iglesias en defender lo indefendible en relación a las operaciones inmobiliarias de su hombre en Podemos Madrid. Cada una de estas maniobras, en el PP las dos primeras y en Podemos la tercera, era evidente que constituía un sonado disparate desde una perspectiva política y que iba a causar, como así ha sido, un serio roto a las respectivas formaciones. No hay que ser un lince ni estar dotado de un coeficiente intelectual espectacular para advertir que impulsar la candidatura para una relevante función parlamentaria de un ex-ministro reprobado por el Congreso, pegar una patada al avispero de los agravios territoriales cuando bulle la ofensiva separatista en Cataluña o elevar al vértice de una fuerza de extrema izquierda que hace del rigor ético su bandera a un individuo que actúa en su vida privada en contradicción flagrante con sus postulados, son tres meteduras de pata monumentales que ninguna persona con algo de discernimiento cometería. Sin embargo, las cúpulas de estos partidos se han lanzado a operaciones tan dañinas como absurdas en contra de la prudencia más elemental y presumiblemente sin un análisis previo de los efectos de las mismas. Cabe la pregunta de si la política es una actividad destructora de cerebros hasta el punto que acaba transformando tarde o temprano a sus practicantes en auténticos negados o si debemos acudir a otra explicación plausible de este tipo de comportamientos aparentemente incomprensibles.
A poco que se reflexione, es fácil llegar a la conclusión de que la impunidad frente a la incompetencia de los núcleos rectores de los partidos políticos en España tiene su origen en la falta de democracia interna y en el sistema electoral. La combinación letal de estos dos factores elimina cualquier temor de los que mandan a una posible asunción de responsabilidades por sus actos, por estúpidos o contraproducentes que sean. Las oligarquías que manejan estas organizaciones están blindadas por procedimientos estatutarios que hacen extraordinariamente difícil un control de los estratos inferiores sobre los superiores. Todo está diseñado para que cualquier intento de solicitar explicaciones o presentar alternativas críticas sea una misión tan ardua y peligrosa que pocos se atreven a tal hazaña. Los líderes, rodeados de guardias de corps formadas por aparatos tan perrunamente leales como despiadados, se sitúan en una posición prácticamente inalcanzable para las quejas, las demandas de rectificación o las protestas de los de abajo y, salvo catástrofes inauditas o flagrante delito, pueden mantenerse al volante del partido a pesar de una ejecutoria escandalosamente insatisfactoria. La segunda fuente de poder absoluto de los jefes es el perverso montaje de las listas cerradas y bloqueadas que elaboran personalmente de manera férreamente dictatorial. El miedo cerval a ser tachado en las próximas elecciones transforma al más fiero opositor en suave corderillo y únicamente los verdaderos héroes, dispuestos a arriesgar su escaño para ser fieles a sus convicciones, vencen este obstáculo y normalmente pagan con el ostracismo su osadía. Incluso en aquellos partidos que han adoptado las primarias para elegir a sus cabezas de filas, el aparato central influye impúdicamente sobre el resultado mediante las ventajas que le da su preeminencia orgánica con total desprecio de la neutralidad que debería mostrar y rara es la vez que no consigue que sea su candidato el que triunfe.
Si no fuera por estas barreras a la dinámica natural de mejora de la calidad de las elites, ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez hubieran sobrevivido a los desastres electorales experimentados por el PP y el PSOE el 20 de Diciembre de 2015, en el caso del ex-Secretario General socialista agravado hasta el bochorno el 26 de Junio de este año. Como siempre, tropezamos con un diseño institucional defectuoso que se salta a la torera en el caso que nos ocupa el mandato del artículo 6 de la Constitución. Cuando se escucha el lamento reiterado sobre el progresivo deterioro que ha sufrido el nivel intelectual y moral de la clase política desde la Transición hasta hoy, hay que insistir en que este decepcionante proceso es el fruto inevitable de los dos elementos que he señalado, la falta de democracia interna de los partidos y un sistema electoral nefasto. Mientras no se acometan las profundas reformas que corrijan tan obvias deficiencias, seguiremos condenados al espectáculo indignante que nos proporciona periódicamente la licencia para cometer errores de la que disfrutan los autócratas pretendidamente democráticos que pilotan nuestros partidos políticos.
ALEJO VIDAL-QUADRAS Via VOZ PÓPULI
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