La legislatura ha comenzado, pero a medio gas.
EFE
España celebró elecciones
generales el pasado 28 de abril y, más de un mes después, seguimos sin
nuevo Gobierno y, lo que es peor, sin que se atisbe que lo vaya a haber
en un futuro próximo. Y no ha sido por falta de acuerdo de los
diferentes actores, sino por una deliberada decisión de retrasar los
plazos. Nuestros dirigentes están encantados con ello, pero semejante
actitud vuelve a poner de manifiesto la tradicional indolencia de la
clase política española... siempre tendente a la procrastinación en
lugar de a afrontar los problemas.
El primer retraso intencionado se produjo cuando se
decidió que la sesión constitutiva de las nuevas Cortes fuera el 21 de
mayo, es decir, casi al límite del plazo previsto por la Constitución,
que exige que la legislatura comience dentro de los 25 días siguientes a
la celebración de las elecciones.
A continuación,
todo lo que hemos visto ha ido en la misma dirección: dilatar los
plazos. La nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet,
fue a ver al Rey el 22 de mayo... pero desde entonces estamos esperando
a que se organice la tradicional ronda de consultas que Felipe VI debe hacer antes de proponer un candidato a la presidencia del Gobierno.
Finalmente,
parece que será esta semana cuando veamos desfilar por La Zarzuela a
los diferentes representantes políticos, pero nada garantiza que pueda
haber una propuesta formal del Rey al final de las consultas porque el
vencedor de las elecciones, Pedro Sánchez,
ni siquiera ha comenzado a hablar con los grupos parlamentarios para
intentar recabar sus apoyos. De hecho, el Gobierno habla sin ningún
rubor de que la sesión de investidura será "la primera o la segunda
semana de julio", según indicó el pasado viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá.
Como
es obvio, todo esto obedece al intento de Sánchez de dejar la
negociación del Gobierno central para después de que se hayan
constituido los ayuntamientos (15 de junio) y los parlamentos
regionales, los primeros de los cuales echarán a andar el día 11.
Intereses particulares
¿Es
todo esto razonable? Desde el punto de vista partidista, seguramente
sí, pero demuestra una vez más que nuestro políticos no piensan en los
intereses generales sino en los suyos particulares. Llevamos con un
gobierno en funciones desde el 5 de marzo y a nadie le preocupa que
estemos así, como mínimo, hasta comienzos de julio: ¡cuatro meses!
Y este impasse podría prolongarse
aún más porque fuentes gubernamentales barajan la opción de que se
celebre una primera sesión de investidura, a comienzos de julio, y que
tras las dos votaciones pertinentes Sánchez no logre conseguir la
mayoría necesaria. Ello serviría para poner en marcha la cuenta atrás
hacia unas nuevas elecciones, es decir, que comiencen los dos meses
necesarios para que se puedan convocar... y así presionar tanto a
Podemos como a Ciudadanos, con el objetivo de que flexibilicen sus
posiciones con vistas a una nueva sesión de investidura, que ya sí sería
exitosa. Si esta teoría acaba confirmándose, podríamos estar sin
Gobierno incluso hasta el mes de septiembre.
Quizás
todo ese tiempo sea necesario para que unos y otros acaben olvidando los
absurdos vetos que se han impuesto durante la campaña y logren los
pactos que permitan dotar al país de cierta estabilidad. Si así fuera,
habría merecido la pena esperar, pero ahora mismo no parece que ello
vaya a suceder.
España lleva parada desde 2015,
inmersa en una parálisis política que impide hincarle el diente a
problemas cuya solución no se puede dilatar mucho más tiempo. De hecho,
el Banco de España y múltiples indicadores nos están alertando de que
una nueva crisis económica está en ciernes... y aquí seguimos como la
orquesta del Titanic, como si nada fuera con nosotros.
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