El ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados declarará el próximo día 21 en la Audiencia Nacional por primera vez desde que estalló la operación Púnica y tras llevar interno en la prisión de Estremera (Madrid) desde octubre de 2014. Lo hará en una sala de vistas repleta de abogados ya que el ex dirigente del Partido Popular ha preferido comparecer en la sede judicial en una "declaración abierta" en vez de hacerlo de forma "privada".
Según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli, desde el tribunal se le ofreció de forma discreta a la representación letrada de Granados las dos posibilidades. Por un lado, se le dio la oportunidad de "declarar al estilo Marjaliza", es decir, con la única presencia del juez Eloy Velasco y las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez en la sala de declaración, sabiendo que de esta forma se contaba con la tranquilidad de que las palabras que el imputado fuera a contar en su comparecencia judicial, en caso de que fuese a 'tirar de la manta' permanecerían en secreto.
De hecho, desde que su ex socio David Marjaliza 'tiró de la manta' en junio de 2015 hasta que trascendió parte de su declaración a los medios de comunicación pasaron varios meses, ya que desde el Juzgado se instó a guardar máximo silencio para no perjudicar la investigación. Si el ex consejero madrileño hubiese aceptado dicha oferta, habría sido citado en el marco de la pieza separada que se mantiene bajo secreto de sumario en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Pero el investigado -nuevo término legal para el imputado- declinó hacerlo.
Recuperar el patrimonio oculto
Por otro lado, a la defensa de Francisco Granados se le brindó también la posibilidad de que éste declarara ante la atenta mirada de la treintena de abogados que están personados en el caso Púnica. Su letrados optaron por esta opción, lo que hace sospechar a los investigadores que el ex dirigente popular aportará "pocos datos" que puedan arrojar luz a esta macrocausa y ceñirá su declaración a tratar de "matizar" las palabras de Marjaliza.
El pasado 28 de noviembre, los abogados del ex dirigente del PP, Virginia Santana, Carlos-Pelayo y Carlos María García de Ceca, remitieron un escrito a la Audiencia Nacional donde solicitaban "prestar declaración al amparo de lo dispuesto en el art. 400 LECrim. sobre hechos que son objeto o han sido objeto de investigación en las diligencias previas que se le siguen por la comisión de diversos presuntos delitos". Dicho artículo legal recoge que "el procesado podrá declarar cuantas veces quisiere, y el juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa".
El escrito del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre, donde pidió declarar, fue remitido al tribunal el mismo día que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a rechazar su excarcelación. En su auto, donde se mantenía preso a Granados, los jueces aseguraban que se ha hecho más patente el presunto acopio de "importantísimas sumas de dinero" de ajena procedencia por parte del ex dirigente del PP, "ya sea por el hallazgo de casi un millón de euros en el domicilio de sus suegros, ya sea por la declaración de otros investigados o de testigos, o ya sea porque de lo investigado hay datos elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados, de la policía, de funcionarios, de su familia, de amigos, de testigos y de todo aquél que no siguiera sus directrices". Por estas razones, según los magistrados, siguen vigentes los motivos por los que el juez instructor acordó la prórroga de prisión.
Asimismo, las distintas fuentes de la investigación consultadas explican que si Granados decide ahora cambiar de estrategia de defensa y colaborar con la Justicia, esa colaboración tiene que pasar forzosamente porque confiese dónde mantiene presuntamente ocultas importantes sumas de dinero. Tanto el magistrado Velasco como las fiscales Anticorrupción entienden que parte del dinero que el ex consejero de Aguirre cobraba como mordidas o comisiones ilegales aún no han sido halladas por la Audiencia Nacional.
ÁNGELA MARTIALAY Vía VOZ PÓPULI
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