El escenario es de sobra conocido para quienes hayan seguido el relato pormenorizado que Teresa Lázaro, responsable de la información macroeconómica, viene realizando en este diario. El Gobierno Rajoy lo ha vuelto a hacer. Ha repetido el bofetón fiscal que, vía subida de impuestos, propinó a los españoles en diciembre de 2011 nada más ganar las generales del mismo año. Las medidas adoptadas ahora por el Ejecutivo en materia fiscal, básicamente el aumento del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, la subida de los costes laborales con el incremento de las bases mínima y máxima de cotización, y el incremento del SMI en un 8% en materia social, no le van a salir gratis a nadie en términos de frenazo a la inversión, ralentización del crecimiento y menor creación de empleo, algo que incidirá de forma especial en los parados de larga duración y en los menos cualificados.
Obligado por el gendarme de Bruselas a continuar con el proceso de consolidación presupuestaria –vulgo reducción del déficit público-, el Gobierno Rajoy trata de hacerlo operando solo por el lado de los ingresos, con total olvido del gasto estructural. Si en diciembre de 2011 los golpeados fuimos todos como contribuyentes, en diciembre de 2016 el palo y tente tieso se lo llevan las empresas que, al parecer, no votan. Ni rastro de ese rigor liberal que debería suponerse en un partido supuestamente de centro derecha.
Confieso sentir una cierta debilidad por el ministro Cristóbal Montoro, un tipo no carente de sentido del humor en las distancias cortas. El hombre se considera un liberal tan convencido como incomprendido, un tipo al que le ha tocado bailar con la más fea de las crisis, lo que le ha obligado a hacer cosas, tal que subir impuestos directos a trote y moche, que jamás hubiera hecho en otra circunstancia. Don Cristóbal entiende que ese sacerdocio soporta un precio en términos de imagen personal, situación que acepta con la resignación del santo varón dispuesto a dejarse lapidar si de salvar a sus desagradecidos paisanos se trata. Lo que no sabe Montoro, o si lo sabe lo oculta, es que de liberal no le quedan ni las raspas, cosa que evidencia esa peculiar risita suya que aflora sacando colmillo cuando anuncia un nuevo asalto a mano armada al bolsillo del prójimo en nombre del Tesoro público. Él sería un perfecto ministro de Hacienda socialista, que hubiera dejado por peligrosos derechistas a tipos como Carlos Solchaga o, desde luego, Miguel Boyer. El problema, claro está, no es Montoro, sino, ya lo habrán adivinado, Mariano Rajoy, un tipo que preside un Gobierno del PP dispuesto a hacer las mismas políticas que haría cualquier Gobierno del PSOE.
Aunque el 26 de junio la derecha ganó las elecciones, a efectos prácticos es lo mismo que si las hubiera ganado el PSOE. Las políticas de corte descaradamente socialdemócrata han terminado por imponerse en la legislatura que empieza, sin resquicio para el menor aliento de corte liberal: nos gobierna, en efecto, una coalición de centro izquierda dispuesta a gastar a manos llenas y dar satisfacción a esa tropa de españoles para quienes el Estado está obligado a correr con el coste de las copas, porque el español medio es un sujeto tan blindado de derechos como carente de obligaciones que, simplemente, se lo merece todo. ¿Quién paga los platos rotos? La empresa, naturalmente.
Da la impresión de que agotada, por exprimida, la vía del IRPF, y vetada la subida del IVA por razones de imagen, la empresa es el pagano a quien sin mayor coste se puede esquilmar, puesto que deliberadamente hemos renunciado a operar sobre el gasto público. Hay que castigar a las grandes empresas, porque, según la versión que ha impuesto ese peculiar universo que componen las redes sociales, no pagan impuestos. Hay que laminar a ese ramillete de multinacionales de que, gracias al valor de sus cuadros directivos y a ciertas medidas fiscales que propiciaron la aventura en el exterior, un país como este, desprovisto de grandes capitales de raigambre industrial, logró dotarse en los años de bonanza económica.
Palo a la empresa. Lo quiere la izquierda, desde la más civilizada a la más cerril, y lo consiente la derecha mirando hacia otro lado. Esos 14.000 millones que el Gobierno le ha metido de clavo en solo tres meses al parque empresarial español es un castigo insoportable para muchas, que no hará sino matar la gallina de los huevos de oro. Con la peculiaridad de que van a pagar justos por pecadores. No solo van a sufrir las grandes, sino que se va a llevar por delante a mucha pequeña y mediana empresa. Van a destruir, sin construir nada nuevo.
Porque no son las empresas quienes pagan impuestos, sino los propietarios de las mismas, empresarios con nombre y apellido que van intentar trasladar esas subidas al consumidor final, van a tratar de repartir el castigo impositivo entre sus clientes y trabajadores y, en caso de no conseguirlo, van a reaccionar paralizando la contratación de nuevo personal, por no hablar de esos inversores que probablemente decidan llevarse su dinero a lugares menos hostiles a la actividad empresarial.
El PP se pliega a las exigencias del PSOE
El Gobierno se defiende enarbolando el argumento, bien cierto, de su minoría parlamentaria y la consiguiente necesidad de transar para sacar adelante los PGE y, en definitiva, poder gobernar. Asombra, sin embargo, la facilidad con la que el Ejecutivo se pliega a las exigencias de un PSOE en liquidación por derribo, esa aparente camaradería, esa mal disimulada complicidad con la que el PP asume como suyos postulados de la izquierda socialdemócrata. La subida del salario mínimo (SMI), por ejemplo, la mayor registrada desde 1980, unido al aumento de las bases mínimas y máximas de cotización, se traducirá en un importante aumento de los costes laborales que tendrá un impacto negativo directo sobre el empleo y la competitividad. De libro resulta recordar aquí que semejante aumento, sin un paralelo incremento de la productividad laboral, termina siempre provocando subidas de la tasa de paro, dificultando el acceso al mercado de trabajo de los colectivos más vulnerables.
“Es el precio que hemos tenido que pagar para lograr el apoyo del PSOE al techo de gasto”, argumentan en el Ejecutivo. Ideológicamente desarmado, el PP paga el precio que le piden y lo asume en silencio, renunciando a cualquier cosa que signifique un debate de ideas. El drama de las políticas económicas de la izquierda es que siempre terminan perjudicando a aquellos a quienes teóricamente dicen querer defender o cuya situación pretenden mejorar, no obstante lo cual sigue dando la matraca sin nadie en frente que le saque los colores. Esta derecha asilvestrada nuestra ha olvidado algo tan elemental como que la mejor forma de reducir la pobreza es generar crecimiento económico y crear empleo, de modo que calla, entregada de hoz y coz a las pulsiones populistas que reclaman a machete políticas redistributivas consistentes en freír a impuestos a particulares, los supuestamente ricos, y empresas, políticas que terminan en quiebras empresariales y en paro a mansalva. La gente debería saber que en términos de crecimiento y generación de empleo resulta menos gravosa la subida de un punto del IVA que el aumento del Impuesto sobre Sociedades, pero eso alguien debería explicarlo, alguien debería predicarlo desde el púlpito de los medios de comunicación que controla el Gobierno.
Llama la atención la ausencia en el Ejecutivo de una evaluación rigurosa del coste, en términos de crecimiento y empleo, de las medidas comentadas. El ministerio de Hacienda (el problema es particularmente acuciante en su secretaría de Estado, donde parece anidar un mar de ignorancia profunda sobre la realidad empresarial que sería necesario extirpar cuanto antes) no parece haber evaluado en profundidad ni estudiado con detenimiento el impacto negativo del sartenazo fiscal a las empresas. Cálculos conservadores cifran ese coste en dos décimas menos de crecimiento del PIB para 2017, y en 90.000 empleos menos de los que se podrían crear en otras condiciones. La economía sigue tirando, cierto. Las cosas van bien, porque seguimos instalados en fase expansiva, pero podrían ir mejor. Es el coste de oportunidad. ¿Cuánto más se podría crecer de haber hecho bien las cosas? ¿Cuánto empleo adicional se podría crear de no considerar a las empresas como sujetos dignos de toda sospecha?
¿Qué falta hace el PSOE?
El resultado es que, aunque dice gobernar el PP, quien lo hace de verdad es el destartalado PSOE y sus 85 diputados. La consecuencia es la misma. Rendición ideológica y sumisión práctica. “¡Es el precio de la gobernabilidad!”, sostienen en Moncloa. Sostienen más: rizan el rizo al decir que están prestando un servicio tan importante a España como la salvación del PSOE. Lo dicen y se quedan tan frescos, mientras, incontinentes, calan el chapeo, requieren la espada, miran al soslayo, se van y no hay nada. Salvar al soldado PSOE. Rescatarlo de la desaparición como pieza esencial para el funcionamiento de la maquinaria del régimen. Toca ración de populismo, política económica socialdemócrata y heroica labor de rescate del PSOE. Ese es el cuadro en el que se mira, embelesada, una derecha que ha perdido cualquier referencia liberal, dispuesta, eso sí, a seguir ocupando con mano de hierro y sin competencia alguna esa amplísima banda ideológica que va desde la extrema derecha hasta el centro izquierda. Con este PP, ¿qué falta le hace al régimen un PSOE? ¡Feliz Navidad a todos!
JESÚS CACHO Vía VOZ PÓPULI
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