Con el desenfado que le caracteriza, ese aire de cuñado gracioso y bien cebado llegado de Madrid para alegrarnos la cena de Navidad con sus chistes, Méndez de Lugo, perdón, de Vigo, dio el viernes la clave de lo ocurrido en las últimas jornadas al hablar del alto rendimiento “de las reuniones celebradas en apenas 10 días” con la oposición y de sus resultados, concretados en la aprobación del nuevo cuadro macroeconómico, la fijación del techo de gasto en 118.337 millones (punto de partida para la elaboración de los PGE de 2017), el objetivo de déficit comprometido con Bruselas para el próximo ejercicio (fijado en el 3,1% del PIB, con recorte de 16.000 millones respecto al 4,6% de cierre previsto para este año), y los “cambios fiscales”, vulgar subida de impuestos, aprobados para elevar la recaudación en 7.500 millones y cumplir con aquel objetivo, además de los acuerdos alcanzados con el PSOE, a espaldas de Ciudadanos, para lograr el respaldo socialista a los PGE, acuerdos que entre otras cosas contienen una subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Todo en 10 días, vino a decir Méndez de Vigo. En 10 días lo que no hicimos en 4 años de mayoría absoluta.
Las empresas pagan el pato. ¿A quién estamos apretando las clavijas?, vino a preguntarse el viernes el titular del Ministerio para la Subida de Impuestos, cargo que en el Gobierno Soraya ocupa don Cristóbal Montoro: “No a las familias”, se respondió con ese peculiar gracejo suyo, “tampoco a los autónomos o a las pymes; lo hacemos a las grandes empresas”, concluyó satisfecho, grandes empresas que, como todo el mundo sabe, como el dinero público que dijo aquella ministra socialista, no son de nadie. En el reino de la socialdemocracia que nos domina, las empresas son bultos sospechosos a los que hay que atizar antes de preguntar, freír a impuestos hasta que cante la gallina, porque seguramente estarán defraudando a más y mejor, con nuestro consentimiento, claro está, pero eso nunca lo vamos a reconocer, de modo que leña al mono que es de goma. Cualquier cosa antes que recortar el gasto público. La subida del Impuesto de Sociedades –porque de subida se trata, por mucho que se disfrace- supondrá recaudar unos 4.500 millones más.
A la empresa se le castiga igualmente con la modificación a introducir –en el marco del Pacto de Toledo- en los topes máximos y mínimos de las cotizaciones a la Seguridad Social. El coste de un trabajador para la empresa se descompone en dos grandes rubros, salario y cotizaciones sociales; la elevación en 3 puntos de la base máxima (con la que se espera ingresar del orden de 400 millones) de cotización supone, en definitiva, aumentar los costes salariales para la empresa en lo que no deja de ser una especie de impuesto encubierto a las rentas altas: si no les hemos podido subir el IRPF a palo seco, hagámoslo elevando las bases de cotización a la Seguridad Social. En realidad, las empresas han sufrido en los primeros escarceos del nuevo Gobierno un castigo bastante más duro que los 4.500 millones (“que son los que necesitamos para cumplir el ajuste estructural”, palabra de Montoro) ahora anunciados, pues a esa cifra habría que sumarle los más de 8.000 provenientes del aumento del mínimo obligatorio del pago fraccionado aprobado en septiembre, más la comentada subida de las bases de cotización. Un duro rejonazo, que podría tener sus consecuencias a la hora de abrir o cerrar el grifo a nuevas contrataciones. ¿Ha reparado en esta vertiente del problema el señor Rajoy, nuestro aguerrido campeón del “Todo por el Empleo”?
Para cerrar el círculo de la presión sobre la empresa, en este caso la PYME, el Ejecutivo ha aprobado un aumento del SMI del 8%, que de esta forma pasa de los 655 euros actuales a 707, una medida que sin duda está muy bien a la hora de proteger a los más desfavorecidos, pero que puede tener consecuencias adversas para esos cientos de miles, quizá millones, de jóvenes que buscan su primer empleo. Un país con un paro juvenil del 41%, debe tentarse la ropa a la hora de adoptar gestos de esta clase que a menudo perjudican en lugar de favorecer a quienes más lo necesitan. En definitiva, el Gobierno del PP ha venido a adoptar buena parte del programa del partido socialista en materia social, lo cual puede que, de nuevo, esté muy bien, si no fuera porque ambos partidos son en teoría, solo en teoría, distintos, y los 8 millones de votantes a los que Rajoy y sus mariachis han vuelto a engañar con la nueva subida de impuestos (no hemos hablado del alcohol, las bebidas azucaradas, la picadura de liar y otros “vicios para la salud” (sic) en versión Montoro), votaron PP, que no PSOE.
El PP asume el programa social del PSOE
Los populares han asumido el programa del PSOE dejando en la estacada a Ciudadanos (“es preferible entendernos con los que suman con holgura y no con el voto marginal”, de nuevo el gran Cristóbal), dando la espalda al partido que le garantizó la investidura en las Cortes, lo que de alguna forma supone enviar a la papelera el pacto con las famosas 150 medidas suscrito a finales de agosto entre Rajoy y Albert Rivera. “El presente acuerdo compromete a las formaciones firmantes una vez que el Congreso otorgue su confianza al candidato en la próxima sesión de investidura”, reza la última línea del mismo. El papelón de C’s es de aúpa. El partido naranja anunció el viernes que este lunes negociará con el PP, es decir, acudirá a la mesa donde se han sentado PP y PSOE a recoger las migajas y firmar lo que ambos han rubricado. La deslealtad de Rajoy con su socio originario es manifiesta, lo cual pone de nuevo en evidencia algo que es un secreto a voces: que el verdadero enemigo del PP no es un PSOE hecho unos zorros, sino un partido como C’s que en algún momento llegó a amenazar su absoluta hegemonía en el espacio del centro derecha español.
Es la madeja en la que anda enredado Rivera. La incógnita que va a tener que despejar antes o después si no quiere meter a C’s en una deriva hacia la nada que podría ser tan rápida como lo fue la de UPyD en su día. En el paisaje de socialdemocracia plana que nos domina, C’s tiene ahora una oportunidad única para operar como auténtico partido de oposición al PP dentro del ámbito del centro derecha, ese centro derecha liberal no conservador que la sociedad productiva española reclama y que exigiría, como primera providencia, que el señor Rivera dejara de jugar a la señorita Pepis de ese progresismo tan cargado de complejos como incapaz de dar salida a los problemas de España. Días atrás dijimos aquí que el PP no sabe qué hacer con Cataluña porque tampoco sabe qué hacer con España, que ese es el problema que está aguas arriba del envite catalán. Y bien, ¿tiene Rivera proyecto para España? ¿Sabe dónde le gustaría colocar a este país dentro de 30 años? ¿Conoce el camino para lograrlo o, por el contrario, todo se reduce a participar en el reparto de la tarta, aunque sea de sus migajas?
Por lo demás, no deja de ser llamativo que el PP se haya decidido a sacar las castañas al fuego de un PSOE destartalado, aceptando con mansedumbre su programa (“nos han convencido” dice el sin par Montoro) y dejando en la estacada a su aliado más fiel, que además es el único, por cierto, porque nadie mejor que el PP sabe que el PSOE jamás podrá ser ese aliado estable que necesita para recorrer la legislatura. En el empeño de “matar” al PP o al menos intentarlo, el partido de los 100 años de honradez se juega su supervivencia. Claro que, dados los vientos de cambio que surcan nuestro atribulado mundo, cabría la posibilidad de que ambos, las patas que han permitido mal que bien al régimen de la Transición llegar hasta aquí, caminaran hacia una suerte de fusión capaz de recordar a más de uno aquel famoso Decreto de Unificación de abril de 1937 por el que Franco metió en la misma cama a carlistas y falangistas. A la vista de que la Gran Coalición, tan negada en público como admitida ahora en privado, ha terminado siendo una realidad, tal vez solo quede esperar desde las alturas de la Zarzuela la rúbrica real a un nuevo Decreto de Unificación PP-PSOE.
La magnitud de la victoria de Sáenz de Santamaría
Sobran los liberales. La soledad de Luis de Guindos en el bosque socialdemócrata que compone este Gobierno Soraya que preside Rajoy quedó patente en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del viernes. La alianza de los Guindos, Soria, Cañete, Margallo y demás que, en la pasada legislatura, actuó cual eficaz contrapeso capaz de evitar o atenuar no pocas de las iniciativas del ala populista del Ejecutivo, ha desaparecido hecha añicos. Es ahora cuando se aprecia en su magnitud la victoria de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. De momento, la velocidad inercial de la economía sigue siendo suficiente para terminar el año en ese 3,2% de crecimiento del PIB previsto (hay quien incluso eleva la tasa del último trimestre al 0,9%), y todo apunta a que, salvo terremoto, el crecimiento seguirá siendo bueno en 2017, superior al 2,5% estimado por el Gobierno, pero son muchos los que se preguntan si, con las medidas adoptadas en esos “10 días que estremecieron al mundo” en versión Méndez Vigo, no estaremos colocando las cargas de dinamita que a medio plazo harán saltar por los aires los fundamentos de nuestro crecimiento. Matteo Renzi, primer ministro italiano, se vino ayer arriba asegurando, en el mitin de cierre de campaña de ese referéndum loco que ha convocado para hoy, que “si gana el Sí, Italia será el país más fuerte en Europa”. ¿Y cuán fuerte podría ser España, dónde podría estar un país que lleva dos años creciendo al 3,2% tras una crisis pavorosa y una corrupción galopante, de no haber tenido la mala suerte de contar con la peor clase política del continente?.
JESÚS CACHO Vía VOZ PÓPULI
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