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domingo, 30 de diciembre de 2018
LA AUTORÍA DE SÁNCHEZ Y LA COMPLICIDAD DE CASADO
Entre ambos han roto las costuras
del sistema que ha entrado en una fase distinta, sin líneas rojas. Sin
márgenes dialécticos para que el uno reproche al otro pactos o
entendimientos espurios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al líder del PP, Pablo Casado (d). (EFE)
El día 1 de octubre de 2016, el "viejo” PSOE quiso preservar las reglas de compromiso de la democracia de 1978 y destituyó a su secretario general, Pedro Sánchez. Lo hizo porque el entonces líder de los socialistas pretendía auparse a la jefatura del Gobierno con el apoyo de los independentistas catalanes y del 'abertzalismo' radical vasco.
Previamente,
Sánchez había conducido al PSOE a dos derrotas históricas. En las
elecciones de 2015 su partido pasó de 110 escaños a 90 y en las de 2016 a
85. La propuesta mayoritaria —que prosperó— del Comité Federal fue salir de atolladero permitiendo, mediante una abstención, que Mariano Rajoy accediese a la presidencia del Gobierno con el respaldo de su grupo parlamentario (137 escaños) y el de Ciudadanos (32 escaños).
El regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE
tras su victoria en unas primarias en las que rebasó a Susana Díaz,
liquidó a la "vieja guardia" del partido, la que estaba representada por
la gestora que presidió el asturiano Javier Fernández.
Y el día 1 de junio de este año, a rebufo de una sentencia en una de
las piezas del caso Correa, Sánchez reencontró las condiciones para
ejecutar su viejo plan: ser presidente del Gobierno, justamente, con los
socios que parecían dispuestos a respaldarle en 2016.
El expresidente de la gestora del PSOE y presidente asturiano, Javier Fernández. (EFE)
Ganó una moción de censura
constructiva sustituyendo a Rajoy. Votaron a favor de expulsar al
presidente popular 180 diputados y en contra 169. Entre los primeros
estaban los diputados populistas de Podemos, de los partidos
separatistas —que habían secundado en octubre de 2017 la declaración unilateral de independencia de Cataluña—, los "bildutarras" y los grandes traidores a Rajoy: los nacionalistas vascos que unos días antes habían votado el presupuesto del Gobierno popular a cambio de valiosas contrapartidas.
Si Rodríguez Zapatero
desmanteló buena parte de los consensos básicos de la Transición y
convulsionó el modelo territorial con una segunda vuelta de Estatutos de
Autonomía, Pedro Sánchez rompió las reglas de compromiso y se alió
—continúa en ello— con fuerzas políticas que quieren asaltar y destruir
el sistema constitucional, e, incluso, que han sido próximas a la organización terrorista ETA.
El actual presidente, aceptó los votos de esos grupos sin el más mínimo
escrúpulo y ahora trata de que sean los que le aprueben los Presupuestos Generales del Estado
(el viernes lo confirmó de manera tácita), estirando así una relación
que defrauda la ética y la estética de los comportamientos de los
grandes partidos de Estado.
Es del todo hipócrita que Sánchez y otros dirigentes del PSOE (Susana Díaz o Rodríguez Zapatero, entre otros) se refieran al pacto bipartito de Andalucía (PP-Cs) apoyado por Vox
como el de la "vergüenza". Sánchez fue el autor directo y doloso de esa
vergüenza que ahora se denuncia por su pacto implícito y explícito con
organizaciones políticas que no superan el corte de la mínima calidad democrática. A los hechos históricos protagonizados por esos partidos me remito, tanto en Cataluña como en el País Vasco.
Roto
este compromiso cívico y ético de evitar introducir por razones
partidistas a los antisistema en el recinto democrático-constitucional
español, Pablo Casado
se ha comportado como un cómplice de las prácticas de Sánchez y, sin el
más mínimo pudor, sin complejo alguno, sin reserva mental, ha
establecido una relación con Vox que le ha proporcionado el gobierno de
la Junta de Andalucía.
La
confirmación de los efectos de la moción y de la política de Sánchez
hacia el secesionismo se vio el 2-D en Andalucía, con la emergencia de
Vox
Es cierto que no aparecen en las 90 medidas de gobierno
pactadas con Ciudadanos, vestigios programáticos del partido populista,
pero el hecho político se ha consumado y entre ambos —Sánchez y Casado—
han roto las costuras del sistema que ha entrado en una fase distinta,
sin líneas rojas. Y, también, sin márgenes dialécticos para que el uno
reproche al otro pactos o entendimientos espurios.
Algo
se rompió con la "coalición de rechazo" (180 diputados) que llevó en
junio a la Moncloa a Pedro Sánchez. La confirmación de los efectos
derivados de aquella moción de censura y de la política del presidente
con el secesionismo catalán, se produjo el 2-D en Andalucía con la emergencia de Vox. La fractura institucional definitiva y, seguramente, irreversible es que el PSOE de Sánchez se desplaza a la izquierda-izquierda y el PP a la derecha-derecha al bascular sus posiciones hacia el entendimiento con los extremistas.
No
hay ya inocentes en este proceso de deterioro del sistema político que
nos aproxima a lo peor de las nuevas prácticas en varios países europeos
Pudo
haber sido de manera distinta si las fuerzas constitucionalistas
hubiesen formado el mismo bloque que en octubre de 2017 decidió
salvaguardar al Estado de su autodestrucción aplicando en Cataluña el artículo 155.
Cuando el independentismo catalán —con la inestimable ayuda de los
nacionalismos vascos— rompió esa cohesión echando a Rajoy para colocar
en Moncloa a un dependiente Sánchez, los recursos de protección del sistema frente a los radicalismos, saltaron por los aires.
No hay ya inocentes en este proceso de deterioro del sistema político español que nos aproxima a lo peor de las nuevas prácticas en varios países europeos. Apenas si queda la posibilidad de que Ciudadanos
conserve un cierto margen de maniobra para vislumbrar un futuro que no
pase por la dialéctica de los bloques y la polarización extrema.
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