/ALBERT GEA /REUTERS
Pero si denigrante fue entregar esa foto al independentismo, el comunicado posterior de "ambos gobiernos" fue la letra de una claudicación que perseguirá a sus protagonistas -recuérdense sus nombres: Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Meritxell Batet- por el resto de su vida política. Todo un Gobierno de España genuflexo ante quienes día tras día proclaman su voluntad de volver a subvertir el orden constitucional: el Ejecutivo refuerza la coartada con la que el separatismo justifica el golpe del 1-O -"la existencia de un conflicto"-, alimenta la expectativa de satisfacer sus exigencias de más autogobierno y de un referéndum -"una propuesta política que cuente con amplio apoyo de la sociedad catalana"-, ningunea a la mayoría que no es independentista y asume como unívocas "las demandas de la ciudadanía de Cataluña". Lo más grave es que evite, sin duda a demanda de sus interlocutores, mencionar la Constitución: el "diálogo" se llevará a cabo "en el marco de la seguridad jurídica", eufemismo propio de la semántica populista.
La primera cuota se pagó a la vista de todos: los partidos independentistas votaron el techo de gasto para dar oxígeno a Sánchez. Las cesiones cronifican la excepcionalidad democrática en que languidece Cataluña. Todo en aras de la personal ambición del presidente. Pagará sus errores en las urnas, y también lo hará el PSOE de esos barones que no reaccionan, pero entretanto los está pagando la igualdad de todos los españoles.
EDITORIAL de EL MUNDO
No hay comentarios:
Publicar un comentario