Poner en marcha lo que es hoy imprescindible: suspender ya la autonomía catalana
Gabriel Albiac
Las
palabras son actos materiales. Materiales, sus efectos. «En la palabra
rosa está la rosa / y todo el Nilo en la palabra Nilo» dictamina Borges.
Tiene razón. En la palabra «Eslovenia», que pronuncia Torra, está la
guerra civil yugoslava. Y la invocación de ella es, en boca de Torra,
nostalgia del genocidio.
No, no es verdad que la guerra de Eslovenia fuera sólo una menor escaramuza con apenas cien despreciables muertos. No hubo guerras locales en la disolución de Yugoslavia. Hubo el estallido total de un mosaico heredado del imperio turco. Y un balance final bastante menos benévolo. En frías cifras: 140.000 muertos, un número incalculable de heridos y cuatro millones de desplazados. Además de una economía aniquilada.
Las palabras son actos materiales. Hace ahora poco más de un año, Puigdemont dio un golpe de Estado. Fracasó. Y huyó, abandonando en la estacada a los suyos. En otros tiempos, los autores de un golpe de Estado sabían que se enfrentaban al delito mayor de alta traición. Y que sólo podían aguardar la pena de muerte. Si eran gentes dignas lo aceptaban como parte de su envite: «faja o caja», proclamaban los espadones golpistas en el siglo XIX. Merecían respeto. El que no merecen nunca los que huyen. El que merecen aún menos aquellos que huyen abandonando en el campo de batalla a sus soldados.
Los golpistas del 1 de octubre se han beneficiado de la extraordinaria generosidad de un código penal que les permitirá ser libres al cabo de unos cuantos años de prisión no demasiado incómoda. Sus cómplices se han beneficiado de algo mucho menos justificable: la debilidad de un Estado que ve impotente cómo, un año luego, el mismo juego se repite. Un golpista preside la Generalitat. Las fuerzas a su mando reciben el mandato de abstenerse de mantener el orden. Los «comités» puestos en marcha por viejos líderes terroristas condenados, anuncian su propósito de dar el paso hacia la constitución de las milicias armadas de la nueva «república». La administración local corea sus bravatas y financia su cinturón protector de asociaciones cívicas. El Gobierno de España lo permite.
¿Qué hay de nuevo en que el señor Torra proclame la apertura de la «vía eslovena»? Sólo una cosa: su ausencia de ambigüedad. Porque sí, en Cataluña la vía balcánica está en marcha. En todos sus detalles.
La guerra civil yugoslava se asentó sobre tres pilares: a) la torpeza internacional que llevó a Alemania y al Vaticano a promover independencias inmediatas sin cálculo de costes; b) la imprudente filiación política de los líderes religiosos, pronto trocados en profetas armados de uno u otro bando; c) la facilidad con que las autoridades locales proveyeron de armas a sus respectivos seguidores civiles. La suma de esos tres factores sólo podía llevar al desastre. Llevó.
Puigdemont y Torra llevan meses, tal vez años, tratando de mover el factor a), a través de una política de embajadas internacionales y sobornos mediáticos con cargo a los presupuestos. El factor b) está siendo jugado, en modo infame, por sectores de un clero catalán al cual no parece afectarle el coste humano de su apuesta. En cuanto al c), el modo en que los mozos de escuadra fueron usados contra la ley el 1 de octubre y forzados a la complicidad con los CDR la semana pasada, no son precisamente un motivo de sosiego.
Vivimos tiempos críticos. Sólo un pacto de Estado que una a todos los partidos constitucionales puede poner en marcha lo que es hoy imprescindible: suspender ya la autonomía catalana.
No, no es verdad que la guerra de Eslovenia fuera sólo una menor escaramuza con apenas cien despreciables muertos. No hubo guerras locales en la disolución de Yugoslavia. Hubo el estallido total de un mosaico heredado del imperio turco. Y un balance final bastante menos benévolo. En frías cifras: 140.000 muertos, un número incalculable de heridos y cuatro millones de desplazados. Además de una economía aniquilada.
Las palabras son actos materiales. Hace ahora poco más de un año, Puigdemont dio un golpe de Estado. Fracasó. Y huyó, abandonando en la estacada a los suyos. En otros tiempos, los autores de un golpe de Estado sabían que se enfrentaban al delito mayor de alta traición. Y que sólo podían aguardar la pena de muerte. Si eran gentes dignas lo aceptaban como parte de su envite: «faja o caja», proclamaban los espadones golpistas en el siglo XIX. Merecían respeto. El que no merecen nunca los que huyen. El que merecen aún menos aquellos que huyen abandonando en el campo de batalla a sus soldados.
Los golpistas del 1 de octubre se han beneficiado de la extraordinaria generosidad de un código penal que les permitirá ser libres al cabo de unos cuantos años de prisión no demasiado incómoda. Sus cómplices se han beneficiado de algo mucho menos justificable: la debilidad de un Estado que ve impotente cómo, un año luego, el mismo juego se repite. Un golpista preside la Generalitat. Las fuerzas a su mando reciben el mandato de abstenerse de mantener el orden. Los «comités» puestos en marcha por viejos líderes terroristas condenados, anuncian su propósito de dar el paso hacia la constitución de las milicias armadas de la nueva «república». La administración local corea sus bravatas y financia su cinturón protector de asociaciones cívicas. El Gobierno de España lo permite.
¿Qué hay de nuevo en que el señor Torra proclame la apertura de la «vía eslovena»? Sólo una cosa: su ausencia de ambigüedad. Porque sí, en Cataluña la vía balcánica está en marcha. En todos sus detalles.
La guerra civil yugoslava se asentó sobre tres pilares: a) la torpeza internacional que llevó a Alemania y al Vaticano a promover independencias inmediatas sin cálculo de costes; b) la imprudente filiación política de los líderes religiosos, pronto trocados en profetas armados de uno u otro bando; c) la facilidad con que las autoridades locales proveyeron de armas a sus respectivos seguidores civiles. La suma de esos tres factores sólo podía llevar al desastre. Llevó.
Puigdemont y Torra llevan meses, tal vez años, tratando de mover el factor a), a través de una política de embajadas internacionales y sobornos mediáticos con cargo a los presupuestos. El factor b) está siendo jugado, en modo infame, por sectores de un clero catalán al cual no parece afectarle el coste humano de su apuesta. En cuanto al c), el modo en que los mozos de escuadra fueron usados contra la ley el 1 de octubre y forzados a la complicidad con los CDR la semana pasada, no son precisamente un motivo de sosiego.
Vivimos tiempos críticos. Sólo un pacto de Estado que una a todos los partidos constitucionales puede poner en marcha lo que es hoy imprescindible: suspender ya la autonomía catalana.
GABRIEL ALBIAC Vía ABC
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