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martes, 11 de diciembre de 2018

Sánchez amenaza a Torra con la Ley de Seguridad Nacional antes de aplicar el 155

Al Gobierno le ha molestado sobre todo que los Mossos recibieran instrucciones de inhibirse ante la acción de los CDR en los peajes y autopistas, y eso puede resultar clave para medidas futuras


Pedro Sánchez, este 10 de diciembre, durante su intervención ante la cumbre mundial de la ONU sobre migraciones en Marrakech. (EFE)


Cataluña camina hacia un nuevo 1934. Si el 'conseller' de Interior de Lluís Companys, Josep Dencàs, tenía a Estat Català, el presidente actual de la Generalitat, Quim Torra, cuenta con los CDR. Tras lo que ha ocurrido en este pasado puente en Cataluña, varias fuentes consultadas, tanto del PSOE como del PP o del independentismo, dan por hecho que Torra adelantará el choque con el Estado coincidiendo con el Consejo de Ministros que se celebrará en la capital catalana el próximo 21 de diciembre, y que, según sean de radicales las protestas, se podría llegar a aplicar otro 155 en Cataluña. Esta vez podría ser mucho más duro que el que desplegó Mariano Rajoy. Aunque antes de llegar a ese estadio extremo, hay otro peldaño posible: la activación de la Ley de Seguridad Nacional, que permite dar órdenes a los Mossos para mantener así el control del orden público en una situación de emergencia.

Al Gobierno español le han molestado tres cosas, según explican fuentes del Partido Socialista muy cercanas al Gobierno: que los Mossos recibieran instrucciones de inhibirse ante la acción de los CDR en los peajes y autopistas; la radicalidad de los discursos de Quim Torra y Toni Comín desde Bruselas apostando por la vía eslovena para conquistar la independencia —que supuso decenas de muertos y centenares de heridos—, y que luego el presidente de la Generalitat haya utilizado el ayuno en el monasterio de Montserrat para no dar la cara ni ante la crisis eslovena (por la lluvia de críticas recibida) ni ante la desatada en la policía autonómica. En esta última, Torra ha pasado de exigir una depuración del cuerpo a mirar hacia otro lado.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha empezado a mover la maquinaria del Estado para lanzar avisos rotundos al 'president'. Mensajes de total firmeza que contrastan con los lanzados hasta las autonómicas andaluzas del pasado 2 de diciembre. Porque esa es la línea divisoria también. El temor al efecto contagio de lo ocurrido a Susana Díaz, a quien todos en el PSOE creían una baronesa fuerte y que no tendría problemas para repetir como presidenta, el miedo a que la política de apaciguamiento en Cataluña castigue a los candidatos de las regionales y locales del próximo 26 de mayo, ha hecho que el Gobierno eleve el tono y marque distancias con los separatistas. Los movimientos arrancaron la semana pasada con el anuncio de Sánchez de que presentaría los Presupuestos de 2019 en enero, tuviera o no apoyos suficientes, y continuaron este lunes, tras lo sucedido en Cataluña este fin de semana, que los socialistas consideran "muy grave". El momento culminante llegará este miércoles, cuando Sánchez comparezca en el Congreso expresamente para hablar del abordaje del desafío secesionista. La expectación es por eso máxima. Hasta entonces, no se conocerán todos los detalles de la respuesta del Ejecutivo y de la reorientación de su estrategia.

La primera advertencia verbal procedió de la vicepresidenta, Carmen Calvo. Ella no solo cargaba contra la apuesta de Torra por la vía eslovena, como había hecho su compañero de Gabinete y hombre fuerte del partido, José Luis Ábalos, la víspera. Ella directamente adelantaba que habría "medidas", "consecuencias", y rápidas. Poco después, la portavoz del comité electoral, Esther Peña, apuntalaba ese mensaje: al Ejecutivo no le "temblará la mano" para aplicar el artículo 155 si se dan las condiciones, como ocurrió el año pasado.

Tirar de la Ley de Seguridad Nacional, que avaló el TC en 2016, sería una especie de escalón intermedio antes de recurrir al artículo 155

Por la tarde, se pudo comprobar la hondura del primer gesto: La Moncloa distribuyó las tres cartas que Calvo y los ministros del Interior y de Fomento, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, enviaron a sus homólogos del Govern [aquí en PDF]. Todas ellas en tono muy duro, especialmente la de Marlaska, puesto que directamente avisó a la Generalitat de que enviará a la Policía y a la Guardia Civil a Cataluña si el 'conseller' de Interior, Miquel Buch, no da instrucciones a los Mossos para evitar que se vuelvan a inhibir ante las acciones de los CDR, que son, directamente, "graves alteraciones del orden público y de la seguridad del tráfico". Es decir, o la Generalitat controla la calle o Madrid enviará agentes a hacerlo. Guste o no al 'president'.



Los límites de la LSN


El ministro se apoya en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que prevé, en su artículo 38.2.c) la intervención de los cuerpos policiales estatales cuando lo estime así oportuno el Gobierno central. Los tres ministros demandan al Govern de Torra información, que les den cumplidas aclaraciones de lo sucedido, vista la "dejación de funciones" de los Mossos.

Desplegar la LSN, no obstante, es una fórmula más aparatosa que la anticipada por Marlaska, ya que exige real decreto e información al Congreso

El Ejecutivo confía en que la advertencia enviada por triplicado al Govern funcione y no haga falta tener que ir a más. Pero la amenaza podría subir de temperatura si Torra no da marcha atrás. El paso siguiente y "lógico", según admiten fuentes del Gobierno socialista, es la activación de la Ley de Seguridad Nacional (LSN), una norma que pactaron en 2015 PP —Rajoy gobernaba entonces con mayoría absoluta— y PSOE y a la que se opusieron los nacionalistas. El texto, en su artículo 24, prevé que el Consejo de Ministros, vía real decreto, pueda declarar la situación de interés para la seguridad nacional, y en ese caso puede requerir a los gobiernos autonómicos (la Generalitat, en este caso) que aporten los "medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación". La traducción es que el Gobierno podría dar órdenes a los Mossos para que actuaran bajo su batuta. También le faculta a nombrar una "autoridad funcional" y a determinar las competencias de esta para "dirigir y coordinar las actuaciones que procedan".

El Govern recurrió la ley, pero el Tribunal Constitucional no le dio la razón. En una sentencia conocida en diciembre de 2016, los magistrados avalaban el ajuste de la norma a la Carta Magna siempre y cuando se tuviera en cuenta esta apreciación: que la aportación de las comunidades al Ejecutivo central se refiere "estrictamente a los recursos humanos y materiales" necesarios para afrontar una situación de emergencia, sin sustraer las competencias a la autoridad autonómica.

Rectificación de Buch


Ese estadio intermedio que supone la LSN, antes de llegar a la orilla extrema del 155, es una fórmula más aparatosa que la que permite la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El citado artículo 24 exige que el presidente declare esa situación de interés para la seguridad nacional a través de un real decreto —previa reunión del Consejo de Ministros—, en el que figuren la definición de la crisis, el ámbito geográfico afectado, la duración de las medidas excepcionales, el nombramiento de esa 'autoridad funcional' o coordinador, y la determinación de los recursos humanos y materiales necesarios. Además, el Gobierno ha de informar "inmediatamente" al Congreso de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la seguridad nacional.

El Ejecutivo espera que no haya que dar más pasos, pero en último extremo queda el 155, no descartado por La Moncloa ni por el PSOE si hay condiciones

Fuentes de diversos ministerios confían en que el aviso por carta surta efecto y no haya que ir a más. "De momento nos quedamos aquí, en las competencias puras de Interior, que es quien puede activar el artículo 38 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aplicar la LSN es más lento y complejo, y compete a más departamentos. Nosotros advertimos de que podemos enviar policías y guardias civiles a Cataluña para garantizar el cumplimiento de la ley si no lo hace el Govern", dicen desde Interior. Un ministro al tanto de las actuaciones que se han desencadenado en las últimas horas añade que la vía señalada por Marlaska es "tan efectiva o más" que la que pauta la LSN y "menos complicada jurídicamente". Desde el Grupo Socialista, fuentes que conocen al detalle la gestación de la norma de 2015 advierten de que la "gesticulación" que requiere su activación prepararía el camino de la "ruptura total" con los separatistas. Es una medida, pues, "más contundente" que la apuntada por el ministro, cuando por ahora "no se quieren romper todos los puentes" con la Generalitat. Sí lanzar avisos claros e inequívocos.

En ese sentido, en Interior, por ejemplo, aprecian la marcha atrás dada por el 'conseller' Miquel Buch. Este lunes se reunió con la cúpula de los Mossos, se disculpó por haber dudado de su labor y calificó de "globalmente correcto" el dispositivo policial del pasado jueves, cuando los agentes cargaron contra grupos que querían boicotear actos de Vox. Tras lo sucedido el Día de la Constitución, Torra pidió purgas en los Mossos, pero finalmente no habrá cambios.



Fuerza en la calle


No obstante, el último extremo, si todo lo anterior falla, es la aplicación, y por segunda vez, del artículo 155 de la Constitución. Calvo reconoció que "es la última medida a la que hay que llegar", y Peña directamente dijo que los socialistas no se arrugarán si se cumplen las condiciones que ya se dieron el año pasado, de quebrantamiento del orden constitucional. Ya la semana pasada en Telecinco, aunque pasó desapercibido, el propio Sánchez no descartó ir a una nueva intervención de Cataluña: "Cuando era líder de la oposición, apoyé el 155 cuando fue necesario, por eso digo que el Gobierno de la Generalitat sabe perfectamente cuáles son los límites en torno a los cuales podemos dialogar para poder encontrar una solución política". Diversas fuentes del Ejecutivo consideran que no tendría sentido, después de defender una política de distensión en los últimos seis meses, que "se pasara de cero a mil", que se escalara directamente al 155 sin pasar antes por una figura intermedia. Pero la situación en Cataluña es tan explosiva que es difícil hacer pronósticos, porque todo dependerá del punto al que esté dispuesto a llegar Torra.

Pablo Casado aboga por un 155 más duro: control de la educación y de los Mossos, intervención de TV3 y una duración indefinida, y su apoyo es clave

El nuevo 155 puede tardar meses, pero podría llegar si el independentismo consigue bloquear Barcelona por la fuerza el próximo viernes 21 de diciembre, coincidiendo con el Consejo de Ministros que Sánchez ya ha programado para ese día en la Ciudad Condal y que cada día se presenta más cuesta arriba y tenso, vista la negativa del 'president' a verse con él. Se plantean cortes de carretera múltiples, indefinidos y bloqueo de nodos de comunicaciones clave, tales como estaciones de AVE, puertos y aeropuertos. Para ello, se cuenta con la pasividad policial de los Mossos, tal y como ya pasó este fin de semana. Después de algo así, Torra y su Govern ya no podrían ser un interlocutor válido para nada, tal y como lo ven en La Moncloa y se desliza en las cartas de Calvo, Marlaska y Ábalos, insistiendo en que lo vivido en las últimas horas no puede repetirse.

Sánchez tendría que aplicar un 155 pactando con el PP, que controla con su mayoría absoluta el Senado, la Cámara que tiene que autorizar la intervención. Eso supondrá un 155 mucho más duro: control policial de los Mossos, intervención o clausura de TV3 y un mayor número de altos cargos cesados. Pablo Casado y su equipo asumen que tendrán que apoyar a Sánchez —y que eso implicaría alargar la legislatura— o que tendrá que aplicarlo el PP si regresa al poder tras unas elecciones. Pase lo que pase, el final es el mismo. Fuentes del PP confirman que cederán sus diputados en el Senado al PSOE, pero que exigirán que la intervención sea indefinida y que incluya el control de la educación.

No solo en en el entorno político de Madrid se apunta a un nuevo 155, también en el soberanismo, y por ello se apuesta por el Consell per la República

Sin embargo, Torra está aislado. ERC ha marcado distancias de su vía eslovena, con las declaraciones del presidente del Parlament, Roger Torrent, a favor de la vía escocesa, una apuesta por el independentismo, pero a largo plazo y de forma pacífica. Desde el PDeCAT, partido del que Torra no forma parte, también sucedió lo mismo. El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, destacaba este lunes que "la vía escocesa es la que siempre ha reclamado el PDeCAT”.

Pero este aislamiento en los partidos no es lo mismo en la calle. Allí, Torra cuenta con Carles Puigdemont y el nuevo Consell per la República, los CDR, con la CUP y con la parte más radical de la ANC. Fuentes del círculo del presidente de la Generalitat apuntan que está más radicalizado de lo que ya se encontraba cuando le nombraron 'president'. Va a por un nuevo choque contra el Estado, como ya avanzó El Confidencial. Solo que no esperará a las sentencias del Tribunal Supremo. Consciente de su aislamiento y sintiendo que cada día que pasa está más débil, no quiere que pase más tiempo.


                                    MARCOS LAMELAS Y JUANMA ROMERO  Vía EL CONFIDENCIAL

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