La presentación este viernes por Antonio Hernando, portavoz parlamentario delPSOE, de una iniciativa para que se cree una comisión parlamentaria que investigue la financiación ilegal del PP y las tramas de corrupción que afectan al partido supone la constatación de que los socialistas no están dispuestos a modificar un ápice su propósito de que Mariano Rajoy no sea investido presidente del Gobierno. No sólo eso, el escrito presentado a la Mesa del Congreso de los Diputados dice literalmente que la comisión tendrá que investigar “la existencia de una caja B que habría permitido la percepción de retribuciones adicionales o sobresueldo por el actual Presidente del Gobierno y otros miembros relevantes de su partido”. Una acusación que rompe cualquier hipotético puente que pudiera tenderse entre Rajoy y Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, para romper el bloqueo institucional, y torpedea el principio de acuerdo entre el PP y Ciudadanos.
La iniciativa de los socialistas recoge en su exposición de motivos un pormenorizado relato de las investigaciones judiciales abiertas desde la imputación en 2009 de Luis Bárcenas, tesorero del PP, por su implicación en la trama Gürtel. Acusaciones que el PP comenzó negando, para pasar después a desvincularse de las actividades de quien había sido su gerente y tesorero durante más de 20 años. “Con ocasión de estas investigaciones judiciales hemos asistido a una estrategia de obstaculización de la acción de la justicia (…) La negativa a asumir responsabilidades políticas se vio agravada por el bloqueo de la mayoría parlamentaria (del PP) a permitir la tramitación de cualquier iniciativa parlamentaria dirigida a exigir esas responsabilidades”.
La iniciativa del PSOE dinamita cualquier hipotético puente que pudiera tenderse entre Rajoy y Pedro Sánchez para romper el bloqueo institucional en el que el país vive instalado desde hace ocho meses
De hecho, el 2 de agosto de hace ahora tres años, 95 diputados socialistas solicitaron la creación de una comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP. El día 27 de ese mismo mes se debatió en la Diputación Permanente la inclusión del debate y votación de la creación de la comisión en el orden del día de una sesión plenaria. “La mayoría absoluta del PP en aquella Legislatura –recoge el escrito- impidió siquiera que pudiera debatirse en el Pleno del Congreso”. Los socialistas recuerdan que además de la petición de una comisión de investigación solicitaron en veinte ocasiones “la comparecencia de Mariano Rajoy ante el pleno para que informara de sus actuaciones y responsabilidades en relación con las causas judiciales que afectaban al PP”. Una vez más, el rodillo popular impidió que ninguna de esas comparecencias llegara a celebrarse.
Antonio Hernando explicó que el pasado 28 de mayo se dictó auto de apertura de juicio oral en la pieza separada del caso Gürtel conocida como “los papeles de Bárcenas”, sobre la existencia de una caja b en el PP, que se dirige contra los anteriores tesoreros, gerentes y el propio partido como responsable civil, dando por acreditada la existencia de una contabilidad paralela con los que se financió, al menos, la remodelación de la sede central del partido en la calle Génova. Dicha contabilidad habría servido también para pagar sobresueldos a sus dirigentes desde los tiempos deAlianza Popular (AP).
Los socialistas quieren que por la comisión de investigación desfilen los principales cargos políticos del PP y numerosos implicados del partido en casos de corrupción
La creación de la comisión debe ser aprobada en sesión plenaria, para la que aún no hay calendario, o bien por la Diputación Permanente, que aún no se ha constituido, lo que pospone sine die su hipotética constitución en el caso de que cuente con los suficientes apoyos del resto de grupos de la oposición (la mitad más uno de los escaños). El PSOE cree que podría echar a andar en los primeros días del próximo mes de septiembre y han presentado ya una lista “incompleta”, según sus palabras, de 21 comparecientes, entre los que figuran el propio Rajoy y su antecesor al frente del PP y en un Gobierno popular, José María Aznar, pasando por la actual secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y quienes le precedieron en el cargo: Ángel Acebes, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos. También deberían prestar testimonio los expresidentes autonómicos Jaume Matas (Baleares), Ignacio González (Madrid) y Francisco Camps (Comunidad Valenciana), así como el expresidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o los expresidente de las diputaciones provinciales de Castellón, Alicante y Valencia, Carlos Fabra, Joaquín Ripoll y Alfonso Rus, respectivamente.
Los comisión de investigación estaría compuesta por tres representantes de cada grupo parlamentario con más de 100 miembros (sólo el PP), dos de cada grupo que tenga más de 50 diputados, y uno de cada uno de los restantes grupos parlamentarios. La comisión se constituiría a la semana siguiente de su aprobación y prolongaría sus trabajos por espacio de seis meses, prorrogables. El dictamen aprobado por la misma sería sometido al pleno de la Cámara, pudiendo acordar, en su caso, su traslado al Fiscal para el ejercicio de las acciones que fuesen procedentes.
CARLOS FONSECA Vía VOZ PÓPULI
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