El Partido Popular tiene hoy la oportunidad de abordar el debate del que ha huido en los últimos tiempos. Empujado por unos escándalos de corrupción que han minado la confianza de los españoles en la política, pero sobre todo por las exigencias que le impone la necesidad de buscar acuerdos externos para que su candidato logre la investidura, el comité ejecutivo nacional se reúne para debatir las condiciones impuestas por Albert Rivera con el fin de darle su apoyo.
El PP, que obtuvo 137 escaños en las últimas elecciones, ha necesitado una lista de instrucciones de Ciudadanos, un partido nuevo a escala nacional y modesto en resultados, para sentarse al fin a tomar distancias con la corrupción que ha llevado al propio partido a ser el imputado en el caso de la destrucción del ordenador de su extesorero, Luis Bárcenas. Algunas de las medidas reclamadas por Rivera, como que se aparte a los imputados o el fin de los aforamientos, ni siquiera se plantean en el resto de Europa por obvias e innecesarias.
Y, sin embargo, ha hecho falta que el PP deje de tener mayoría absoluta para que Rajoy acepte someter a la cúpula de su partido cuestiones que deberían provocar un cambio de cultura política y una ruptura definitiva con un estilo confuso y permisivo hacia la corrupción. En otras palabras, el cambio que no ha puesto en marcha desde dentro un partido excesivamente vertical va a ser impuesto ahora desde fuera.
El comité ejecutivo nacional del PP tiene 93 miembros y entre ellos aún se cuentan políticos señalados como Rita Barberá, para la que un juez de Valencia y la fiscalía del Supremo piden la imputación por blanqueo; Ignacio González, expresidente de Madrid, investigado por el ático de Estepona, o Lucía Figar, investigada en la trama Púnica. Solo en los últimos días se ha conocido la baja de Ana Mato, de quien el juez considera que se lucró con la trama Gürtel.
Fuentes no oficiales del partido han asegurado que es improbable que Barberá o González acudan a la reunión de hoy, ya que no lo han hecho en las últimas convocatorias, pero solo Borja Sémper, líder del PP en Guipúzcoa, se ha atrevido a reclamar públicamente la marcha de la exalcaldesa de Valencia. Su caso tiene una importancia mayúscula: no solo porque se trata de una práctica de blanqueo que se organizó supuestamente en el Ayuntamiento en 2015, cuando el PP ya había renegado públicamente de la corrupción tras los casos Bárcenas y Gürtel, sino también porque Rajoy la blindó al situarla de nuevo en las listas al Senado cuando la sospecha ya había caído sobre ella.
Este es el estilo que debería quedar enterrado para siempre; la credibilidad del PP solo podrá ser restaurada cuando las voces internas, y no solo los jueces o los rivales políticos, corten el oxígeno a quienes practican o convivan cómodamente con la corrupción. El comité ejecutivo tiene hoy la ocasión de debatir, de aprobar y de exhibir un punto de no retorno en su estilo y en su compromiso con la regeneración democrática.
Porque lo que está en juego no es solo una investidura, sino la adaptación de un partido fundamental para España al cambio de cultura que los votantes han exigido en las urnas el 20-D y el 26-J. Y sin necesidad de repetir elecciones.
EDITORIAL de EL PAÍS
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