Todo el esfuerzo hasta ahora ha sido de Ciudadanos. Ha llegado el turno del PP.
Mariano Rajoy, durante la conferencia de prensa en la que explicó ayer su encuentro con Albert Rivera, líder de Ciudadanos. SUSANA VERA (REUTERS).
En su entrevista de ayer con Albert Rivera Mariano Rajoy se comprometió a someter en el plazo de una semana las condiciones planteadas por Ciudadanos a su ratificación por parte de la dirección del PP, y si son aprobadas, fijar la fecha de la sesión de investidura. Pero debe hacerlo de inmediato, sin que dependa del comienzo y mucho menos del resultado de las negociaciones futuras. La sesión de investidura no puede demorarse en ningún caso, cualquiera que sea el pretexto, y la próxima entrevista entre Rajoy y Rivera debe concluir con la fijación de una fecha.
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El mérito de haber desbloqueado la situación, que empezaba a correr el riesgo de enquistarse sin que nadie pareciera dispuesto a mover ficha, ha sido de Ciudadanos y ha revelado que el problema no era tanto saber qué estaba dispuesto a ofrecer Rajoy como qué estaba inclinado a aceptar de las demandas planteadas por sus posibles apoyos para la investidura. Los movimientos del líder del PP para facilitar su investidura han sido hasta hoy de escasa consistencia y, más allá de afirmaciones genéricas a la urgencia de formar gobierno, no se han traducido en ofertas concretas, como las que finalmente el partido de Rivera ha decidido poner sobre la mesa para romper una dinámica que amenazaba con eternizarse ante la exasperación de una ciudadanía que ve pasar el tiempo sin que exista un Gobierno que encare desafíos ineludibles, como los compromisos económicos establecidos con Europa o el nuevo reto secesionista de las fuerzas independentistas en Cataluña.
El partido de Rivera ha seguido en términos generales el guion que ya aplicó en Andalucía y luego en Madrid: establecer una lista reducida pero potente de condiciones relacionadas con la regeneración política como puerta de entrada para una negociación de contenidos que afectan más a intereses concretos de los ciudadanos y que serían la base programática del futuro Gobierno.
En la primavera de 2015 los socialistas andaluces necesitaban como mínimo sumar a sus 47 escaños los 9 de Ciudadanos para completar mayoría absoluta. Los de Rivera plantearon de inicio que solo participarían en el Gobierno andaluz si ellos lo encabezaban, lo que cerraba el paso a salidas más realistas; pero desde el PP se les respondió diciendo que era preferible repetir elecciones a que gobernase Susana Díaz, lo que era aún más estrambótico.
Ante ese panorama sin salida los socialistas aceptaron una fórmula que implicaba la dimisión aplazada de los dos anteriores presidentes de la Junta, Chaves y Griñán, procesados por el escándalo de los EREs, y pactar un programa reformista que han venido aplicando con apoyo de Ciudadanos. Lo que, según los sondeos, ha reforzado a este partido.
Lo que resulta cada vez más incomprensible, a la vista del desenlace, es la actitud que ha mantenido durante tanto tiempo Rajoy en relación a Ciudadanos, partido al que convirtió durante la campaña en enemigo principal, cuando era el único aliado potencial disponible; y cuando el pretexto para esos ataques era que Rivera había pactado con los socialistas: lo mismo que él proponía y sigue proponiendo hacer.
EDITORIAL de EL PAÍS (11-8-2016)
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