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miércoles, 12 de septiembre de 2018
11-S. SEIS AÑOS DE UN DOBLE FRACASO
El separatismo debe rectificar,
porque en seis años solo ha logrado agitar, pero estos largos años
indican también ineptitud del Estado en Cataluña
Manifestación de este martes por la Diada. (Reuters)
La Guardia Urbana de Barcelona —Colau supervisa las cifras— afirma que alrededor de un millón de ciudadanos participaron ayer en la manifestación de la Diada de 2018. No entremos en la guerra de cifras.
Sean un millón o la mitad, han sido muchísimos los catalanes que, como
otros años —exactamente seis—, se han manifestado a favor de la
independencia o de un referéndum de autodeterminación.
Por parte de Madrid sería absurdo pretender que una manifestación de seis años seguidos —una de las mayores que se celebran en el mundo— a favor de la independencia de Cataluña puede ser niguneada o despreciada alegando que el pueblo catalán —el 16% de la población española y el 20% del PIB— está manipulado por TV3 y unos dirigentes sectarios y autoritarios. Sería no querer ver una realidad que las urnas han confirmado tres veces —2012, 2015 y 2017— en los últimos años.
El
independentismo domina la calle, pero en las urnas se ha visto que solo
representa al 47% de catalanes. Mucho, pero insuficiente
Pero
el independentismo también debería reconocer, tras seis años de
experiencia, que el masivo y sensacional dominio de la calle y el espectáculo el 11-S de cada año son algo muy relevante, pero que tampoco son lo que pretende y que lo conseguido es menos de lo esperado.
En efecto, un millón (o millón y medio de manifestantes) es mucho,
muchísimo. Pero no autoriza a hablar en nombre de todo el pueblo
catalán. En las tres elecciones catalanas que se han celebrado desde el
primer 11-S del 'procés' —cuando Artur Mas creyó que lograría no una mayoría absoluta sino una mayoría excepcional—, el independentismo nunca ha llegado al 50% de los votos. No puede hablar pues, ni de lejos, en nombre de la totalidad de Cataluña, y se ha comprobado que la independencia divide Cataluña en dos mitades prácticamente iguales.
Y no hay progresión ninguna, las cuotas electorales de los separatistas
y los constitucionalistas son estables y lo único que varía es el peso
de los partidos concretos en el interior de cada frontera. Ejemplo: sube
Cs pero baja el PP.
El independentismo ha movilizado y sigue agitando mucho —quizás este año un poco menos—, pero no ha conseguido avanzar electoralmente y ha dividido a la sociedad.
Como ha dicho —esperemos que no irreflexivamente— el diputado Joan
Tardà (ERC), solo un estúpido puede creer que es posible imponer la
independencia con el apoyo de solo la mitad de la población.
Pero el fracaso del
independentismo no es solo que electoralmente no haya avanzado nada en
estos seis años, desde 2012, sino que ha conseguido muy poco o nada en la mejora del autogobierno de Cataluña,
que era el primer deseo de muchos de los ciudadanos movilizados.
Además, la simpatía al autogobierno catalán ha descendido en toda España
y el objetivo independentista no se ha granjeado ningún apoyo relevante (o no relevante) en Europa.
Los
dirigentes, abrazando un populismo con algún rasgo excesivo, no solo no
informaron a sus electores de la complejidad de toda acción política,
sino que el año pasado se embarcaron —y arrastraron a muchos de sus
seguidores— en un unilateralismo que violaba la Constitución del 78 —que
los catalanes votaron en mayor proporción que el resto de españoles— y
flagrantemente el propio y tan reivindicado Estatut, del que se acusaba
al Constitucional no haberlo respetado.
El
maximalismo separatista llevó al grave error de la declaración
unilateral del 27-O del pasado año y a la aplicación del artículo 155
Todo aquello acabó en la penosa declaración unilateral de independencia del 27-O del pasado año, que fue un fracaso total porque no hubo independencia ni por un minuto,
luego se proclamó y aceptó el 155 y la suspensión de la autonomía, y
ningún Estado europeo (ni del resto del mundo) dio ni un solo paso por
reconocerla.
El independentismo moviliza mucho, pero la pretensión de representar a toda la sociedad catalana ha acabado en fracaso, y el unilateralismo mordió el polvo el pasado 27-O. Hasta el punto de que sus dirigentes están en la cárcel o en el exilio.
Es imperativo pues que revise al menos su estrategia —si no sus
objetivos—, porque en los seis años transcurridos desde 2012 no ha
conseguido nada. Y es lógico que, en este contexto, relevantes
dirigentes de ERC como Oriol Junqueras, Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, y el diputado Tardà hayan iniciado una reflexión y revisión de planteamientos.
Tras seis años de movilizaciones, agitación, días históricos y grandes palabras, el independentismo ha topado con sus límites. No reconocerlo sería (o es) pura cabezonería.
Pero el secesionismo no es el único que ha fracasado.
Que durante seis años consecutivos casi un millón de catalanes se hayan
manifestado contra el Estado español y que en tres elecciones catalanas
el secesionismo haya conseguido mayoría absoluta
—cierto que sin llegar al 50% de lo votos, pero de acuerdo con la ley
electoral española— indica que el Estado español —o al menos el partido
gobernante estos años— no solo no ha sabido sino que ha sido
notablemente torpe en su primera obligación, que es que todos los
ciudadanos tengan unos mínimos de confianza en el Estado.
Ha habido claros errores del PP —querer ganar elecciones en España con populismo anticatalanista—,
pero también de otros partidos. Para que España pueda volver a vivir
una normalidad institucional, será necesario que el independentismo —o
al menos una parte sustancial de él— cambie de actitud. Pero para ello
es muy conveniente un cambio de actitud por parte del Gobierno de
Madrid, lo que afortunadamente Pedro Sánchez parece haber asumido con su
política de desinflamación.
Recurrir al populismo anticatalanista no ayudará a la conveniente normalización institucional de España. ¿Lo sabe Pablo Casado?
Pero el PSOE (o el PSOE y Podemos) no es suficiente. Sería conveniente que Pablo Casado y Albert Rivera (este
último aupado por los indudables excesos del separatismo) renuncien, o
al menos modulen, su populismo anticatalanista. El PP debería admitir
que su cruzada política contra el Estatut de 2006 (no tanto el recurso
al Constitucional, que también) contribuyó a agravar un conflicto que
los nacionalistas catalanes más irreflexivos atizaron luego
porque, en su gran ignorancia —Pujol sabía mucha más geopolítica e
historia que Artur Mas, y no digamos que Puigdemont o Torra—, creyeron
que podían ganar.
En segundo lugar, la clase política y judicial debe reflexionar sobre si el rigor excesivo y la exageración
(confundir una gamberrada con coacción hecha desde las instituciones
del Estado con un alzamiento con violencia) es lo más útil e inteligente
para ser comprendidos —y aceptados como autoridad— por la mitad de la
población catalana, una mitad que muchas veces es la más activa.
Es indicativo que Josep Borrell, que no es Miquel Iceta y al que nadie —al menos hasta ahora— acusaba de criptoindependentista, haya declarado que personalmente preferiría que los políticos presos estuvieran en libertad provisional
pero que en España hay división de poderes. Correcto. Lo que pasa es
que la división de poderes seguramente no debería implicar —al menos a
mi modesto entender— que los jueces y fiscales del Supremo estén exentos de tener sensibilidad política y social.
Todo es más complejo de lo que algunas togas, quizá con indigestión de
códigos, tienden a creer. Celebrar la apertura del año judicial, con
profusión de doctrina Lesmes, un día antes de la Diada quizá no sea lo
más apropiado. Aun en el caso de que Lesmes tenga, o tuviere, razón en
sus cultas citas de Tocqueville.
Resumen, tras seis años de maximalismo
—que le ha llevado a errores difíciles de reparar—, el independentismo
debe rectificar. Salvo que quiera enrocarse y adentrarse más en el
desastre con la teoría de cuanto peor, mejor. Pero tras seis años de
maximalismo independentista, que ha tenido el apoyo del 47% de la
población catalana (cuando la cuota de mercado de TV3 tiene máximos del 15 o 16%),
el partido que gobierna en Madrid y los grandes partidos españoles
deben ser conscientes, aunque no lo digan demasiado, de que el Estado no
ha estado especialmente dotado al abordar la crisis catalana. Y que dejarse arrastrar por el populismo es una mala opción.
El
Gobierno de Cataluña debe rectificar, porque los resultados del
maximalismo han sido pésimos. El de Madrid debe perseverar en la
política de desinflamación. Y Pablo Casado y Albert Rivera deben decidir
si quieren una España constitucional —abierta al ambiguo término de las
nacionalidades, como consagra su artículo dos— o cabalgar en el
anticatalanismo para echar al PSOE del poder. Como intentó Rajoy contra Zapatero cuando el Estatut.
Alguien dijo una tontería que tiene algo de verdad, dos no se pelean si uno no quiere. En este caso, si alguien sabe usar su poder y estatus europeo con 'seny' e inteligencia.
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