Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Es la preocupación que embarga a cada día mayor número de
españoles. Lo que hace un mes podía calificarse de boutade, una
exageración sin paliativos, desde esta semana aparece como una
posibilidad que convendría no desdeñar por estrafalaria que parezca, por
extemporánea que pueda sonar a la altura de 2018 y en el marco de la
Unión Europea. La decisión de Pedro Sánchez
de vaciar de competencias al Senado con una treta legalista para obviar
el obstáculo que suponía para sus planes de aprobar los PGE para 2019,
ha encendido todas las alarmas. Estamos ante un tipo al que no se le
pone nada por delante en su afán de hacerse fuerte en el poder. Un
amoral sin ningún escrúpulo democrático. Sánchez ha dejado de ser una
sorpresa, incluso agradable para quienes estaban hartos de la inanidad
de Mariano Rajoy, para convertirse en un peligro para las libertades. Convendría que nadie lo tomara a broma.
Alguien comentaba esta semana en la radio la anécdota vivida en primera persona con Rajoy,
cuando el entonces presidente disfrutaba del confort que le
proporcionaban los 186 diputados de que dispuso entre 2012 y 2015. Ese
alguien le animaba a que tuviera la audacia de cambiar la Ley Electoral.
Se trataba de ir a una elección a doble vuelta de forma que Comunidades
y Ayuntamientos fuesen gobernados por la lista más votada. Con ese
sistema, Manuela Carmena jamás hubiera sido
alcaldesa de Madrid. El interlocutor insistía vehemente, puedes
hacerlo, tienes mayoría absoluta, y el gallego taimado, nuestro Sancho
entonces a lomos del rocín de Moncloa, le respondió que no, que aunque
tuviera mayoría en el Congreso un cambio de tanta trascendencia política
no se podía hacer sin contar con el visto bueno del PSOE, con la
anuencia del PSOE. Esa es la diferencia entre un demócrata pasmado pero
respetuoso con la ley, y un aventurero sin complejos decidido a saltarse
a la torera cualquier obstáculo legal que se interponga entre él y sus
ambiciones.
El Artículo 66 de la Constitución, Título
III, Capítulo Primero, dice textualmente que “Las Cortes Generales
representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los
Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad
legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción
del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la
Constitución.
Las Cortes Generales son inviolables”. De donde se deduce
que intentar anular las competencias de una de las Cámaras o de ambas es
un atentado contra la soberanía del pueblo español, un golpe más o
menos disfrazado contra la propia Constitución que recuerda como dos
gotas de agua a otro golpe, el protagonizado por la mayoría separatista
del parlamento de Cataluña el 6 de septiembre del año pasado, cuando la
tropa indepe impuso una nueva “legalidad”
saltándose a la torera la Constitución y el propio Estatuto catalán.
“Exigimos al PSOE que, para llegar a un acuerdo de Presupuestos, lo
primero que habría que hacer era arrebatarle al PP su último instrumento
de poder en España, que es la capacidad de veto en el Senado. Es una
anomalía democrática”. Es el texto de un tuit que Podemos ha vuelto a
publicar estos días.
Para
Podemos, los resultados de las elecciones de junio de 2016 que
otorgaron al PP la mayoría en el Senado son “una anomalía democrática”
con la que hay que acabar de grado o por fuerza, sin esperar a los
resultados de unas nuevas generales. Una concepción típicamente
bolivariana de la democracia parlamentaria. “La revolución bolivariana
solo triunfará si se extiende por todo el continente americano y,
después, por el resto del mundo” (Juan Carlos Monedero). Para nadie es un secreto que la vanguardia podemita,
formada y financiada por Irán y Venezuela, sueña con la idea de
reproducir esa experiencia revolucionaria en España. Lo desean tanto que
su gran líder se ha comprado ya una dacha de 1,2 millones en la sierra
de Madrid, en la esperanza de poder recibir el santo advenimiento del
desastre colectivo bien pertrechado de comodidades. Es también evidente
que el cóctel de partidos populistas-nacionalistas que entronizó en la
Moncloa a Sánchez abocaba más pronto o más tarde a la nación, no solo al
Estado, a un estrés sin precedentes, agravado por la herida abierta de
un problema como el planteado por el separatismo catalán.
Pero
lo que pocos, salvo sus más íntimos conocedores, podían sospechar es
que Sánchez, líder de un partido que ha gobernado durante casi 22 años,
clave en la historia de la Transición, y que ha tenido, con sus luces y
sombras, las mismas que el PP, un papel esencial en el mejoramiento de
la calidad de vida de los españoles, fuera a mostrarse, víctima de su
irrefrenable ambición de poder, tan proclive a dejarse arrastrar por las
pulsiones dictatoriales de una minoría que pretende hacer tabla rasa de
nuestras instituciones para hacer realidad el experimento de revolución
bolivariana en España, esa que tan felices tiene a los venezolanos
dentro y fuera de Venezuela. Y una pregunta recorre hoy en voz baja las
cuatro esquinas de la piel de toro. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar
Sánchez? ¿Alguien que es capaz de vaciar de competencias el Senado, en
un golpe sin paliativos contra la Carta Magna, tiene algún tope o norma
moral de conducta que le impida, en caso de ver su futuro político en
riesgo, atentar contra nuestras libertades?
¿Cuándo se jodió Venezuela?
Hoy
es una evidencia que esas libertades están en peligro no porque en el
Parlamento se siente un grupo como Podemos, sino porque Sánchez parece
haber renegado del PSOE socialdemócrata que conocimos tras la muerte de
Franco, para abrazar la causa del populismo rampante dispuesto a todo
con tal de conservar el poder. Las condiciones están dadas en la España
extraviada de nuestros días, una España que desde 2012 atraviesa uno de
sus momentos de mayor debilidad histórica. Raúl Gallegos, corresponsal que fue de Dow Jones y WSJ en Caracas, explica en su libro “¿Cuándo se jodió Venezuela?”las
razones que han llevado a la ruina al país con las mayores reservas
petroleras y mineras del mundo. La corrupción en el origen del problema.
Como en España. Una clase política roba, y un iluminado llega para
decir que eso se va a acabar, porque él se va a encargar de repartir
mejor la riqueza nacional. El marco: una población que desconoce el
valor del trabajo (“Póngame donde hay; del resto me encargo yo”) y el
esfuerzo, acostumbrada a vivir de las rentas del petróleo, y un entorno
socio-económico que empuja al Gobierno a gastar a manos llenas para
mantener su popularidad y, sobre todo, para fabricarse una clase
subsidiada que pronto estará dispuesta a defender a muerte al iluminado
ya convertido en dictador.
Un país cuyos gobernantes, de ínfimo nivel cultural,
viven instalados en el corto plazo, porque se trata de sobrevivir una
semana más en el machito. Como en España: un tipo ignorante de casi
todo, pero listo, ni un pelo de tonto, y sobre todo malo, engreído y
soberbio hasta el éxtasis. Un chavismo reñido con cualquier tipo de
planificación a medio o largo plazo, que hace frente a las emergencias
con simples parches, con una población narcotizada a la que el Estado
resuelve el día a día, un aparato productivo destrozado por las
importaciones de todo tipo de productos, un Ejército silente al que el
gorila ha hecho de oro, unos empresarios acostumbrados a vivir de la
tarifa a la sombra del poder político, siempre en primera posición de
saludo, como en España, como en Casa de América, y unos medios de
comunicación plagados de periodistas de izquierda radical dispuestos, en
su mayoría, a la manipulación ideológica y la ocultación de la verdad,
medios en buena medida propiedad de ricos millonarios progres a quienes
parece divertir el experimento de pobreza ajena. Como nuestras
televisiones. Lo que no tenía Venezuela es la amenaza añadida de quiebra
de su unidad territorial, riesgo muy presente para España y no sólo en
Cataluña. Lo único que resta a los enemigos de la libertad de los
españoles es el control de la Justicia, aunque están en ello, se han
puesto manos a la obra con una ministra del ramo íntima de Garzón (“Querido Emilio”), y de sus Boyes, Villarejos
y demás. “Desterrada la Justicia, que es vínculo de las sociedades
humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por
ella”, que dijo el gran humanista español Juan Luis Vives.
Es
una obviedad aclarar que las medidas de política económica que plantea
el Gobierno Sánchez van directamente orientadas a la creación de esa
clase popular subsidiada y dispuesta no solo a votarle en unas
eventuales generales, sino a apoyar cualquier decisión que implique
incluso transgredir la Constitución. Todo dependerá de cómo se mueva
este artista de la mentira, para quien leyes y procedimientos son un
estorbo, en la cuerda floja de un Gobierno con 84 diputados obligado a
satisfacer al alimón las exigencias de populistas y separatistas. En
paralelo al vaciado del Senado, lo que el sanchismo persigue es acabar
con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012 tras la
reforma constitucional del artículo 135 que en 2011 lideró Zapatero
con el respaldo del PP, según la cual los objetivos de déficit del
Gobierno deben ser aprobados por Congreso y Senado. Una ley clave, por
cuanto permitió restaurar la confianza de los mercados en España en el
peor momento de la crisis, reducir el déficit y propiciar el
crecimiento. A Sánchez le estorba esa ley. Él quiere volver a gastar a
manos llenas para lo que ya sabemos. Toda su política fiscal,
directamente empeñada en acabar con el ahorro de las familias, es un
atentado a la prosperidad colectiva. “Dejen competir, dejen ahorrar y
dejen crear riqueza. Estos deberían ser los principios de cualquier
Gobierno que quiera promover y fomentar la vía de los ingresos, base de
una subsiguiente política de gasto, sea o no acertada” (“Por un crecimiento racional”, Juan María Nin, Ed. Deusto)
La peor de las pestes
El
cerco de Podemos se estrecha sobre Sánchez. Tras mantener un llamativo
silencio sobre el caso de la tesis plagiada que probablemente ni
siquiera escribió él, Iglesias ha entrado
en liza al calificar de “cutre” la existencia de “párrafos sin citar” en
la misma, asunto por el que el presidente por accidente “tendrá que dar
explicaciones”. Al señor marqués de Galapagar le conviene un Sánchez
débil, cada vez más uncido al yugo de los morados, así hasta que llegue
el día, que quizá esté muy próximo, en que el líder socialista tenga que
elegir entre romper la baraja y alinearse en el bando de los demócratas
o echarse definitivamente al monte en brazos de los populistas y demás
enemigos de España para emprender el camino sin retorno de esa
“revolución bolivariana” que pretende imponerle Podemos. “El riesgo es
que el chavismo llega rápido pero luego resulta extremadamente difícil,
por no decir imposible, revertir por medios democráticos” (Raúl
Gallegos). La tantas veces denunciada aquí baja calidad de nuestra
democracia se ha convertido en un grave problema de salud democrática
que ya no está solo residenciado en Cataluña, donde un nacionalismo (“la
peor de las pestes”, como lo definió Stefan Zweig)
de tinte supremacista y totalitario, con el que el Gobierno Sánchez
está negociando en secreto, pugna por hacerse con el poder al margen de
la ley y de la mitad de la población, sino que acaba de instalarse en el
corazón de la nación, en el mismo Palacio de la Moncloa. El enemigo
está dentro, y fue capaz de afirmar hace justo 5 días que “Soy el
presidente del Gobierno y haré lo que quiera en la Cámara”.
Queda
la España de la silente sociedad civil, esos millones de españoles
-también socialistas, del viejo socialismo reñido con las aventuras de
este personaje sin escrúpulos-, dispuestos a defender contra viento y
marea sus libertades y su nivel de vida. Quedan ellos, queda el Rey, y
quedan un nutrido grupo de jueces. No son poca cosa. Pero tendrán que
estar dispuestos a fajarse y echarse a la calle para defender esos
principios de manera activa. No valdrá parapetarse tras los visillos
viendo desfilar a las hordas de la división, la sinrazón y el odio. El 2 de septiembre escribí aquí que
“Toca movilizarse de nuevo. Toca arremangarse para impedir la tropelía
de la vuelta atrás. Toca luchar por la Constitución y la unidad es
España, que es tanto como decir por la paz y el progreso. Por los
valores de la Ilustración”. El momento se acerca.
JESÚS CACHO Vía VOZ PÓPULI
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