Raül Romeva remitió una carta donde acusaba al Instituto Armado de asaltar periódicos y detener a funcionarios a su antojo.
Para el Gobierno de Carles Puigdemont, la Guardia Civil
era una "policía paramilitar" al estilo de los grupos delincuenciales
colombianos o de la Contra en Nicaragua, que al servicio del Estado
español, sin jueces ni fiscales de por medio, asaltaba periódicos,
detenía a funcionarios y trataba de someter al pueblo catalán.
El relato falsario aparece reflejado en un correo que, desde su cuenta oficial de la Generalitat, envía el conseller Raül Romeva
el 22 de septiembre de 2017. Según la documentación obtenida por EL
ESPAÑOL, Romeva remite una carta de agradecimiento al eurodiputado
Sander Loones, diputado por Nueva Alianza Flamenca y
uno de los principales partidarios del movimiento independentista
catalán en la cámara europea, más por sus propias pretensiones como
independentista flamenco que por cualquier cercanía ideológica.
"En los últimos días, la policía paramilitar española, Guardia Civil,
ha entrado y registrado las oficinas de un periódico catalán privado y
el servicio de correos español ha recibido la orden de dejar de
distribuir las revistas de asociaciones privadas de ciudadanos y
partidos políticos (incumpliendo la libertad de información y prensa que
contempla el artículo 20 de la Constitució)", escribía el
entonces máximo responsable de la política internacional del Govern de Carles Puigdemont.
En sus palabras, Romeva hace referencia al registro, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona,
de una revista comarcal catalana en busca de publicidad relacionada con
el referéndum ilegal del 1-O. La orden judicial no afectaba en ningún
momento al contenido de la publicación, sino al presunto gasto de dinero
público en unos comicios declarados ilegales, en una causa que
permanece bajo investigación, ahora en el Tribunal Supremo.
De la misma forma, la Justicia prohibió la difusión
por correo ordinario de la propaganda electoral para la consulta tras
declararla ilegal. Sin embargo, el exconseller, en su particular
versión, explica que "las cartas enviadas por la Comisión electoral, por
instituciones catalanas y por partidos han sido confiscadas", como si
se tratara de correspondencia de carácter ordinario y como si la
decisión respondiera a una cuestión política y no judicial.
Ni una palabra de jueces y fiscales
De hecho, Romeva hace mención a renglón seguido
a que desde el 20 de septiembre, el "Gobierno español ha intentado
suspender la autonomía financiera de Cataluña" (en referencia al bloqueo
y supervisión de las cuentas bancarias de la Generalitat por parte del
Ministerio de Economía, controlado entonces por Cristóbal Montoro, y a los registros "en 22 edificios catalanes, en domicilios privados, y la detención de 14 funcionarios públicos", obviando que esta segunda decisión era responsabilidad única y exclusiva de la Justicia,
y que los agentes que participaban en este operativo estaban allí en
labor de policía judicial, cumpliendo las órdenes dictadas por jueces y
fiscales catalanes.
No es la única vez en la que el nombre de la Guardia
Civil ha aparecido relacionado con la palabra "paramilitar", pero sí la
primera en la línea temporal que tiene que ver con el independentismo
catalán. La polémica llegó cuando en octubre de 2017,
varias publicaciones internacionales utilizaron el término para
referirse a la Guardia Civil en relación con las intervenciones
protagonizadas en Cataluña. Eso fue 15 días después de que Romeva firmara su carta.
¿Es el cuerpo público español una entidad
paramilitar? el debate es tanto etimológico como de lenguaje y no está
resuelto. Pero no cabe duda de que en el uso común, la palabra
"paramilitar" acarrea una carga negativa relacionada con raptos, ataques y otras atrocidades
cometidas por sicarios y ejércitos privados de medio mundo. Algo que
nada tiene que ver con la Guardia Civil. Y algo que Romeva, lógicamente,
ya sabía.
DANIEL MONTERO Vía EL ESPAÑOL
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