LA TENTACIÓN AUTORITARIA DE PEDRO SÁNCHEZ

/BERNARDO DÍAZ  EL MUNDO

Lo que sucedió la noche del martes no fue una muestra más de filibusterismo parlamentario. Tampoco un atajo «creativo» y venial que contara con precedentes comparables cuando gobernaba el PP, como pretende hacernos creer el relato suministrado por Moncloa. Lo que sucedió fue el triste espectáculo de un Gobierno que huye ciegamente de su propia debilidad, arrollando los contrapesos democráticos a su paso. Lo que sucede es que desde hace 100 días gobierna España un candidato que perdió las elecciones y ganó una moción de censura, y que está determinado a compensar su falta de escaños con su falta de escrúpulos, al precio de la degradación institucional.

Quien mejor ha explicado la jugada ha sido el socio preferente del Gobierno, Pablo Iglesias. Para él es "completamente legítimo" retorcer el reglamento para burlar al Senado, porque allí impera una "mayoría espuria". O sea, la del primer partido de la oposición. Que un admirador del chavismo arguya que el fin justifica los medios y apele a legitimidades alternativas, pretendidamente superiores, para atropellar los controles formales sobre los que se asienta la democracia liberal no nos sorprende: Iglesias nunca ocultó demasiado su condición. Lo que nos alarma es que el partido que más años ha gobernado España desdibuje su identidad socialdemócrata y se deslice por la peligrosa senda del populismo iliberal, aquel que presenta la pluralidad social consagrada en la representación parlamentaria como una rémora anacrónica que lastra la acción ejecutiva. Claro que los populistas que socavan el principio de separación de poderes en Europa ganan elecciones; ni siquiera es el caso de Sánchez.

Pese a todo, el actual presidente no ha tenido reparo en volar la facultad de control presupuestaria atribuida al Senado colando una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (que desarrolla el artículo 135 de la Constitución) en otra ley orgánica sobre la violencia de género admitida ya a trámite. Es decir, calificada por la Mesa del Congreso, a la que se ha escamoteado la posibilidad de pronunciarse por la única razón de que en ella manda la oposición. De modo que el Ejecutivo está usurpando la función legislativa de todo el sistema bicameral con tal de asegurarse unas semanas más de vida para negociar y presentar sus Presupuestos a tiempo y no verse abocado a anticipar elecciones. No hay antecedentes de algo lejanamente parecido en democracia.

Fue el propio PSOE el que protestó ante el Tribunal Constitucional por el abuso de la enmienda fraudulenta, ese procedimiento indigno que consiste en colar de rondón en una ley en curso una enmienda que activa otra reforma que se desea hurtar al trámite parlamentario. Los senadores socialistas en su día protestaron contra esta práctica del PP, alegando que vulneraba sus derechos de participación política. El TC les dio la razón. Hasta 14 sentencias ha contabilizado este periódico en las que se establece nítidamente su doctrina sobre la exigencia de conexión material entre la iniciativa legislativa y las enmiendas presentadas con ella. Sin embargo, para cuando el TC quiera resolver el recurso que plantee la oposición ya se habrá cumplido el ciclo electoral. Por eso Sánchez está decidido a seguir adelante. ¿Será capaz de desoír un informe de los letrados que advierta expresamente del fraude? Si así fuera, estaría importando las peores mañas del Parlament, que se abre o cierra al antojo del Govern y cuyos letrados son ignorados cuando advierten de que se están rebasando los límites legales.

Las instituciones existen para protegernos de la voluntad de poder de las personas que eventualmente lo ostentan. En eso consiste el juego democrático. Apenas podemos creer que Pedro Sánchez no conozca las consecuencias históricas de despreciar las reglas parlamentarias. Pero si las conoce, entonces es peor. Mucho peor.


                                                                                            EDITORIAL de EL MUNDO