Imagen de una página del libro de 'Socials' de 4º de la ESO de Barcanova
que cuenta el 1-O "ignorando los argumentos de los partidos
constitucionalistas" y reflejando sólo los datos ofrecidos por una de
las partes, según el informe. EL MUNDO
Pese a que el trabajo existe, y lleva siete meses guardado con celo en la sede de Alcalá, 34, ninguno de los dos ministros de Educación y portavoces del Gobierno se ha avenido a publicar sus conclusiones demoledoras. El trabajo alerta de que en Cataluña existen manuales escolares que «contravienen los derechos, libertades y deberes fundamentales recogidos en la Constitución Española y en las leyes orgánicas educativas». Libros de Primaria de esta comunidad autónoma «incitan al separatismo» e «ignoran la presencia de Cataluña dentro de España», mientras que en la ESO «utilizan todos los elementos del discurso nacionalista soberanista» para «retorcer la historia» de «manera aleccionadora».
El informe, de 245 páginas y con 11 anexos, es el primero de estas características que se realiza por parte de una Administración central tras muchos años de denuncias de asociaciones y familias respecto a la falta de imparcialidad y adoctrinamiento en algunos materiales escolares de Cataluña. En respuesta a estas demandas, el Ministerio dio orden el año pasado a la Alta Inspección para poner en marcha un proyecto que hubiera permitido actuar contra las ediciones que no cumplen con lo exigido en la normativa básica.
Los materiales curriculares no requieren de autorización previa para su publicación, pero deben atenerse a la Lomce y la Ley del Libro en cuanto a que tienen que existir unos «textos adecuados en el contenido y en la forma» que se adapten «al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo».
El trabajo inicialmente se centró en los libros de la ESO, con una muestra de 104 ejemplares de varias materias y cursos de todas las comunidades autónomas. Después se amplió a Primaria y Bachillerato, con otros 21 libros de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Se revisaron 16 editoriales y las divisiones autonómicas de la Alta Inspección no analizaron sólo el adoctrinamiento, sino también si había un adecuado tratamiento en la atención a la diversidad o en igualdad de género.
La conclusión final es que el «respeto» a la Carta Magna es generalizado en las comunidades autónomas porque la mayoría de sus libros tiene los «mínimos exigibles» de «rigor científico». Con una excepción clara que expresa así: «Los libros que componen la muestra analizada cumplen con los principios y valores recogidos en la Constitución Española, salvo en Cataluña».
En los manuales catalanes «se plantea un claro conflicto», advierte la Inspección, porque «la falta de objetividad legislativa se observa en actividades, mapas y textos desarrollados, que aportan un carácter parcial y sesgado o, cuando menos, subjetivo de la realidad de España».
El organismo encargado de velar por que se cumplan las facultades atribuidas al Estado en materia de enseñanza llega a decir que los dos manuales de Historia de España de 2º de Bachillerato analizados «no deben ser aplicados en el aula como libros de estudio», ya que «contravienen la norma plasmando una visión sesgada de la realidad histórica».
Pone como ejemplo el de la editorial Teide, que «da más importancia a la Historia de Cataluña que a la Historia de España»; refleja a Cataluña «como un territorio con dinamismo económico e industrializado, mientras que la población del resto de España aparece como proletaria, campesina o jornalera» y «es un libro ideologizado en el que se utilizan elementos del discurso nacionalista que pueden invitar al alumno a posicionarse políticamente».
Sobre el de Vicens Vives, denuncia que «no se ajusta a los contenidos del currículo básico ni respeta los principios y valores de la Constitución». Censura que no haya incluido los apartados de obligado desarrollo sobre la figura del Rey o sobre el papel de España en el mundo actual. Este libro -que prescinde de la palabra «España» hasta en su título- utiliza en su mayor parte fuentes de origen catalán. «Al igual que el anterior, todas las referencias al catalanismo van acompañadas de adjetivos positivos como democracia, tolerancia, evolución, reivindicación, libertad, soberanía, progreso, autonomía..., mientras que los adjetivos que predominan en la relación de España con Cataluña son opresión, descontento, prohibición, menosprecio, autoritarismo, humillación, protestas, dictadura, ocupación, militar».
La Alta Inspección también tiene palabras muy duras para los ejemplares de Conocimiento del Medio de 5º y 6º de Primaria, especialmente los de Barcanova. Avisa de que en ellos «se pone de manifiesto la intención de acomodar la historia a un fin concreto: dar carta de naturaleza a la existencia de Cataluña como país independiente de España». «España es responsable de todos los contratiempos ocurridos en ese territorio en muchos pasajes», añade, «lo que evidencia una falta de rigor histórico en dichos textos».
Y en los libros de la ESO también hay decenas de ejemplos en los que «se adoctrina convenientemente y se invita al alumno adolescente a tomar partido constante, aunque siempre queda claro quiénes son los buenos»: la Guerra de Sucesión se presenta como un enfrentamiento entre Cataluña y España; el PP es un partido «nacionalista español»; se ignora la Carta Magna; se ensalza a ANC y Òmnium, y se ofrece una versión sesgada del procés.
No se sabe por qué ninguno de los dos gobiernos ha difundido el informe, que se entregó en plena aplicación de artículo 155, con Méndez de Vigo como ministro y a la vez consejero educativo de Cataluña. Tampoco se ha tomado ninguna medida en relación a los libros denunciados, según las fuentes consultadas.
"Los
representantes elegidos pueden convocar referéndums para consultar a
los ciudadanos sobre la conveniencia o no de aprobar determinadas leyes o
tomar determinadas decisiones" (Barcanova, 5º Primaria). Marín, al que el Gobierno actual va a condecorar ahora con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, dijo que estaría listo «en los próximos días». Su Gobierno se comprometió a hacer públicos «los resultados definitivos». Según fuentes educativas, una primera versión fue terminada y entregada en julio de 2017, con el análisis de los libros de la ESO, pero no se hizo pública porque, según el Ministerio, se decidió ampliar la revisión a Primaria y Bachillerato.
Ciudadanos registró varias preguntas parlamentarias sobre este asunto y comenzó a extenderse la creencia de que ésta ya no era una cuestión prioritaria para el Gobierno. Méndez de Vigo aseguró el pasado 29 de mayo, en la Comisión de Educación del Congreso, que el trabajo estaba «tardando más» porque lo estaban ampliando a las citadas etapas. Pero, en realidad, fue entregado en febrero. El informe terminado llevaba tres meses encima de su mesa.
¿Y Celaá? La ministra dice desde julio que no ha encontrado el informe y que su predecesor no le informó de la existencia del mismo. Ha prometido buscarlo y analizarlo. El 4 de septiembre, respondió así a la diputada de Cs Marta Martín: «Si no se lo dieron quizá es porque el trabajo o no está hecho o está hecho de una manera un poco...», dejando en evidencia a su propio Ministerio.
OLGA R. SANMARTÍN Vía EL MUNDO
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