Miquel Roca pide a la Generalitat que no ignore la propuesta de Pedro Sánchez y el PSC
La semana pasada decía que el cese del 'conseller' de Empresa Jordi Baiget era solo la parte emergente de un gran iceberg: la desconfianza de un sector relevante del PDeCAT respecto al presidente Puigdemont.
En efecto, al cese de Baiget le han seguido los de otros tres 'consellers', la portavoz Neus Munté, el de Interior, Jordi Jané, la de Educación, Meritxell Ruiz, además de la del secretario del Govern, Joan Vidal de Siurana, y el lunes la muy relevante del director general de la policía, Albert Batlle i Bastardas.
La mirada a corto sobre la crisis se resume en que Puigdemont —con la complicidad de Artur Mas— ha cuadrado al PDeCAT y dejado en mal lugar a su coordinadora, Marta Pascal; que Junqueras afianza su liderazgo personal y el de ERC sobre el Govern, hasta el punto de que se puede hablar de una copresidencia; y a que abandonan el barco casi todos los moderados que son sustituidos por políticos de perfil más radical como Jordi Turull, hasta ahora presidente de Junts pel Sí en el Parlament, que era hace un año el candidato de Artur Mas a la secretaria general de CDC, y por Joaquim Forn en Interior, un político vinculado a David Madí y a Artur Mas, muy independentista pero que mostró flexibilidad y capacidad de pacto como segundo de Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona.
El cese del director de la policía, el moderado Albert Batlle, es la prueba más relevante del endurecimiento del Gobierno Puigdemont
La mirada a largo sobre la crisis es más reveladora y arroja dos conclusiones. La primera es que cuando faltan poco más de dos meses para el famoso referéndum unilateral de autodeterminación, casi una tercera parte del Gobierno de Junts pel Sí ha preferido apearse del tren independentista en la última estación porque no tienen confianza en la hoja de ruta y no desean un choque de trenes brutal. Y si trasladamos este descuelgue al 47,8% que votó independentista en las elecciones plebiscitarias del 27-S de 2015, podría ser que el respaldo social se estuviera reduciendo. Hay síntomas de ello en la sociedad civil.
La segunda conclusión es que la hipótesis de un choque de trenes de baja intensidad —seguramente el objetivo real de la operación Diálogode la vicepresidenta y del delegado del Gobierno, Enric Millo— se complica. Puigdemont y Junqueras parecen haber optado por la dureza en el choque de trenes. Deben creer que protestar con fuerza pero aceptar las órdenes del Tribunal Constitucional no movilizaba lo suficiente. Quieren que el Estado aumente su presión y que cometa algún grave error que le reste fuerza moral y provoque un efecto al alza en las candidaturas independentistas en las próximas elecciones.
El cálculo es arriesgado. Primero porque ni Rajoy ni Soraya parecen dispuestos a dejarse llevar a ningún exceso, sino que centran su estrategia en el cumplimiento estricto de la ley. Lo pone de relieve que Rajoy se haya ido a Estonia —que tiene ahora la presidencia de turno de la UE— a pasar revista a las tropas y aviones españoles que contribuyen a garantizar la integridad territorial de los países bálticos y a dejar el mensaje ante el Gobierno estonio —con alguna inclinación a favor de la autodeterminación— de que espera la justa correspondencia respecto a la integridad territorial de España.
Pero es cierto que en otros sectores del PP las reacciones son más asilvestradas. La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, afirmó que las fuerzas armadas garantizaban por tierra, mar y aire la unidad de España, en una afirmación obvia pero que a muchos catalanes —no siempre independentistas— les hace ver el fantasma del ejército entrando en Barcelona por la Diagonal. Aunque la ministra, que tiene inclinación a hablar, luego se ha callado. ¿Por orden superior?
Pero la reacción más deseada por los independentistas ha sido la de Pablo Casado, el portavoz del PP que parece que aspira a la alcaldía de Madrid, que ha empezado su campaña afirmando que "la purga” de Puigdemont le recuerda las purgas de Maduro en Venezuela y la presión de los asesinatos de ETA sobre la sociedad española. Quizá sea —lo dudo— una buena estrategia para la alcaldía de Madrid, pero es pésima para un partido que quiera ser respetado en Cataluña.
El cambio en la dirección de la policía es la prueba más clara de que Puigdemont ha optado por el choque duro. Albert Batlle era un histórico concejal del PSC maragallista que luego fue director general de prisiones con Maragall y Montilla. El 'conseller' Espadaler, de Unió Democràtica, el partido coaligado a CDC, le llamó a la policía para apaciguar el cuerpo tras la polémica gestión de un director convergente. Y el 'conseller' Jordi Jané lo mantuvo cuando llegó a Interior tras la marcha de Espadaler por la ruptura de la coalición CiU.
Batlle, hasta su baja obligada cuando fue adjunto de la oficina antifraude, siempre había militado en el PSC y tenía experiencia en la función pública. En una reciente entrevista con el veterano periodista Lluís Falgas, en el canal catalán de TVE, dejó claro que los Mossostenían dependencia funcional del departamento de Interior pero quedebían cumplir las órdenes judiciales, y llegó a asegurar que si a un juez le interesaba la detención de un político independentista, como la presidenta del Parlament, los Mossos cumplirían la orden. También estaba en el punto de mira de la CUP por la detención y conducción ante el juez de la alcaldesa de Berga, de la CUP, que había hecho caso omiso de las citaciones judiciales.
Marta Pascal, la coordinadora del PDeCAT, se suma a la radicalización y dice que los 'consellers' de su partido son soldados del referéndum
Era evidente que bajo su mando los Mossos no desobedecerían la ordenes judiciales y que por lo tanto había muchas posibilidades de que el choque de trenes fuera blando. Su sustitución por Pere Soler, un convergente independentista que no duda en tuitear que le dan pena los españoles, es un mensaje rotundo. De Albert Batlle, que aseguraba que la policía debía actuar de acuerdo con las leyes, hemos pasado a alguien cuya prioridad es la independencia de Cataluña y la celebración del referéndum ilegal. ¿Qué hará ante una orden judicial contraria al referéndum? Si no le hace caso, puede ser el punto de partida del choque de trenes real con el Estado, que podría verse impelido a tomar el control de los Mossos en base a la ley de seguridad nacional votada por el PP y el PSOE en 2015. Sin necesidad de recurrir al lento y embarazoso artículo 155 de la Constitución.
El riesgo del choque duro para el independentismo es que podría acabar con inhabilitaciones de políticos destacados como Oriol Junqueras o el correoso convergente Santi Vila, que, pese a ser un moderado, se mantiene en el Gobierno Puigdemont porque sabe que cuando haya elecciones, el PDeCAT necesitará alguien de su perfil para diferenciarse de Junqueras y de ERC. El riesgo del choque duro es que las inhabilitaciones dejen descabezado al independentismo y dificulten la posterior normalización. Junqueras juega con fuego si lleva demasiado lejos el choque duro. Pero esa es la estrategia que se ha impuesto: aprobación de la reforma del reglamento a finales de julio para poder votar en sesión única la ley de referéndum el 6 de setiembre y que sea suspendida por el Tribunal Constitucional antes del 11 de septiembre, el arranque de las grandes movilizaciones.
Puigdemont ha conseguido tensionar el clima del independentismo hasta tal punto que la coordinadora del PDeCAT, cuyo objetivo es la recuperación del partido a medio plazo, ha afirmado que todos los soldados del PDeCAT trabajarán para el 1-O. El tren independentista ha recibido nuevo combustible y ha partido hacia el choque duro. Con soldados y todo.
La estrategia del choque duro genera creciente inquietud en diversos sectores de la sociedad catalana
Pero esta hoja de ruta inquieta a sectores relevantes del catalanismo y del progresismo que hasta ahora —manteniéndose lejos del independentismo— no querían enfrentarse frontalmente. Los últimos días hemos visto dos casos. El primero es el de un grupo de 200 militantes y dirigentes de Cataluña en Comú negando toda legitimidad al referéndum unilateral en una actitud mucho más dura que la de Ada Colau y Xavier Domènech, que admiten la legitimidad del referéndum como manifestación de protesta pero le niegan carácter vinculante. Entre los firmantes están Marc Bartomeu, de la coordinadora de Cataluña en Comú, así como dirigentes situados en la órbita de ICV como José Luis López Bulla, antiguo secretario general de CCOO en Cataluña, Eulalia Vintró, teniente de alcalde de ICV del Ayuntamiento de Barcelona, y Joan Boada, que fue el segundo de la Consellería de Interior con el tripartito.
No obstante, lo más significativo es la toma de posición de Miquel Roca desmarcándose con educada rotundidad del 'procés' en su artículo semanal de 'La Vanguardia'. Roca Junyent, padre de la Constitución, ya había dejado clara su medida desconexión de las tesis independentistas. Siempre —en política y en su ejercicio profesional— ha practicado aquello de más vale un mal pacto que un buen pleito, pero es muy ilustrativo que tras la radicalización de Puigdemont —apoyado por Artur Mas—, el que quizás es el hombre más prestigioso y representativo del centro amplio catalanista se haya decidido a escribir: “El PSOE, a instancias del PSC, ha lanzado una propuesta de reforma constitucional de base federal, que tendría por objetivo aportar una solución dialogada para Catalunya. Su líder, Pedro Sánchez, se ha comprometido de manera muy personal y decidida en esta propuesta, a pesar de su contundente desautorización del referéndum de la Generalitat… Partiendo del reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado, recupera el hilo conductor de la reforma de 2006, para abrir un proceso que recuperara aquello que generó un amplio acuerdo del Parlamento catalán. ¿Ahora ya no tiene interés? ¿Demasiado tarde? ¿Poco definida? Todo es opinable, pero el proceso ya no está solo. Hay más ofertas o como mínimo una más”.
Y tras citar las palabras de Rajoy el fin de semana poniendo la negociación con el PNV como modelo, Roca concluye: “Seguramente en un momento tan próximo al 1 de octubre, lo que resulta más fácil es el cierre de posiciones. Todo el mundo con sus tesis y cargando las consecuencias a la otra parte. Porque habrá consecuencias; porque ya se empiezan a vivir. Y no se prevén buenas. ¿Ni con estas perspectivas el diálogo es posible?”.
Es una medida censura a la cerrazón del Gobierno Puigdemont. La sociedad civil y el catalanismo moderado no solo no se suman a la radicalización independentista. El choque duro les repele.
JOAN TAPIA Vía EL CONFIDENCIAL
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