Las Cortes facultan al Constitucional desde 2015 para dar órdenes directas o por vía judicial a las autoridades, funcionarios y particulares para impedir que se incumplan sus fallos
Mariano Rajoy se despide del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. (EFE)
Ni activar el artículo 155 de la Constitución ni aplicar la ley de seguridad nacional; el Gobierno sigue confiado en que bastará la vía de la Justicia para impedir el referéndum independentista en Cataluña. Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría lanzan estos días mensajes de tranquilidad y confianza en que el Ejecutivo dice que "sabe lo que tiene que hacer", sin ofrecer más detalles sobre sus planes de respuesta al desafío secesionista al dar por hecho que el Tribunal Constitucional frenará el golpe.
En medios gubernamentales insisten en que el "cerco judicial" a todos los movimientos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la CUP está funcionando ya. Y las facultades añadidas al TC en la reforma aprobada por las Cortes en octubre de 2015 para dar órdenes directas a las autoridades y funcionarios son la garantía última para impedir el anunciado referéndum de autodeterminación. De ahí que Sáenz de Santamaría sostuviera después de la presentación en sociedad del borrador de anteproyecto para celebrar la consulta que el Estado de Derecho lo tumbará "en 24 horas". Se refería al consiguiente recurso del Gobierno al Constitucional y la previsible suspensión inmediata de la iniciativa.
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Para impedir la réplica legal del Ejecutivo, el texto no lleva firmas, no está registrado, ni tampoco publicado por instancia pública alguna, por lo que permanece en un limbo político a la espera de que los secesionistas lo activen. Al mismo tiempo, los tribunales buscan pruebas para confirmar que se han empleado fondos públicos en el acto de presentación del borrador. "Los actos preparatorios también son ilegales, como ha dicho el Constitucional", como recuerda el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
La citada reforma de la ley del TC para ampliar sus competencias fue aprobada por el Congreso al final de la X legislatura con la mayoría absoluta del PP y la oposición de los socialistas y nacionalistas. Fue defendida e impulsada bajo la tutela directa de Sáenz de Santamaría y estaba precisamente destinada a evitar un caso de desobediencia parecido a la consulta del 9-N. Establece una vía de intervención previa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para proceder en una autonomía en caso de que se salte las leyes.
La citada reforma de la ley del TC para ampliar sus competencias fue aprobada por el Congreso al final de la X legislatura con la mayoría absoluta del PP
El Constitucional quedó facultado para "acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario". Además, "los juzgados y tribunales prestarán con carácter preferente y urgente al TC el auxilio jurisdiccional que este solicite". Bajo ese marco, el tribunal podrá recabar el auxilio de "cualquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones".
En caso de incumplimiento de esas resoluciones, el Constitucional puede proceder contra "instituciones, empleados públicos o particulares" para imponer multas (de 3.000 euros a 30.000 en caso de autoridades) y para suspenderlos en sus funciones, tanto a funcionarios como a responsables políticos.
El TC está facultado para, auxiliado por la administración judicial en su caso (policía incluida), dirigirse a todos los políticos, funcionarios y particulares que Puigdemot y Junqueras pretendan implicar en la celebración del referéndum: fuerzas de seguridad del Estado y locales, directores de colegio, alcaldes, concejales, personal adscrito a la Administración de la Generalitat o 'voluntarios'. Y también para ir luego contra ellos en caso de desobediencia. Es el procedimiento en que confía el Gobierno para impedir la celebración del referéndum anunciado. Los primeros en recibir las órdenes ejecutivas del TC serían los mandos de la policía autonómica.
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La vía judicial y la aplicación de las facultades del Tribunal Constitucional acotan en teoría todos los preparativos que la Generalitat tiene que hacer para convocar y celebrar el referéndum anunciado para el día 1 de octubre: los trámites legales para aprobar la normativa correspondiente, la compra de urnas, la habilitación de locales para la votación (colegios o dependencias municipales o de la Generalitat), el intento de hacerse con el censo o las medidas de seguridad necesarias.
La cuestión sigue siendo si Puigdemont y Junqueras harán caso omiso de las sentencias y los avisos del TC para comprar urnas al margen de la ley de contratos, replicar un censo, involucrar a los funcionarios y dar órdenes a los directores de los colegios y a la policía autonómica para poder montar la consulta.
El presidente de la Generalitat acaba de cambiar a los tres consejeros de los que dependerán las instrucciones y el personal que debería de poner en marcha la convocatoria: los de Interior, Enseñanza y Presidencia. El saliente de Interior, Jordi Jané, democristiano y exdiputado de la antigua CiU, no era de fiar para los independentistas más ultras. De hecho, en fuentes gubernamentales daban por hecho hasta ahora que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra no iba a colaborar con el golpe de Puigdemont por mucho que presionaran los secesionistas.
Al margen de la fidelidad con la causa separatista del nuevo consejero del ramo, Joaquim Forn, en el Gobierno parecen confiar en los mandos y cuadros de la policía autonómica y sus buenas relaciones con el Ministerio del Interior para garantizar el respeto al marco constitucional en Cataluña.
ÁNGEL COLLADO Vía EL CONFIDENCIAL
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