Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva
EFE
La principal ley de la 'trilogía de la desconexión' se atasca. Los
independentistas pretendían presentar públicamente la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica a
principios de la semana próxima. Hay pugnas internas en el bloque
secesionista y emergen algunos desacuerdos que se ocultan bajo gestos de
firmeza.
El pasado miércoles se aprobó la reforma del reglamento
de la Cámara que permitirá bendecir la ley del referéndum por la vía
exprés. Este viernes se hizo lo propio con una de las tres leyes de la
futura desconexión, la que recoge el diseño de la futura normativa
fiscal catalana.
Sin embargo, la pieza
clave de la arquitectura legal de ruptura, la Jurídica, especie de
embrión de la futura Constitución catalana, ha sufrido un frenazo en su
puesta en marcha. El Gobierno de la Generalitat había acordado con la
CUP presentarla en sociedad la semana próxima, pero ha trascendido que
hay cambio de planes. El trámite queda aplazado hasta finales de agosto o
primeros de septiembre.
El debate no ha
sido sencillo puesto que ERC y la CUP pretendían airearla cuanto antes.
Se trata de una ley sobre la que el diario 'El País' adelantó buena parte de su articulado, como, por ejemplo, quien tendrá derecho a la nacionalidad catalana, cómo se diseñará el aparato judicial... pero oficialmente se mantiene en el más estricto de los secretos.
Puigdemont
ha optado por echar el freno, con la excusa de que es preferible
centrarse en difundir la ley del Referéndum, que este mismo viernes firmaron en pleno
tanto los miembros del Gobierno como todos y cada uno de los diputados
de la mayoría secesionista. El Gobierno central la ha recurrido este
paso ante el Constitucional, que posiblemente la neutralice la semana
próxima.
El derecho a ser catalán
La
ley de desconexión Jurídica es objeto de disputa entre los
secesionistas casi desde su puesta en marcha. El presidente de la
Generalitat piensa que carece de sentido ponerla en circulación antes de
que se celebre el referéndum. Los radicales de la mayoría gubernamental
tienen prisa. Quieren que todo el trámite parlamentario quede
despachado antes de la fecha mágica del 1-0. El pulso, por ahora, lo está ganando Puigdemont,
lo que, en contrapartida, le obliga a no dar ni un paso atrás en los
preparativos del referéndum, sea cual fuere la reacción del Ejecutivo de
Rajoy la acción de la Justicia.
El
presidente del Gobierno dejó claro, en su última comparecencia del
curso, que no habrá consulta, que es ilegal, que la ansiedad no es buena
consejera y que sigue abierto al diálogo. Los separatistas hacen caso
omiso, siguen adelante con su plan. Este lunes presentará su ley del plebiscito en la Cámara,
último día hábil para hacerlo, y confían en que el debate se celebre
después del 15 de agosto, cuando el Parlamento catalán haya recobrado la
actividad tras el breve descanso veraniego.
Estos
tironeos internos en el bloque secesionista apenas trascienden a la
opinión pública. El presidente de la Generalitat enfatiza los pasos de
unidad, como la firma conjunta, aunque en secreto y sin cámaras, de la
ley del referéndum en un acto émulo de Fuenteovejuna. "¿No dicen que teníamos miedo a firmar? Pues hemos firmado todos", señalaba a este periódico un diputado del Pdecat.
Rajoy
habló con Puigdemont no por el futuro 'choque de trenes', sino por el
choque de un tren en la estación de Francia, que dejó cincuenta heridos.
Sólo conversaron de eso. Ni una concesión a estirar el diálogo telefónico
para abordar otros aspectos. Es norma de Moncloa, férreamente
establecida, que hasta que el referéndum no desaparezca del horizonte,
nada hay que hablar con el presidente de la Generalitat.
JOSÉ ALEJANDRO VARA Vía VOZ PÓPULI
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