El esperpento de octubre. Alberto Estevez
Parecía que nunca iba a llegar el momento. Después de siete años mareando la perdiz y otros cuarenta “haciendo país” y robando a manos llenas, el nacionalismo catalán por fin ha terminado de echarse al monte con el fusil al hombro y dispuesto a todo. O, mejor dicho, a casi todo, porque ni en el momento decisivo tienen muy claro lo que van a hacer después.
Para dar el paso decisivo al Gobierno de Carles Puigdemont no le ha quedado otra que transgredir abiertamente la legislación, sacándose de la manga una ley de autodeterminación que supone de facto la creación de una legalidad paralela. Era inevitable. Convergencia se encamó con quien se encamó en este asunto y sus compadres esquerristas y cuperos esto se lo creen y quieren más hechos y menos palabrería.
En esta aventura de conclusión un tanto incierta se han embarcado los antiguos convergentes, Esquerra y los bolivarianos de las CUP, es decir, los sospechosos habituales, ni uno más, los de la mayoría absoluta raspada de 2015. El resto ha preferido mantenerse al margen del esperpento y desde hace dos días están sentados en butaca de platea preparados para disfrutar del espectáculo. Media Cataluña esperando ver como la otra media se pega un tiro en el pie.
A tres meses del desenlace final de esta tragicomedia en demasiados actos que arrancó allá por 2010, podemos afirmar que el “procés” tal y como lo hemos conocido toca a su fin. O así debería ser, que lo mismo se alarga tres o cuatro años más, lo que no sería de extrañar habida cuenta de que hay mucha gente comiendo de esto. El procesismo ha terminado siendo una industria millonaria que emplea a muchos y mueve fondos millonarios.
Pero vamos a ponernos en lo mejor, que esto acaba para bien o para mal en solo 90 días. En ese caso todo lo que tiene que pasar está condensado en el referéndum del primero de octubre. Y ese referéndum bebe de la ley que han presentado sin muchas fanfarrias y bastantes caras largas en Barcelona esta misma semana. Una ley, la primera, de una república que no existe y que quizá no exista nunca.
El texto de la ley, zarrapastroso y cogido con pinzas, es el producto final de un consenso que ha parido un engrudo jurídico, un extravío legal plagado de agujeros e inexactitudes, algunas tan evidentes que parece mentira que lo hayan redactado juristas presuntamente expertos.
El primero de los errores está en el mismo título de la ley: “Ley del referéndum de autodeterminación” dice textualmente para, un poco más abajo, asegurar que eso de la autodeterminación está reconocido por la ONU y en multitud de tratados internacionales que el Reino de España ha firmado. Es cierto, la ONU reconoce el derecho de autodeterminación, pero para los pueblos colonizados. Pero Cataluña no es una colonia, no está sometida a la dominación colonial de un país extranjero. Cataluña, en todo caso, forma parte de ese país.
¿Significa esto que Cataluña no se podrá independizar nunca? Podría hacerlo, claro, ya mediante acuerdo previo con el resto de España reforma constitucional mediante, ya por las bravas declarando la independencia como hizo Francesc Macià en el 31. Lo que no puede es apelar a un derecho para el que no cualifica.
El texto, que empieza patinando en el mismo título, ya no detiene el desvarío hasta la última frase. Dice, por ejemplo, que según el derecho internacional el primero de los derechos humanos es el de la autodeterminación. Desconozco de donde se han sacado semejante majadería. La Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada en París en 1948, los primeros derechos que menciona son el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. El de la autodeterminación ni siquiera lo cita por la sencilla razón de que en el 48 era un término que todavía no se empleaba.
Tratan, como era previsible, de fundamentar su ley sobre el derecho internacional, lo cual tiene cierta lógica, pero como no les es propicio para sus fines han acabado por retorcerlo o, directamente, por inventárselo. Pero su problema no es la legalidad internacional, que a lo más entraría en el departamento de relaciones públicas del “procés”. Su problema es con el ordenamiento legal en España. Y ahí es donde la cosa ya se les va de las manos.
Han colocado la ley por encima de cualquier otra. Es decir, suprimen toda la legislación anterior de un plumazo. Esto implica que la nueva ley máxima sea intocable, inapelable, inasequible a cualquier impugnación. Y no, ante todas las leyes (excepción hecha de las constituciones) cabe recurso. La ley del referéndum catalán no es una constitución, pero no se puede recurrir porque le han dotado de carácter excepcional. Un recordatorio, las leyes excepcionales son propias de dictaduras.
Para más inri esta excepcionalidad la sacan adelante con una mayoría absoluta muy ajustada, de solo 72 diputados que representan al 48% del electorado. Para que muchas leyes pasen por los parlamentos autonómicos es necesario que las aprueben 2/3 partes de la cámara. Aquí, en cambio, se están cepillando el Estatuto de 2006 y la Constitución del 78 con la mitad más uno de los votos.
Cuando descendemos de la letra puramente jurídica a la práctica nos encontramos con más interrogantes. La ley convoca un referéndum, y para llevarlo a cabo se necesita un censo electoral. Según se extrae del texto el censo será el de las autonómicas pero, a la vez, la Generalidad asegura que elaborará su propio censo porque el censo actual no es suyo, es de la Junta Electoral Central (JEC).
Para sortear a la JEC crean un organismo nuevo llamado Sindicatura Electoral de Cataluña cuyos miembros, cinco en total, serán elegidos por el parlamento autonómico… por mayoría absoluta. Es decir, por ellos mismos que serán a su vez los que elaboren el censo. No es difícil imaginar quién figurará en el ese censo y, sobre todo, quién no lo hará.
Esto nos lleva directos a otra de las cuestiones mollares. Estas cosas no se hacen solas. Necesitan la participación de mucha gente, desde funcionarios a miembros de las mesas electorales. Aquí se produce una paradoja. La Generalidad ha creado una nueva legalidad pero la legalidad anterior sigue ahí porque no puede suprimirla por la fuerza.
Luego los funcionarios se encuentran entre la espada y la pared. Hagan lo que hagan se tendrán que enfrentar a una de las dos legalidades. Y no podrán escudarse en la obediencia debida porque eso es solo para los militares y no en todas las circunstancias. Resumiendo, que quien participe de la charlotada tendrá que responder individualmente de sus actos. Y quien no lo haga quizá también.
Lo que nos lleva al núcleo de la cuestión. La secesión es un derecho, ojo, la secesión, no la autodeterminación. Un derecho al que puede recurrir cualquier unidad política ya sea una autonomía, una comarca o un municipio. El problema del derecho de secesión es que solo puede ser ejercido de dos maneras: o porque se acuerda pacíficamente la separación como sucedió en Checoslovaquia en 1993, o mediante la fuerza, como hicieron los colonos ingleses de Norteamérica en 1776.
Para lo primero tiene que haber voluntad política en ambas partes. En este caso no es así. Para lo segundo los partidarios de la secesión tienen que estar dispuestos a todo, incluido dejarse la vida en el trance, y contar un respaldo popular masivo porque de lo contrario la cosa podría desembocar en una guerra civil.
FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA Vía VOZ PÓPULI
No hay comentarios:
Publicar un comentario