En el 25 aniversario de los JJ OO, Puigdemont hace gestos de rebelión y el separatismo aún juega al gato y al ratón
Portada de este martes de 'Le Figaro'.
Ayer hizo 25 años que se inaguraron los JJ OO de Barcelona,
fruto de la colaboración —no exenta de serios problemas— entre el
Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Maragall, la Generalitat
convergente de Jordi Pujol y el Gobierno del PSOE —todavía con mayoría absoluta— de Felipe González. Con el actual rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, desfilando con la bandera española por el estadio olímpico.
Eran otros tiempos. El alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, el gran artífice junto a Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, de aquellos Juegos, se podía permitir repetir —y ser aplaudido—, lo recordaba ayer Xavier Vidal-Folch, que “El que es bo per Barcelona, es bo per Catalunya i es bo per Espanya” (lo que es bueno para Barcelona, es bueno para Cataluña y es bueno para España). El entonces alcalde utilizaba así una conocida frase del presidente de una petrolera americana que defendía sus intereses diciendo que lo que era bueno para la Standard Oil General era bueno para los Estados Unidos. Hoy, la alcaldesa de Barcelona no solo no diría esa frase sino que el ayuntamiento se ha negado a dar el nombre de Samaranch a una calle de la ciudad.
Pasqual Maragall también reclamaba la cocapitalidad de Barcelona y el traslado a esta ciudad del Senado. Pero el líder socialista catalán, el que impulsó el Estatut de 2006 que decía que Cataluña era una nación dentro de España (Pedro Sánchez no se lo ha inventado), nunca fue demasiado apreciado en el resto de España. Ni por el PP, que siempre lo consideró un nacionalista con piel de cordero, ni incluso en sectores del PSOE.
Eran otros tiempos. Todo ha cambiado. Hoy —mejor dicho, anteayer— 'Le Figaro', el diario de la muy centralista derecha francesa, una especie de 'ABC' del país de Voltaire, abría su portada, a cinco columnas, con este título: “Cataluña desafía a Madrid y reclama su independencia”. Y el subtítulo rezaba: “Los separatistas que gobiernan la región preparan el referéndum sobre la independencia que el Gobierno español quiere impedir”. Dentro, el presidente Puigdemont afirmaba que “el derecho a la autodeterminación existe”, que Kosovo y Montenegro consiguieron la independencia a través del voto —sobreentendido como pasará en Cataluña—, que “no renunciaremos al referéndum aunque el Tribunal Constitucional lo prohíba”, y que “si el Constitucional me suspende de mis funciones, como puede hacer, no aceptaré esta decisión…aunque me expulsen de mi despacho”.
Tras la última crisis del Gobierno catalán, aumenta la posibilidad de un choque entre Madrid y Barcelona por el control de la policía autonómica
¿Piensa Puigdemont gobernar desde la calle? No lo sé. Lo seguro es que han pasado 25 años. Y que entre los jóvenes que protestaban contra los JJ OO bajo la pancarta 'Freedom for Catalonia', estaba el nuevo 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, que ha sustituido al moderado Jordi Jané en el reciente tsunami del Gobierno catalán.
Y la inmediata dimisión del director de la policía catalana, el moderado Albert Batlle (que venía del PSC de Maragall), ha sido un paso más —pero relevante— en la escalada entre el Gobierno catalán y el Gobierno de Madrid. Allí donde Batlle afirmaba que los Mossos siempre respetarían la ley y las decisiones de los jueces, el nuevo 'conseller' afirmó el pasado domingo que la policía catalana no solo permitiría sino que facilitaría la votación en el referéndum. Preguntado sobre los efectos de una orden contraria de los tribunales, Forn contestó que no se planteaba esa posibilidad, pero que en todo caso la policía actuaría protegida por la legalidad catalana. Una legalidad todavía inexistente y que debe emanar del Parlament de Cataluña tras la aprobación de las leyes de desconexión, que romperán no solo con la legalidad española sino con el propio Estatut de Cataluña, que requiere una mayoría cualificada de dos tercios para aprobar leyes que el separatismo quiere tirar adelante solo con su mayoría absoluta.
Nos encontraríamos así con dos gobiernos —el de Barcelona y el de Madrid— forcejeando por el control de un cuerpo policial en base a dos legalidades diferentes. Un choque constitucional y material de grandes dimensiones. La crisis más grave de la democracia española desde el “todos al suelo” del coronel Tejero.
Sería una realidad —todavía no hemos llegado— totalmente diferente a la del 92, pese a que ayer el rey Felipe VI insistía en Barcelona —poniendo profesionalidad y voluntad— en las ventajas de la unión que se vieron en aquellos JJ OO que pusieron a Barcelona en el mapa como una de las grandes capitales del mundo. Además, tras las declaraciones a 'Le Figaro', quedan pocas dudas de que Puigdemont está decidido a ignorar las decisiones del Constitucional y que no teme —sino que incluso busca— el choque y la inhabilitación. Como expliqué hace ya algunas semanas, quiere inmolarse como un kamikaze pensando que un choque cruento hará que el Estado español se extralimite, que la población catalana se insubordine, que la prensa europea ponga el foco en la rebelión catalana y la cerrazón de Madrid… y que Rajoy quede quemado. “Cuanto peor, mejor”.
¿Por qué alardea de tener ya las urnas por las que el Tribunal Superior de Cataluña ha abierto una investigación a la 'consellera' de Gobernación?
Esa es la explicación de que el lunes por la noche el 'president' dijera a un reducido grupo de personas que ya disponía de las urnas para el referéndum sobre las que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto una investigación a la 'consellera' de Gobernación, Meritxell Borràs (PDeCAT).
Puigdemont hace pues gestos de provocación, aunque mientras tanto el grupo parlamentario independentista todavía juega al ratón y al gato con la legalidad española. La reforma del reglamento que esta tarde debe votar el Parlament dice en su artículo 135 que leyes propuestas por un grupo parlamentario pueden votarse por procedimiento de urgencia y en lectura única. La reforma pretendía así que se pudiera aprobar por la directa, a finales de agosto o primeros de septiembre, la ley del referéndum. Pero este artículo —recurrido por la oposición— fue también cuestionado tanto por los propios letrados del Parlament como por el Consell de Garantíes Estatutaries, un mixto de Consejo de Estado y de Constitucional catalán de carácter consultivo. El Consell dictaminó que la lectura única puede usarse en leyes de importancia secundaria, pero nunca en las que alteren la arquitectura institucional.
Y la sorpresa ha sido que —en contradicción con los gestos desafiantes del 'president'— la semana pasada el grupo parlamentario de Junts pel Sí presentó una enmienda modificando ese artículo en la dirección indicada por el Consell de Garantíes.
¿Rectifica y hace marcha atrás así el separatismo en un punto clave de su estrategia? No es seguro.
Lo más probable es que haya querido dejar una puerta abierta a la rectificación. Pero hoy mismo puede retirar la enmienda y votar el proyecto tal como está, como ya hizo en una maniobra similar con la Ley de Presupuestos.
La votación de esta tarde indicará la estrategia del independentismo: ¿apuesta por un primer choque inmediato o prefiere esperar a visperas del 11-S?
Pero no se puede descartar que al final se vote la enmienda de JxS, con lo que sería más difícil el recurso al Constitucional. Y es relevante porque mientras el recurso de los grupos parlamentarios de la oposición no tiene efectos suspensivos, si los acarrearía el del Gobierno de Madrid. El separatismo querría así evitar que todo el proceso quedara suspendido los próximos días e intentaría aprobar la ley de referéndum en la última semana de agosto o los primeros días de septiembre por la vía ordinaria. ¿Habría tiempo? Parece que no, pero quizá forzando al máximo los plazos, con una ley de pocos artículos e impidiendo, por la vía de los hechos, el recurso de los grupos parlamentarios al Consell de Garantíes… De esta forma habría logrado retrasar la suspensión del proceso por parte del Constitucional. Pagando un coste adicional a la vuelta de vacaciones.
Lo que parece claro es que —discusiones jurídicas complicadas aparte— el independentismo todavía tiene dudas sobre el momento procesal adecuado para poner fin a la escalada y llegar al choque de trenes real. El momento en que la única opción para seguir adelante sea ignorar las decisiones del Tribunal Constitucional y pasar a la insubordinación. ¿Los próximos días o dentro de un mes, en vísperas de la gran manifestación del 11 de septiembre?
Esta tarde saldremos de dudas.
JOAN TAPIA Vía EL CONFIDENCIAL
Eran otros tiempos. El alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, el gran artífice junto a Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, de aquellos Juegos, se podía permitir repetir —y ser aplaudido—, lo recordaba ayer Xavier Vidal-Folch, que “El que es bo per Barcelona, es bo per Catalunya i es bo per Espanya” (lo que es bueno para Barcelona, es bueno para Cataluña y es bueno para España). El entonces alcalde utilizaba así una conocida frase del presidente de una petrolera americana que defendía sus intereses diciendo que lo que era bueno para la Standard Oil General era bueno para los Estados Unidos. Hoy, la alcaldesa de Barcelona no solo no diría esa frase sino que el ayuntamiento se ha negado a dar el nombre de Samaranch a una calle de la ciudad.
Pasqual Maragall también reclamaba la cocapitalidad de Barcelona y el traslado a esta ciudad del Senado. Pero el líder socialista catalán, el que impulsó el Estatut de 2006 que decía que Cataluña era una nación dentro de España (Pedro Sánchez no se lo ha inventado), nunca fue demasiado apreciado en el resto de España. Ni por el PP, que siempre lo consideró un nacionalista con piel de cordero, ni incluso en sectores del PSOE.
Eran otros tiempos. Todo ha cambiado. Hoy —mejor dicho, anteayer— 'Le Figaro', el diario de la muy centralista derecha francesa, una especie de 'ABC' del país de Voltaire, abría su portada, a cinco columnas, con este título: “Cataluña desafía a Madrid y reclama su independencia”. Y el subtítulo rezaba: “Los separatistas que gobiernan la región preparan el referéndum sobre la independencia que el Gobierno español quiere impedir”. Dentro, el presidente Puigdemont afirmaba que “el derecho a la autodeterminación existe”, que Kosovo y Montenegro consiguieron la independencia a través del voto —sobreentendido como pasará en Cataluña—, que “no renunciaremos al referéndum aunque el Tribunal Constitucional lo prohíba”, y que “si el Constitucional me suspende de mis funciones, como puede hacer, no aceptaré esta decisión…aunque me expulsen de mi despacho”.
Tras la última crisis del Gobierno catalán, aumenta la posibilidad de un choque entre Madrid y Barcelona por el control de la policía autonómica
¿Piensa Puigdemont gobernar desde la calle? No lo sé. Lo seguro es que han pasado 25 años. Y que entre los jóvenes que protestaban contra los JJ OO bajo la pancarta 'Freedom for Catalonia', estaba el nuevo 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, que ha sustituido al moderado Jordi Jané en el reciente tsunami del Gobierno catalán.
Y la inmediata dimisión del director de la policía catalana, el moderado Albert Batlle (que venía del PSC de Maragall), ha sido un paso más —pero relevante— en la escalada entre el Gobierno catalán y el Gobierno de Madrid. Allí donde Batlle afirmaba que los Mossos siempre respetarían la ley y las decisiones de los jueces, el nuevo 'conseller' afirmó el pasado domingo que la policía catalana no solo permitiría sino que facilitaría la votación en el referéndum. Preguntado sobre los efectos de una orden contraria de los tribunales, Forn contestó que no se planteaba esa posibilidad, pero que en todo caso la policía actuaría protegida por la legalidad catalana. Una legalidad todavía inexistente y que debe emanar del Parlament de Cataluña tras la aprobación de las leyes de desconexión, que romperán no solo con la legalidad española sino con el propio Estatut de Cataluña, que requiere una mayoría cualificada de dos tercios para aprobar leyes que el separatismo quiere tirar adelante solo con su mayoría absoluta.
Nos encontraríamos así con dos gobiernos —el de Barcelona y el de Madrid— forcejeando por el control de un cuerpo policial en base a dos legalidades diferentes. Un choque constitucional y material de grandes dimensiones. La crisis más grave de la democracia española desde el “todos al suelo” del coronel Tejero.
Sería una realidad —todavía no hemos llegado— totalmente diferente a la del 92, pese a que ayer el rey Felipe VI insistía en Barcelona —poniendo profesionalidad y voluntad— en las ventajas de la unión que se vieron en aquellos JJ OO que pusieron a Barcelona en el mapa como una de las grandes capitales del mundo. Además, tras las declaraciones a 'Le Figaro', quedan pocas dudas de que Puigdemont está decidido a ignorar las decisiones del Constitucional y que no teme —sino que incluso busca— el choque y la inhabilitación. Como expliqué hace ya algunas semanas, quiere inmolarse como un kamikaze pensando que un choque cruento hará que el Estado español se extralimite, que la población catalana se insubordine, que la prensa europea ponga el foco en la rebelión catalana y la cerrazón de Madrid… y que Rajoy quede quemado. “Cuanto peor, mejor”.
¿Por qué alardea de tener ya las urnas por las que el Tribunal Superior de Cataluña ha abierto una investigación a la 'consellera' de Gobernación?
Esa es la explicación de que el lunes por la noche el 'president' dijera a un reducido grupo de personas que ya disponía de las urnas para el referéndum sobre las que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto una investigación a la 'consellera' de Gobernación, Meritxell Borràs (PDeCAT).
Puigdemont hace pues gestos de provocación, aunque mientras tanto el grupo parlamentario independentista todavía juega al ratón y al gato con la legalidad española. La reforma del reglamento que esta tarde debe votar el Parlament dice en su artículo 135 que leyes propuestas por un grupo parlamentario pueden votarse por procedimiento de urgencia y en lectura única. La reforma pretendía así que se pudiera aprobar por la directa, a finales de agosto o primeros de septiembre, la ley del referéndum. Pero este artículo —recurrido por la oposición— fue también cuestionado tanto por los propios letrados del Parlament como por el Consell de Garantíes Estatutaries, un mixto de Consejo de Estado y de Constitucional catalán de carácter consultivo. El Consell dictaminó que la lectura única puede usarse en leyes de importancia secundaria, pero nunca en las que alteren la arquitectura institucional.
Y la sorpresa ha sido que —en contradicción con los gestos desafiantes del 'president'— la semana pasada el grupo parlamentario de Junts pel Sí presentó una enmienda modificando ese artículo en la dirección indicada por el Consell de Garantíes.
¿Rectifica y hace marcha atrás así el separatismo en un punto clave de su estrategia? No es seguro.
Lo más probable es que haya querido dejar una puerta abierta a la rectificación. Pero hoy mismo puede retirar la enmienda y votar el proyecto tal como está, como ya hizo en una maniobra similar con la Ley de Presupuestos.
La votación de esta tarde indicará la estrategia del independentismo: ¿apuesta por un primer choque inmediato o prefiere esperar a visperas del 11-S?
Pero no se puede descartar que al final se vote la enmienda de JxS, con lo que sería más difícil el recurso al Constitucional. Y es relevante porque mientras el recurso de los grupos parlamentarios de la oposición no tiene efectos suspensivos, si los acarrearía el del Gobierno de Madrid. El separatismo querría así evitar que todo el proceso quedara suspendido los próximos días e intentaría aprobar la ley de referéndum en la última semana de agosto o los primeros días de septiembre por la vía ordinaria. ¿Habría tiempo? Parece que no, pero quizá forzando al máximo los plazos, con una ley de pocos artículos e impidiendo, por la vía de los hechos, el recurso de los grupos parlamentarios al Consell de Garantíes… De esta forma habría logrado retrasar la suspensión del proceso por parte del Constitucional. Pagando un coste adicional a la vuelta de vacaciones.
Lo que parece claro es que —discusiones jurídicas complicadas aparte— el independentismo todavía tiene dudas sobre el momento procesal adecuado para poner fin a la escalada y llegar al choque de trenes real. El momento en que la única opción para seguir adelante sea ignorar las decisiones del Tribunal Constitucional y pasar a la insubordinación. ¿Los próximos días o dentro de un mes, en vísperas de la gran manifestación del 11 de septiembre?
Esta tarde saldremos de dudas.
JOAN TAPIA Vía EL CONFIDENCIAL
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