Directivos de Villar cobraban también de la empresa que gestionaba los derechos audiovisuales

El juez Pedraz sostiene que la decisión del presidente de la Federación de rescindir los contratos con el grupo Santa Mónica causó un perjuicio al patrimonio de la RFEF de más de 51,7 millones de euros

El presidente de la RFEF, Ángel María Villar. EFE

Directivos cobraban simultáneamente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y del Grupo Santa Mónica, al que Ángel María Villar rescindió el contrato de cesión de derechos audiovisuales causando un perjuicio para la entidad deportiva de más de 51,7 millones de euros. El juez cita el nombre de la esposa de Rafael Cortés Elvira, ex presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) en la etapa de Felipe González como presidente del Gobierno y quien percibió ingresos de esa compañía.

Así lo revela el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el auto por el que ha enviado a prisión comunicada y sin fianza a Villar; a su hijo Gorka y al vicepresidente económico, Juan Padrón. Son tres de los cuatro detenidos en el marco de la operación Soule, investigados por la posible comisión de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental.

Pedraz llama la atención sobre la vinculación “próxima al sistema de clientelismo” existente entre la RFEF y Santa Mónica, como pone de manifiesto el hecho de que directivos de la Federación percibieran “retribuciones dinerarias” a la vez de la entidad presidida por Villar y de la empresa del ya fallecido Jesús Samper. Entre los nombres que cita el magistrado figura el de María Elena Herrero González, jefa nacional de los servicios médicos de la RFEF desde 2003 y esposa de Rafael Cortés Elvira. Éste es administrador único de General de Asesoramiento Corel SL, quien percibió de Santa Mónica más de 1,5 millones de euros entre 2010 y 2012.

El juez dice que la rescisión del contrato con Santa Mónica causó un perjuicio a la RFEF de 51,7 millones

El instructor detalla también que el ex presidente del CSD es socio de la mujer de Gorka Villar, Mónica Han Cho, en una sociedad -Esinet SL- dedicada a “actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria y asesoría fiscal “. La razón social de esta compañía coincide con el domicilio madrileño del hijo del mandamás del balompié español.

Entre los directivos que habrían cobrado a la vez se encuentran también David Antonietty Hellmanns -director de marketing que habría percibido de Santa Mónica 175.830,50 euros entre 2009 y 2015- e Isabel Warleta del Río, responsable de publicidad y del área audiovisual y de imágenes de archivo de la RFEF y quien ocupó la jefatura del departamento de Producción de Santa Mónica entre 2009 y 2013.

Las relaciones entre la RFEF y Santa Mónica constituyen una de las líneas de investigación de la operación Soule, que ha incluido la intervención de numerosa documentación que ahora tendrán que analizar los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El grupo fundado por Samper fue adjudicatario de diversos contratos por parte de la Federación entre junio de 2004 y marzo de 2011. A saber: la cesión exclusiva de derechos audiovisuales, el programa de licencias y merchandising y el contrato de Adidas como patrocinador principal.

El 8 de marzo de 2013, la RFEF rescindió los contratos por incumplimientos del adjudicatario. En concreto, por no haber abonado 15,53 millones de euros y por no haber solicitado la autorización federativa por la venta de los derechos audiovisuales a Mediaset. La forma en que se ejecutó aquella resolución contractual causó un “grave perjuicio” a las arcas federativas y benefició a Santa Mónica, que en aquel momento le debía 19,8 millones de euros.

El ex director general de la Federación dijo a Anticorrupción que el presidente adjudicaba contratos a sus amigos

Así, la Federación decidió compensar 14,8 millones de la deuda con las cantidades a devengar a cuenta del contrato de agencia de programas de patrocinio y contrato de licencias y merchandising, le condonó 4,99 millones a cambio de recuperar determinados derechos y le hizo un reconocimiento por importe de 17 millones, cediéndole además los derechos de cobro con Iberdrola, Telefónica de España SA y Telefónica Móviles España SA.

“Con la resolución de los contratos de patrocinio y contrato de licencias y merchandising que aún se encontraban vigentes se renunció al derecho a percibir el 50% de los ingresos por los años de vigencia, lo que hubiera supuesto un importe de 15 millones de euros sin ningún riesgo de cobro ya que estas cantidades estipuladas en los contratos las percibía directamente la RFEF y posteriormente las liquidaba al grupo Santa Mónica”, expone Pedraz.

El instructor concluye que la decisión de resolver los contratos con Santa Mónica por parte de Ángel María Villar y Juan Padrón no sólo “causó un perjuicio” al patrimonio de la Federación de  51.746.071,30 euros sino que además se vulneró el acuerdo que la junta directiva había acordado el 25 de febrero de 2013: emprender acciones legales contra Santa Mónica para reclamarle el dinero que le adeudaba, aplicando la cláusula de penalidad establecida en el contrato y reclamando los daños y perjuicios que le habían causado.

Daño al patrimonio federativo

Las sospechas de irregularidades se acrecentaron a raíz de que el ex secretario general de la RFEF Jorge Pérez presentara el pasado 30 de enero una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que ponía de manifiesto cómo el tándem Villar-Padrón adjudicaron contratos de derechos televisivos a sociedades vinculadas a personas con las que ambos directivos tenían “relaciones de amistad”.

Pérez detalló cómo en el primer trimestre de 2014 fue rechazada una oferta de 16 millones de Mediapro por los derechos internacionales de los partidos de la selección española, la Copa del Rey y la Supercopa para un periodo de tres años. El encargo se materializó finalmente con B4 Capital, empresa que -según el denunciante- está vinculada a un “íntimo amigo” de Villar (Antonio Matarrese). El contrato se firmó en 16,5 millones, por un periodo de cuatro años y abarcando todo el mundo, “lo que presumiblemente supuso un perjuicio para el patrimonio federativo”.



                                                                     ANTONIO SALVADOR   Vía ELINDEPENDIENTE