El Gobierno aplicó el 155 y convocó elecciones para poner fin a la crisis de Estado,
pero lejos de arreglarse la situación se ha agravado. No ha vuelto ni
la estabilidad ni la normalidad y el partido del Gobierno ha sufrido una
humillación. Un fracaso de la estrategia del que dirigentes del PP responsabilizan a Santamaría.
/JORGE ARÉVALO
Siguiendo la máxima de que todo lo que puede empeorar empeora, el 21-D ha dejado un escenario inquietante, amargo, triste y desolador para los que perdieron, pero también para los que ganaron. La gran victoria de Ciudadanos -histórica en todos los sentidos- sólo le servirá para seguir haciendo oposición al independentismo. El proceso político degenerativo al que ha abocado a Cataluña y a España el independentismo catalán no se ha regenerado en las urnas, sino todo lo contrario. Hace sólo dos meses, PP, PSOE y Ciudadanos consideraban que las elecciones autonómicas eran la solución adecuada para pasar la página de las actuaciones ilegales de la mayoría de gobierno independentista. Para eso, el Gobierno activó el 155. Las urnas, sin embargo, no han resuelto la grave crisis de Estado, sino que la han agravado. Algo más de dos millones de catalanes profesan el independentismo no con mentalidad política, sino religiosa. Y con su voto han dicho a toda España que les da igual que sus dirigentes se salten todas las leyes, que las empresas abandonen Cataluña y que Europa y el universo entero no les hagan ni caso. Las elecciones convocadas por el 155 no han devuelto ni la normalidad, ni la estabilidad, ni la serenidad, ni la sensatez a la política catalana. El plan ha fracasado y no existe constancia de que exista un plan B.
Estupor es la emoción más extendida entre los partidos políticos no independentistas tras el 21-D. Ocasión tendrán con motivo de la tregua vacacional de Navidad y Año Nuevo para digerir el resultado de las urnas al mismo tiempo que el turrón y el cava. El día de reflexión de las elecciones catalanas se cumplieron dos años de las elecciones generales que debilitaron seriamente al bipartidismo. Dos años desde que la política en España quedó cristalizada, empantanada, paralizada y estancada en brazos de una fragmentación parlamentaria que noqueó a PP y PSOE, al tiempo que los nuevos, Podemos y Ciudadanos, se han mostrado incapaces de dar vida productiva a su actuación en las instituciones nacionales.
La crisis catalana es inseparable de la crisis nacional. El atasco catalán es el atasco español. «Estamos en el peor momento de la democracia española, con todas las heridas abiertas. Ha quedado bastante claro que el 155 se activó demasiado tarde, con procesos judiciales abiertos que se han solapado con las dinámicas políticas y electorales. Un disparate. Un escenario de pesadilla que además tiene muy difícil corrección». Así se expresa un político español que ha ocupado cargos de mucha responsabilidad.
A la cabeza del país, un presidente del Gobierno cuyo partido ha sido barrido del mapa catalán. El PP esperaba una derrota, no una humillación. El volumen del descalabro ha sorprendido a esta formación política hasta dejarla sin habla. Es muy fuerte acabar en el Grupo Mixto.
Recreándose en la suerte y la habilidad que le ha permitido salir indemne de todas las pruebas que le han salido al paso desde que ingresó en política, Mariano Rajoy ha aplicado a la rebelión catalana la receta de la casa. Sin embargo, ha quedado bien a la vista que esta vez no le ha dado resultado ni la paciencia, ni la templanza, ni refugiarse en la aplicación estricta de la Ley, ni la fe en que una mayoría de catalanes caerían en la cuenta de que el independentismo era un mal negocio para su futuro.
Seguro como está -con motivo- de que el PP es un ejército disciplinado que no se dejará desestabilizar por el aliento de Ciudadanos soplándole en la nuca, Rajoy se ha dado tiempo hasta ver cuáles son los siguientes pasos de la mayoría absoluta independentista. Para explicar la ley de hierro que este partido ha incorporado a su ADN, baste señalar que el candidato que pasó de 11 escaños a 3 el 21-D sigue en su cargo. Quizá en cualquier otro país democrático resulte algo extraño que un descalabro semejante no lleve a la dimisión irrevocable e inmediata del candidato -o de alguien- la propia noche electoral. En el PP, sin embargo, tal circunstancia forma parte de su normalidad. De tal forma que nadie asume nunca la responsabilidad de los fracasos. Parece que Xavier García Albiol -con criterios de lógica política- ofreció su dimisión a Rajoy y éste le dijo que siguiera en su sitio.
El silencio de los dirigentes del PP. Con la excepción de Alberto Núñez Feijóo, que discrepó de la tesis -rupturista sin duda- que culpaba a Inés Arrimadas de haber ganado y de que el PP hubiera perdido. El presidente gallego dijo lo obvio, que la culpa de la derrota del PP la tenía el PP.
Pero si, al modo de los cuentos de Dickens, pudiéramos levantar el tejado de la sede del PP para otear qué pasa dentro de un edificio aparentemente en calma, veríamos que la preocupación, el enfado y la tristeza son muy tangibles en la calle Génova. El reconocimiento de que se han cometido errores de diagnóstico y de actuación por parte del Gobierno en la crisis catalana cobra fuerza dentro del PP. No en los últimos meses, sino en los últimos años.
Las miradas se dirigen, sobre todo, a la vicepresidenta del Gobierno. Hace poco más de un año, Rajoy designó a Soraya Sáenz de Santamaría como ministra para Cataluña y le otorgó todos los poderes para gestionar el combate legal y político contra el independentismo. Durante los últimos meses, todas las decisiones del Gobierno sobre Cataluña las han tomado el presidente y la vicepresidenta. Los ministros de Rajoy -sumamente entrenados en no meterse donde no les llaman- se han enterado de las decisiones estratégicas casi por la prensa. Por ello, algunos dirigentes del PP apuntan a que la vicepresidenta no puede eludir su responsabilidad en el fracaso de la estrategia en Cataluña. Desde la Operación Diálogo, hasta el 1 de octubre, pasando por el 21-D. Naturalmente que es remota -por no decir inverosímil- la posibilidad de que el presidente del Gobierno pida responsabilidades a su número dos o prescinda de ella. Entre otras cosas -no menores-, porque la palabra sucesión envenena los sueños y las pesadillas del PP de Rajoy.
Está en su segunda legislatura, tiene por delante la decisión suprema de repetir o no como candidato a La Moncloa y cualquier movimiento -por leve que sea- es interpretado en clave sucesoria. De nada sirve que el interesado haya repetido -la última vez en la campaña catalana- que se presentará porque se siente con fuerzas. El cotilleo sucesorio es uno de los pasatiempos favoritos de las comidas y cenas de la extensa familia del PP. Ahora, se añadirá el ingrediente de la pujanza de Ciudadanos. Es bien cierto que después de la irrupción de Albert Rivera hace dos años en Cataluña pasó algo parecido, y las elecciones generales no validaron la pronosticada pujanza de Ciudadanos en el electorado del centro-derecha español. Pero no es menos cierto que nadie puede garantizar que pasará exactamente lo mismo en futuras citas electorales.
La incógnita se cierne, pues, sobre la actual legislatura cuando sólo ha cumplido un año. Nadie duda de que Rajoy intentará agotarla, pero tampoco nadie está seguro de que pueda hacerlo. La dinámica electoral para los comicios autonómicos y municipales se pondrá en marcha en el año que comenzará dentro de pocos días. La negociación de los Presupuestos dará una pista. Rajoy no tiene garantizado el respaldo del PNV, aunque intentará lograrlo. Si no lo consigue, los prorrogará.
Tampoco luce un aspecto muy saludable la hipotética alternativa de Gobierno que dice representar el PSOE. Los resultados de Miquel Iceta en Cataluña no permiten apreciar que los socialistas estén dando pasos hacia la mayoría necesaria para gobernar España. Como mucho, han detenido su caída. El respaldo de Pedro Sánchez al Gobierno en todas las decisiones sobre Cataluña ha desdibujado al PSOE como principal partido de la oposición en el Congreso. Algunos diputados del PP se malician de que puede existir un pacto -implícito o explícito- del presidente del Gobierno y del líder del PSOE para que la legislatura dure todo lo que sea posible. La razón última es que ni a uno ni a otro les interesan las elecciones generales anticipadas. «Después de lo que está pasando en España, lo que nos faltaba era convocar elecciones generales», dijo Mariano Rajoy en su rueda de prensa del viernes.
Una versión nueva del «menudo lío». El presidente del Gobierno huye de los líos, pero los líos corren más que él.
LUCÍA MÉNDEZ Vía EL MUNDO
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