¡Váyase, señor Puigdemont!; ¡Váyase, señor Rajoy!

Parece una obviedad, pero no lo es. La ley es democracia y la democracia es ley. Y la política está para resolver los problemas. Lo peor es que unas elecciones no sirvan para nada

Mariano Rajoy recibe en 2016 a Puigdemont en la Moncloa. (EFE)

La posverdad está de moda. Pero más aún los falsos argumentos con apariencia de veracidad. O los sofismas, como se prefiera. Y entre ellos destaca la idea de que ley y democracia son conceptos antagónicos.

Tanto el presidente Rajoy como la vicepresidenta Sáenz de Santamaría no se cansan de repetir que sin ley no hay democracia, y de ahí que hayan diseñado una estrategia de leguleyo para hincar el diente a la cuestión catalana. Es decir, aplicar el silencio administrativo —mirar hacia otro lado y dejar que actúen los jueces— ante un asunto que ha envenenado la vida política española. Hasta el punto de que hoy el sistema parlamentario ha colapsado por falta de colaboración entre los partidos políticos.

España entra en 2018 sin Presupuestos Generales del Estado y con decenas de leyes que duermen en el sueño de los justos, como si este país —con una deuda pública de cerca del 100% del PIB y un 16% de parados— no necesitara cambios.

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El argumento que se ofrece es un tanto pueril. Si los soberanistas no cumplen la ley, no hay nada que negociar, lo que es lo mismo que decir que no hay margen para la política. Es como si el contenido de las leyes no tuvieran su origen, precisamente, en el conflicto social, lo que obliga a cambiarlas cada cierto tiempo para adecuarlas a las nuevas realidades después de momentos de tensión inherentes a sociedades complejas. Y hacer una lectura administrativista de lo que ha sucedido en las elecciones catalanas no es más que un disparate político. Como la que ha hecho la propia Arrimadas en declaraciones a 'El Mundo' cuando dice que no hay un problema entre Cataluña y España, sino entre catalanes (sic).

Rehenes del horizonte penal

Lo dijo, igualmente, Rajoy este viernes en Moncloa: "Yo con quien me tendría que sentar es con la señora Arrimadas, que es quien ha ganado las elecciones". Es decir, la democracia parlamentaria —que no es otra cosa que la suma de la representación popular a través del número de diputados o senadores logrados en las urnas— no cabe en el lenguaje actual del presidente del Gobierno (elegido por un pacto entre partidos), ya que considera ociosos dos millones largos de votos porque los dirigentes soberanistas se han saltado claramente la ley. Es decir, dos millones de catalanes son rehenes del horizonte penal de sus representantes.

La democracia parlamentaria no cabe en el lenguaje actual del presidente del Gobierno, ya que considera ociosos 2 M largos de votos

Con acierto, la FAES de Aznar habló este sábado de "desdén" para explicar el comportamiento de Rajoy, que ve como su partido es irrelevante ya en el País Vasco, Cataluña y Navarra, tres comunidades con un indudable signo nacionalista.

Puigdemont o Junqueras, por el contrario, se agarran al concepto de democracia y lo enfrentan a la ley para reivindicar la independencia de Cataluña. Puro sofisma. Es evidente que las leyes se cambian mediante procedimientos que las propias leyes contemplan, lo que exige lealtad institucional y, sobre todo, respeto a la mitad de catalanes que no quieren la independencia. El independentismo ya no da para más, y como ha dicho el 'exconseller' Mas-Colell, los votantes le han concedido una segunda oportunidad para pactar, no para la algarada continua. Ninguna administración puede saltarse a la torera las normas porque sería lo mismo que entrar en la ley de la selva, donde gobiernan los más fuertes. La democracia, como es lógico, tiene sus límites, que son, precisamente, los que marcan las leyes.

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Este diálogo de sordos es el que explica una situación insólita: las elecciones —máxima expresión de la democracia— no sirven para nada. O para muy poco más allá de la formalidad que supone la constitución del Parlament.

Sin duda, porque las dos partes interactúan y se retroalimentan. Y saben que en tiempos de zozobra los electores prefieren el original. La triunfante Arrimadas frente al titubeante PP, que necesitó, además, al PSOE para aprobar el artículo 155, y no el sucedáneo —PSC o Podemos—, lo que explica que ambos bloques se encuentren a gusto polarizando el sentido del voto.

La estúpida obstinación

Ciudadanos porque ha obtenido unos extraordinarios resultados en Cataluña a costa del PP y del PSC que le impulsarán electoralmente en el resto de España, y los independentistas porque han logrado mayoría absoluta (70 de 135 escaños) en unas condiciones muy difíciles gracias a su estúpida obstinación en sacar adelante un proyecto imposible que sólo conducirá a la melancolía y a la frustración. Apelar a la dignidad de un pueblo, ya sabe, suele ser útil en términos electorales. Y eso es, precisamente, lo que han hecho en los últimos dos meses. Apelar a la dignidad en lugar de a la razón.

No es equidistancia ni neutralidad ante el incumplimiento de la ley o ante la democracia congelada. Es, simplemente, la descripción de una realidad innegable: Cataluña está partida en dos y ambos bloques endurecen el campo de juego, lo que explica la enorme participación: un 82% del electorado, atraído por tan elevada competencia.

Ley y democracia, sin embargo, no pueden separarse. Son la misma cosa. De hecho, no se entiende la naturaleza de las leyes en una democracia sin que las normas estén impregnadas del poder del pueblo. De otra manera, se estaría ante un sinsentido: leyes de mármol que restringen el cambio social porque el Ejecutivo de turno se aferra a la idea de que las leyes no son revisables.

Es por eso que, en las democracias avanzadas, corresponde al Gobierno llevar la iniciativa a la hora de presentar cambios legales a la luz de los resultados electorales. Justo lo contrario de lo que hacen Rajoy y Sáenz de Santamaria, escondidos tras los diferentes estamentos judiciales y carentes de un discurso político capaz de ahogar el mensaje nacionalista explotando sus contradicciones.

No hay democracia sin ley y no hay ley sin democracia. Y si no saben sacar al país adelante, es mejor que se vayan por el sumidero de la historia

Esa visión administrativista de la política puede servir en períodos de calma política, pero es absolutamente irresponsable cuando el problema afecta a casi un 20% del territorio con enorme capacidad de contaminar al resto del país. Y, sobre todo, cuando los resultados del 21-D no son determinantes para ninguno de los dos bloques, lo que obliga a ser posibilistas y pragmáticos, lo que no es sinónimo de 'traición' a la nación española ni de rendición.

Es, simplemente, hacer política, porque, de lo contrario, se estarían vaciando de contenido dos conceptos tan inseparables como irrenunciables. No hay democracia sin ley y no hay ley sin democracia. Y si unos y otros no saben sacar al país del atolladero, es mejor que unos y otros se vayan por el sumidero de la historia. Esto no va de perdedores o ganadores sino de buscar soluciones que satisfagan a todos. También al resto de España. Y hay un peligro cierto de que Cataluña se divida entre los catalanes y los 'otros catalanes', los que votaron no a la independencia y que proceden de otras partes del país. Solo por eso, merece la pena intentarlo.


                                                                                 CARLOS SÁNCHEZ  Vía EL CONFIDENCIAL