Podemos y Cs han establecido una alianza tácita para redoblar la presión sobre los socialistas y sumarlos a un proyecto de reforma electoral que haga más proporcional el voto
Rafael Hernando, Margarita Robles y Joan Tardà, los líderes de Podemos, Pablo Iglesias y Albert Rivera. (EFE)
Podemos y Ciudadanos coinciden en la necesidad de reformar la ley electoral y hacerlo antes de que finalice 2018. La modificación de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General) es uno de los pocos intereses compartidos de la nueva política que, de forma soterrada, ha establecido una alianza tácita para redoblar la presión sobre las formaciones clásicas, que se resisten a su modificación. Primero fue Pablo Iglesias quien urgió a PP y PSOE para llevar a cabo una reforma que haga la ley más proporcional, convencido de que Cs estaría de acuerdo, y en las últimas horas se ha sumado a las presiones Albert Rivera, quien cuenta a su favor con el impulso de los resultados en Cataluña y la negociación de su apoyo a los presupuestos generales de 2018 como moneda de cambio.
Los trabajos de la subcomisión del Congreso para la reforma electoral han sido prorrogados otros seis meses, hasta el próximo mes de junio, debido a la falta de grandes consensos, pero los representantes de la denominada nueva política ya han fijado entre sus prioridades para 2018 que finalmente salga adelante. Ciudadanos ha sido uno de los principales abanderados de dicha reforma, que incluso incluyó en su acuerdo de legislatura con el PP, para hacerla más proporcional, y ahora exigirá ratificar dicho compromiso. Esta fue una de las partes del acuerdo que Rivera subrayó como prioritarias en su balance de final de año, junto a la reforma del Senado o la supresión de los aforamientos, deslizando que en su mano estaba la llave de los presupuestos y dejando entrever que tratará de amortizar en el Congreso su victoria en las elecciones catalanas.
Los
trabajos de la subcomisión del Congreso para la reforma electoral han
sido prorrogados otros seis meses debido a la falta de grandes consensos
La relación entre la izquierda encalló ya antes del referéndum del 1-O, y desde entonces la coordinación parlamentaria de PSOE y Podemos desapareció de sus agendas. Un escollo más para que la presión de Podemos genere un efecto de arrastre en los socialistas, que se escudan en la necesidad de alcanzar un acuerdo transversal entre todas las grandes fuerzas políticas para justificar su apatía. Una ley más proporcional, en la que todos los votos valgan prácticamente lo mismo, sin diferencias entre provincias ni zonas rurales y urbanas, que a día de hoy perjudicaría a PP y PSOE.
Sin el concurso de los populares no se alcanzarán los tres quintos del Congreso que se exigen para cualquier iniciativa de reforma constitucional ordinaria. Sin embargo, existen otras fórmulas para modificar el sistema electoral sin necesidad de modificar la Constitución, esto es, mediante una simple reforma de la LOREG para lo que bastaría una mayoría absoluta de 176 escaños. Con este último mecanismo, no se podría pasar de la circunscripción provincial a la autonómica, por ejemplo, como pretende Podemos, aunque sí aumentar la proporcionalidad por otras vías, cambiando la ley D'Hont por un sistema más proporcional tipo Sainte-Laguë.
De lo que no hay duda es de que los nuevos partidos centrarán una buena parte de sus esfuerzos en centrar la agenda parlamentaria en la reforma electoral. Pablo Iglesias afirmaba el pasado Día de la Constitución que dicha reforma "se podría hacer desde ya" y que para ello estaba dispuesto "a buscar diálogo". Entre los cambios que esbozó entonces se incluye la ampliación del Congreso, para que pase de 350 a 400 diputados —con menos sueldo—, variar la Ley D'Hont o el voto rogado, facilitando el sufragio desde el extranjero (uno de los pocos acuerdos alcanzados en la subcomisión del Congreso).
El portavoz de la formación en dicha subcomisión, Íñigo Errejón, explicaba el mismo día en un artículo de opinión publicado en este diario que "para volver a ganarse la confianza de la ciudadanía, las instituciones no solo deben ganar en transparencia, participación e independencia de los diferentes poderes, sino que además se necesita una reforma en profundidad de nuestro régimen electoral con el fin de recuperar la proporcionalidad que la propia Constitución de 1978 establecía como objetivo". De lo contrario, añadía, "nuestra democracia continuará siendo rehén de quienes se garantizan, con un tercio de los votos, la mayoría absoluta del Senado para bloquear cualquier propuesta de cambio".
Si el exportavoz de Podemos se refería a "los efectos perniciosos de una ley electoral tramposa", el líder de Ciudadanos tildaba la LOREG en su balence de final de año como una ley "maldita" y a la que achacaba la imposibilidad de Inés Arrimadas de presidir la Generalitat pese a ganar las elecciones sin mayoría absoluta. Un guiño indirecto de Rivera a Rajoy, pues los populares han propuesto en la subcomisión de reforma electoral un cambio para que gobiernen las listas más votadas, aunque en los municipios, no en las comunidades autónomas.
El
líder de Cs tildaba la Ley Electoral como una ley "maldita" y a la que
achacaba la imposibilidad de Inés Arrimadas de presidir la Generalitat
El programa con el que el PSOE acudió a las últimas elecciones generales, y en el que se referencia para el debate sobre la reforma del sistema electoral, apuesta en genérico por mejorar la proporcionalidad, sin ahondar en los mecanismos ni en qué grado. Con todo, sí coincide en una medida que reclaman los nuevos partidos, la relativa a las listas desbloqueadas. De este modo, según se argumenta en el programa, se permite a los votantes "una mayor influencia sobre la elección finalmente de sus representantes", además de incentivar una rendición de cuentas más personalizada. La propuesta programática de Ciudadanos, en cambio, se centra en el principio de "una persona un voto".
IVÁN GIL Vía EL CONFIDENCIAL
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