El Gobierno se está planteando incluir una casilla en la documentación para la próxima preinscripción escolar en Cataluña que permita a los padres de alumnos escoger la escolarización en lengua castellana para sus hijos. La medida está prevista desde 2014 en la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) y el Ejecutivo de Mariano Rajoy baraja impulsar la iniciativa al amparo de las competencias que en materia educativa le otorga la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Es decir, que un problema crónico -el de la imposibilidad real de muchos padres en Cataluña para matricular a sus hijos en castellano- encontraría una salida en virtud de la situación de excepcionalidad surgida tras la suspensión del Gobierno de la Generalitat a raíz de la proclamación unilateral de independencia. Lo que viene a demostrar que durante mucho tiempo el derecho constitucional a recibir educación en castellano ha sido flagrantemente violentado por el nacionalismo catalán ante la pasividad de los poderes del Estado. Esa es la triste realidad. Que haya que haber esperado a que el Ejecutivo tomara las riendas de la Generalitat para acabar con una situación que supone un agravio y una discriminación lacerantes revela la gravedad del problema.
Bien está que se haga cumplir la ley en Cataluña, pero la pregunta que cabe hacerse es qué pasará cuando deje de estar en vigor el artículo 155 y las competencias en materia educativa vuelvan a manos de las formaciones separatistas. La respuesta debería ser sencilla: en adelante, el Gobierno debería garantizar el cumplimiento sin matices de la Constitución y velar porque se respeten y cumplan las decisiones de los tribunales de justicia. Y como -tristemente- no siempre ha sido así, la duda es cómo obligar al independentismo a cumplir la ley cuando cesen las medidas excepcionales. Porque lo que no puede ser es que miles de familias en Cataluña solo encuentren amparo en situaciones de anormalidad institucional.
EDITORIAL del diario ABC
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