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viernes, 23 de febrero de 2018
Las pensiones acorralan al Gobierno y la oposición da por hecho que las va a subir
El coste de revalorizar las
pensiones con el IPC es de 1.200 millones, pero ¿cuál es el precio para
el Partido Popular de mantenerlas casi congeladas?
Manifestación de pensionistas en Bilbao. (EFE)
La ambiciosa reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno en 2013 le sirvió para presumir que el Partido Popular siempre sube la paga a los jubilados.
La ley obtuvo el respaldo de Bruselas, porque garantizaría la
sostenibilidad del sistema a largo plazo. Sin embargo, cinco años
después, las pensiones pierden poder adquisitivo y el déficit de la Seguridad Social no deja de crecer en términos absolutos. El Gobierno se ha quedado sin argumentos para defender su reforma y se ve acorralado por todos los flancos.
En el Congreso, la oposición está construyendo una mayoría para derogar la reforma de 2013, en la Mesa de pensiones, los sindicatos ya no soportan más desplantes del ministerio y en las calles la tensión es máxima. Miles de jubilados
se lanzaron el jueves a las calles “contra las pensiones de miseria” y
se plantaron ante el Congreso en una movilización que hacía años que no
se veía. La tensión ha llegado a tal nivel que los partidos de la
oposición y los sindicatos se ven con fuerzas para doblegar al Gobierno.
Las conversaciones en los pasillos del Congreso han cambiado en las
últimas semanas: el acuerdo está cada vez más cerca porque el Gobierno
no puede mantener mucho más tiempo las pensiones casi congeladas.
Para el Partido Popular, el coste político
de mantener el índice de revalorización puede ser demasiado doloroso. Y
las últimas encuestas de intención de voto no dan demasiada tregua. En
este contexto, el año 2019 puede ser demasiado largo para el Ejecutivo,
que tendrá que cuadrar el discurso de lo bien que va la recaudación con mantener una subida mínima de la paga a los jubilados.
La oposición, por el contrario, se ha encontrado con el discurso 'en bandeja': "Hay que subir las pensiones a cualquier precio". Para PSOE y Podemos, capitalizar esta postura es apostar al rojo y al negro a la vez. No hay margen de error, porque el debate no se centra en quién tiene que pagarlas, sino en quién va a recibirlas.
Subir las pensiones con el IPC costaría 1.200 millones; los ingresos por cotizaciones crecerán en más de 6.000 millones
El
Gobierno de Rajoy tiene ya muy poco que ganar manteniendo el índice de
revalorización de las pensiones tal y como está. Principalmente, porque
subir las pensiones no es tan caro, unos 1.200 millones. Eso no significa que 1.200 millones no sean dinero, pero teniendo en cuenta que la recaudación por cotizaciones sociales creció en unos 6.500 millones
de euros en 2017, es asumible. También es asumible si se tiene en
cuenta que el pacto con Ciudadanos para rebajar el IRPF a cambio de su
apoyo a los Presupuestos Generales del Estado asciende a 2.000 millones. Eso sí, supondría pagar las pensiones con deuda y dejar el problema al siguiente Gobierno, ya que el déficit no va a desaparecer con estos incrementos del gasto.
El acuerdo está más cerca
A pesar de la acritud de los discursos de los diferentes partidos políticos, la realidad es que el acuerdo en el Pacto de Toledo está hoy más cerca que hace unos meses. La clave está en el entendimiento entre el Gobierno y el PSOE,
y las conversaciones van por el buen camino. En público se mantienen
las posiciones encontradas, pero en privado hay un acuerdo tácito de cerrar unas nuevas recomendaciones esta primavera.
La sensación es que si después de un año y medio de reuniones no consiguen alcanzar un acuerdo, los dos partidos dejarán una imagen de fracaso
que puede ser difícil de levantar. Y los ciudadanos están para pocas
decepciones con las pensiones. En este contexto de buen talante, es
necesario que las dos partes cedan en algún punto para que se cierren
unas recomendaciones de consenso. En las últimas semanas se están
consiguiendo importantes avances en las reuniones que
se realizan a puerta cerrada y, aunque solo se conocen algunos detalles
por las filtraciones de los diferentes portavoces de los partidos, las
sensaciones de todos ellos son positivas.
Cualquier acuerdo que salga del Pacto de Toledo tendrá que incluir la derogación del índice de revalorización introducido en la reforma de 2013 y recuperar la indexación de las pensiones al IPC.
Esta es la principal línea roja del PSOE y su discurso hasta ahora ha
sido muy duro como para que tenga la posibilidad de rectificar. La
mayoría de los partidos de la oposición, los sindicatos y los
pensionistas también defienden este punto, por lo que el Gobierno tiene
pocas alternativas si quiere alcanzar un acuerdo.
El tiempo corre en contra del Partido Popular. Cada mes que pasa, los pensionistas pierden poder adquisitivo,
la deuda de la Seguridad Social sigue creciendo y la tensión en las
calles se incrementa. Por si fuera poco, en 2019 'estallará' la última
medida pendiente de activación de la reforma de 2013, el factor de sostenibilidad.
Este nuevo sistema modifica el cálculo de las pensiones que entran en
el sistema para adaptarlo a la evolución de la esperanza de vida.
Básicamente, lo que hace es introducir un factor corrector en la pensión
inicial que cobrará un trabajador cuando se jubile a medida que la esperanza de vida de su cohorte aumente.
Así, un trabajador que se jubile en 2019 cobrará menos
que uno que se haya jubilado en 2018 y que tenga la misma carrera de
cotización. El factor de sostenibilidad se actualizará cada cinco años y
como la esperanza de vida irá en aumento, el factor corrector de las nuevas pensiones también se incrementará.
El
efecto conjunto del factor de sostenibilidad y el índice de
revalorización sobre las pensiones será notable y podría alcanzar el 40%
en unas décadas. El coste político de estas dos medidas actuando al
mismo tiempo puede ser decisivo para el Partido Popular. Rajoy ya ha pagado el apoyo
del PNV, de los partidos canarios y de Ciudadanos a sus Presupuestos y
está dispuesto a volver a hacerlo para 2018 y 2019, por lo que la
oposición ya no duda de que también pagará los 1.200 millones que cuesta revalorizar las pensiones con el IPC y así devolverá la calma a las calles.
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